La verdadera discusión sobre la morosidad

Cada vez que la economía atraviesa períodos de tensión aparece una tendencia recurrente: buscar explicaciones simples para fenómenos complejos. La reciente discusión sobre el aumento de la morosidad de familias y empresas es un buen ejemplo de ello.
Los datos muestran que la mora creció. Nadie debería discutirlo. Sería tan equivocado negarlo como ignorar el impacto que tuvieron la inflación acumulada, la pérdida de ingresos reales, la caída de la actividad y las dificultades que atravesaron numerosos sectores productivos durante los últimos años.
Pero también sería un error analizar ese dato de manera aislada.
Cuando se observan los indicadores financieros de La Pampa en comparación con otras provincias argentinas surge una realidad menos lineal que la que suele aparecer en los titulares. A pesar del contexto económico nacional, la provincia continúa mostrando niveles de mora, inclusión financiera y calidad crediticia que la ubican entre las jurisdicciones con mejores desempeños relativos del país.
La pregunta entonces no debería ser únicamente cuánto aumentó la mora. La verdadera pregunta es qué políticas permitieron que el deterioro fuera menor al observado en otros lugares.
En ese punto resulta inevitable analizar el papel que desempeña el Banco de La Pampa dentro de la economía provincial.
A diferencia de una entidad financiera privada cuyo objetivo principal es maximizar rentabilidad, un banco público provincial debe administrar una ecuación mucho más compleja. Debe ser prudente, preservar su solvencia y cuidar los recursos que administra. Pero al mismo tiempo debe sostener el crédito, acompañar a las empresas, promover el comercio local y garantizar inclusión financiera incluso donde la rentabilidad no justificaría la presencia de un banco.
Esa decisión tiene costos, pero también genera beneficios que muchas veces no aparecen en las estadísticas tradicionales.
Durante los últimos años, el Banco de La Pampa sostuvo programas de promoción del consumo, financiamiento productivo, asistencia a comercios y expansión crediticia en un contexto económico particularmente desafiante. Miles de familias accedieron a financiamiento. Miles de comercios pudieron sostener ventas. Empresas de distintos sectores continuaron encontrando herramientas para financiar capital de trabajo e inversiones.
Naturalmente, cuando una entidad asume un rol activo en la economía real, también asume mayores riesgos. Sería difícil esperar que una cartera de préstamos que se expandió fuertemente en pocos años no registrara algún impacto en sus indicadores de mora. Lo relevante no es la existencia de ese fenómeno, sino la capacidad para administrarlo sin comprometer la salud financiera de la institución.
Y es precisamente allí donde suele omitirse una parte importante de la historia.

Alternativas.
Frente a las dificultades de pago observadas en determinados segmentos de clientes, el Banco de La Pampa viene desarrollando desde hace tiempo mecanismos de refinanciación y reestructuración de pasivos para individuos y empresas, ofreciendo alternativas de hasta 48 meses de plazo y condiciones financieras altamente competitivas para este tipo de operatorias.
Se trata de una política que forma parte de las prácticas habituales de administración crediticia y que busca compatibilizar la asistencia a los clientes con la preservación de la solvencia y sostenibilidad de la entidad.
La evidencia muestra que los procesos de recuperación financiera no se construyen mediante soluciones mágicas ni a través de medidas que terminan generando incentivos al incumplimiento. Se construyen ayudando a las personas y a las empresas a recuperar capacidad de pago, preservando al mismo tiempo la sustentabilidad de quien financia.
Por eso, cuando se analizan las herramientas disponibles para acompañar a los sectores que enfrentan dificultades financieras, conviene reconocer que gran parte de esos instrumentos ya forman parte de la política crediticia que la entidad viene desarrollando desde hace varios años. La refinanciación, la extensión de plazos y los esquemas de reestructuración no constituyen medidas excepcionales, sino instrumentos habituales de administración prudente del riesgo.

Herramientas.
Nada de esto implica desconocer la existencia del problema. La mora merece atención, monitoreo y nuevas herramientas cuando las circunstancias lo exijan. Tampoco significa sostener que toda política implementada haya sido perfecta.
Significa algo más sencillo: entender que el desempeño de un banco público debe evaluarse por el conjunto de sus resultados y no por un único indicador.
La capacidad de financiar producción, sostener consumo, acompañar empresas, llegar a localidades donde otros no llegan y ofrecer alternativas cuando aparecen dificultades forma parte de esa evaluación.
Porque, en definitiva, la fortaleza de una entidad financiera no se mide solamente cuando todo marcha bien. También se mide por su capacidad para seguir acompañando a la economía real cuando el contexto se vuelve más complejo.
Y quizás allí radique la discusión que verdaderamente importa. No en si existe mora -porque existe y debe ser gestionada-, sino en qué instituciones están dispuestas a asumir el desafío de administrarla sin dejar de financiar el desarrollo económico de la provincia.

Juan José Reyes
Economista