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Jueves 22 de enero 2026

“La última palabra la tiene la Justicia”

Redacción 22/01/2026 - 00.20.hs

El director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Santa Rosa, Maximiliano Cheli, explicó que Clarín puede iniciar acciones en la Justicia si el intendente Luciano di Nápoli no acepta que continúen con el cableado ilegal. El multimedios “se siente más cómodo en la Justicia Federal”, afirmó el abogado. Mientras tanto, la comuna puede seguir retirando los postes colocados en los distintos barrios capitalinos.

 

La Municipalidad y Clarín dirimen el conflicto del cableado ilegal por las vías administrativas. La empresa presentó un recurso ante el acta administrativo que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos había emitido, donde se había solicitado el cese de los trabajos y las multas correspondientes. “Ellos interpusieron un recurso de reconsideración y es lo que el municipio rechazó”, explicó el director municipal Maximiliano Cheli.

 

En diálogo con Radio Noticias, informó que ahora la empresa puede ampliar los fundamentos del recurso presentado en el plazo de cinco días. “Eso vence la semana que viene”, acotó Cheli y mencionó que la pelota pasará al intendente Luciano di Nápoli, quien tendrá 30 días para responder el recurso. “Esa sería la última medida administrativa que puede tomar el municipio”, señaló.

 

Como los permisos los tendrían denegados, la empresa puede recurrir a la Justicia. “Obviamente que entienden que los tribunales competentes son los federales”, aseguró el director de Asuntos Jurídicos.

 

- Pero en una primera instancia reconocen que la autoridad es el municipio…

 

- Ellos primero piden una autorización para realizar ciertas obras, como ampliar o mejorar la red que tienen. En ese primer paso están admitiendo que el municipio tiene potestad. Ellos ahora tratan de encubrir diciendo que avisaron a modo de cooperación. Son argumentos jurídicos que tiene la empresa, pero siempre se sometieron a la ordenanza de 1999. Ya han hecho otras intervenciones en la vía pública, no de esta envergadura, y siempre pidieron autorización. Es decir que se someten al control del municipio.

 

- Si deciden ir a la Justicia, ¿a cuál irán? ¿A la Justicia ordinaria o la Federal?

 

- No sé qué van a hacer, pero ellos apuntan a la Justicia Federal. En otros casos también han presentado medidas en los tribunales contenciosos administrativos federales, pero de Capital Federal, porque la autoridad de aplicación es el Enacom y como tienen domicilio allá, pretenden hacerlo en esa jurisdicción. Ya lo han hecho en otros lugares, todo depende de qué se esté debatiendo. En este caso, se debate si pueden o no colocar postes.

 

- Mientras la cuestión jurídica o técnica se dirime no pueden poner postes ni prestar el servicio...

 

- No deberían hacer ninguna de las dos cosas. Según ellos, pueden poner un poste arriba del caballo de San Martín en la plaza porque están autorizados por el Gobierno nacional. Lo planteo de manera burda para que se entienda cómo es su pensamiento.

 

- ¿Su accionar se puede encuadrar como un delito penal o una contravención?

 

- Por ahora estamos en una cuestión administrativa. Yo la parte penal no la veo porque, además, están interponiendo recursos legales, no se quedaron callados. Si hay alguna situación anormal, que surge a raíz de la colocación de un poste y hay personas afectadas, se podría hacer una denuncia penal. Luego serían los fiscales quienes evalúen si hay un delito o si es una cuestión administrativa o civil.

 

- ¿La CPE o el municipio podrían ir a la Justicia?

 

- Yo, particularmente, no lo veo de esa forma. Quizás los abogados de la cooperativa piensen que pueden hacerlo, pero tienen que tener alguna afectación particular específica para reclamar eso. Quizás una cuestión civil o un amparo pueden interponer, como ya lo han dicho en otras cuestiones. Para una cuestión penal tiene que haber algún afectado.

 

- ¿Pagan las multas que se les impusieron?

 

- Las multas están suspendidas hasta que se defina la cuestión de fondo. Está condicionada por el acto administrativo de la Secretaría de Obras hasta que ya no pueda ser recurrido. Pero esto que está pasando ya ha sucedido en otros lugares del país. No vamos a tapar el sol con las manos. Es su forma de actuar. La última palabra la tiene la Justicia y ellos se sienten más cómodos en la Justicia Federal.

 

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