Prestadores de discapacidad marcharon en reclamo a Milei

“Uff, creo que fue más una descarga que otra cosa, pero es mucha la angustia que se siente”, dijo Mirta Portalez apenas los micrófonos se retiraron y las cámaras dejaron de enfocarla. Recién terminaba de hablar con los medios como una de las voces referentes de quienes prestan servicio a personas con discapacidad en Santa Rosa y se preparaba para la marcha que se realizó alrededor de la plaza San Martín para reclamar por las deudas de meses que acumula el gobierno nacional de Javier Milei. “Son crueles, no quieren a las personas. No quieren a la Argentina”, dijo la titular del centro educativo terapéutico Solar.

 

“En nuestro caso nos adeudan 100 millones de pesos. Hoy no sé si en mayo abro las puertas”, remarcó Portalez al revelar las dificultades para poder desarrollar las tareas diarias en su centro terapéutico de la calle Pasteur.

 

En la plaza se juntaron distintos prestadores con personas con discapacidad y sus familias. El punto de encuentro fue sobre la calle Coronel Gil, frente a la Universidad, y luego dieron la vuelta a la plaza. No sólo reclamaron por las deudas sino también por el proyecto de ley que la Casa Rosada, a través del ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Congreso para modificar la Ley de

 

Discapacidad.

 

“Lo que quieren con este proyecto en la Cámara es desarmar el nomenclador y eso es terrible. En la actualidad todos cobramos lo mismo, es decir que todas las prestaciones tienen un valor que lo determina el Estado, ya sea para las obras sociales, las prepagas, las provinciales, las obras sociales sindicales, o nacionales. En estos casos, el Estado paga lo mismo y garantiza la igualdad de derechos. Cualquier chico, sea pensionado, o tenga prepaga, o la obra social de empresarios, nosotros cobramos lo mismo y esa es la base de la Ley 24901. Es decir, la igualdad de derechos. Pero ahora también quieren romper eso, la igualdad de derechos”, lamentó Portalez.

 

Y agregó: “este gobierno parece convencido de que tiene que atacarnos por todos lados: a los prestadores y a las personas con discapacidad, que son los beneficiarios. Es un gobierno cruel, cruel con jubilados, cruel con los discapacitados, con las personas en general. Este Presidente odia, nos odia a las personas, no quiere a la Argentina. Ellos están en hacer plata, en las financieras, en eso. Ese es su interés. Ellos hicieron un verso para ganar las elecciones, que eran mejores moralmente, y luego mostraron lo que son, no les interesamos en lo más mínimo”.

 

Portalez, además, criticó a las y los legisladores pampeanos nacionales que votan en favor de las políticas de la gestión libertaria. ¿Qué vamos a decir de (Martín) Maquieyra, de (Martín) Ardohain? ¿O de los liberales y de los radicales?, no tenemos apoyo de ellos, solamente nos apoyan los de Unión por la Patria”.

 

Deuda.

 

La titular de Solar, en tanto, afirmó que los prestadores de servicios tienen una desactualización del 50% en los montos y que “por ley deberían aumentar mes a mes, de acuerdo a la inflación, la real, no la dibujada, pero eso no pasa. En mi caso me deben cerca de 100 millones de pesos. Siempre hubo un atraso, que tiene que ver con la movida administrativa, con lo burocrático, que va de 60 a 90 días. Siempre cobramos a los 70 o 90 días como mucho, pero no a los 150 días, como es ahora. Además, los montos son muy altos”.

 

Y luego añadió: “Estamos sufriendo, ya no sé si abro en mayo. Si no tengo garantizado que le puedo pagar a la gente, no sé si abro... No sé qué decir, no sé qué hacer. Estoy esperando, día a día, que algo paguen”.

 

Sin reacción.

 

Portalez también lamentó la poca reacción social ante los embates del gobierno libertario en distintos ámbitos como discapacidad, jubilados y pensionados, salud, educación, ciencia.

 

“Pasaron muchos años desde 1976, que fue cuando empezó un plan para matar a quienes pensaban distinto. Esto viene desde aquella época. Bien lo decía Hebe de Bonafini, esto es un plan sistemático. Cincuenta años después se minó el espíritu de la gente más luchadora y militante. Eso se fue diezmando y en Argentina, hoy, está lleno de gente que no piensa, que opina por opinar, que no lee, que no sabe lo que pasa realmente en el país. Hay mucha ignorancia política”, apuntó.

 

En la charla con los medios a Portalez se le preguntó por el muy cuestionado jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, cuando presentó la radiografía de un perro para solicitar una pensión por invalidez y justificar así el brutal ajuste en el presupuesto.

 

“Eso es un espanto. Eso fue mentira y en alguna gente quedó instalado, pero es mentira, si se presenta una radiografía, es revisada por una Junta Evaluadora de tres o cuatro profesionales. No es todo así nomás, pero lo instalan en la sociedad y después no lo podés sacar”, se quejó.

 

“Ahora están instalando que hay un montón de discapacitados truchos. ¿Dónde están?; ¿Cuáles son los discapacitados truchos?; ¿Sos diabético?, ¿Te tocó la mala suerte de nacer con un síndrome genético? ¿Esos son? Eso es indignante y la sociedad, la gente que repite eso, es más indignante todavía”, aseveró Portalez.

 

“Profunda preocupación”.

 

La Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Patria, manifestó una “profunda preocupación” ante el proyecto de “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, que está en tratamiento en el Congreso de la Nación.

 

“Si bien reconocemos la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la asignación de recursos públicos, advertimos que las modificaciones propuestas implican un cambio sustantivo en el enfoque de las políticas de discapacidad, desplazando el paradigma de derechos hacia una lógica de restricción, fiscalización y condicionamiento del acceso a prestaciones esenciales”, indicaron.

 

En esa línea, señalaron que el proyecto introduce medidas tales como auditorías masivas, reempadronamientos obligatorios y la incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal. “Esto puede generar efectos regresivos sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad, particularmente en los sectores más vulnerables. Estas disposiciones corren el riesgo de traducirse en la suspensión o pérdida de beneficios por razones administrativas, más que por la inexistencia de una situación de discapacidad”, subrayaron.

 

Asimismo, indicaron que “la descentralización del financiamiento y la redefinición del concepto de universalidad pueden profundizar las desigualdades territoriales, afectando el acceso equitativo a prestaciones de salud, rehabilitación e inclusión social”.