“La adopción cayó drásticamente”
En la comisión de Legislación Social, presidida por Laura Trapaglia, el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca ofreció algunos datos preocupantes.
Indicó que “la adopción ha caído drásticamente" debido a cambios demográficos y avances en técnicas de fertilidad. "Hoy vemos cada vez menos interesados en adoptar, lo que genera un número creciente de niños que quedan bajo la tutela del Estado", afirmó.
Pidió repensar nuevas estrategias de adopción y figuras de acompañamiento para niños sin posibilidad de ser adoptados. "Debemos avanzar en estructuras afectivas que les brinden contención, aún sin ejercer la responsabilidad parental directa", completó.
Auditoría.
En la Legislatura se está tratando el proyecto que solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los medios para llevar a cabo una auditoría externa de los programas nacionales que se aplican en niñez, discapacidad y adultos mayores.
Meaca explicó que “lo que es política pública de infancia y adolescencia que básicamente siempre ha sido una política centralizada", y que las provincias aplican programas definidos a nivel nacional, con algunas jurisdicciones complementándolos según sus necesidades.
Ampliación de la AUH.
Destacó que las políticas más universales en materia de infancia en Argentina son la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. "Estos dos programas en algún momento, sobre todo con la Asignación Universal, han logrado una cobertura casi total en la infancia y la adolescencia", afirmó. Según el Defensor, Unicef ha identificado la asignación como una herramienta clave para reducir la indigencia infantil: "Destinando un punto del Producto Bruto Interno, se podría sacar a todos los niños de la situación de indigencia".
Amplió señalando la importancia de la reciente ampliación de la AUH para adolescentes de 16 y 17 años y la necesidad de que el monto de la asignación se actualice en función de la inflación.
Indice de crianza.
Otro de los ejes abordados fue la implementación del "índice de crianza", un indicador que permite estimar el costo real de manutención de un niño. "Este índice, que es actualizado constantemente por el Indec, se usa hoy para calcular alimentos en procesos judiciales", explicó Meaca. Distinguió que en La Pampa se trabaja en la incorporación de un índice de crianza provincial que refleje mejor la realidad económica local.
Alertó en su exposición por el desmantelamiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), lo que afecta la continuidad de programas fundamentales. En este sentido, mencionó el desfinanciamiento del servicio 102 y la paralización de la implementación de la Ley Lucio por falta de definición de contenidos mínimos por parte del Estado Nacional.
Acceso a medicamentos.
Destacó Meaca los amparos presentados por la Defensoría para garantizar derechos vulnerados, incluyendo el acceso a medicamentos oncológicos y alimentos para niños en situación de vulnerabilidad. "Se han ganado casi todos estos amparos judiciales, pero la complejidad radica en cómo garantizar su cumplimiento", puntualizó.
Meaca también se refirió al impacto del desmantelamiento de programas nacionales en la búsqueda de menores desaparecidos. "La Senaf contaba con equipos técnicos en cada provincia que monitoreaban programas sociales clave, como el de trata y búsqueda de chicos. Esos equipos ya no existen", alertó. Precisó que “faltan 1.400 chicos en la Argentina y la desaparición de estos equipos agrava la problemática".
Otros temas.
Otro eje de su exposición fue la situación de niños nacidos en unidades penitenciarias y la necesidad de garantizar su bienestar fuera del sistema de privación de libertad. "Cuando asumí, había dos bebés en la Unidad 13. Lo consideré ilegal y sigo sosteniendo que es ilegal que haya niños dentro de los sistemas de privación de libertad", afirmó. Desde entonces, la Defensoría trabaja para garantizar la prisión domiciliaria a madres con hijos pequeños y hacer un seguimiento de sus familias.
Hizo mención el funcionario al impacto del reciente decreto que restringe tratamientos hormonales para niños y adolescentes trans, calificándolo como "altamente discriminatorio. No fue contra la generalidad, sino contra un actor específico, lo que vulnera todos los principios convencionales, constitucionales y de derechos humanos", concluyó.
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