Licitaciones de rutas: La Pampa advierte por “estado de emergencia”

El anuncio de la privatización de rutas nacionales en todo el país y la posterior disolución de la empresa pública Corredores Viales SA, despertó varias preguntas. El ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, advirtió sobre el deterioro de las rutas y el mantenimiento hasta que se adjudiquen las licitaciones, proceso administrativo que no suele ser rápido.

En diálogo con LA ARENA, Intronati afirmó que una de las incógnitas sobre el anuncio es “qué sucederá con el resto de las rutas que no tienen concesión”. Recordó que “desde que asumió este Gobierno nacional, la desinversión no ha sido sólo en las rutas nacionales, sino en general para la obra pública, que es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado”. Sostuvo que debería crear infraestructuras esenciales para la sociedad, que “no las realiza ningún capital privado al no ser económicamente rentables para la inversión, como por ejemplo los sistemas de redes cloacales, agua potable, la construcción de un hospital público, una escuela o viviendas sociales”.

Por otro lado, “la obra pública es una fuente generadora de empleo genuino y motor económico para comercios afines a la construcción y servicios, por lo que la carencia de fondos provoca todo un perjuicio en la sociedad en general”.

Falta de presupuesto.

El ministro hizo hincapié en el serio problema que enfrentan las rutas nacionales por la falta de presupuesto para su conservación y mantenimiento porque “atenta directamente en quienes circulan influyendo negativamente en el circuito productivo, económico y de seguridad ciudadana como así también en las actividades turísticas, recreativas, sociales o culturales que desarrollan las personas”.

“El no mantenimiento de las rutas nacionales saca a las mismas de su función principal que es la de integrar a la sociedad y colaborar con el desarrollo, con el agravante de poner en riesgo la vida de quienes inevitablemente deben usar estos corredores por diferentes motivos”, agregó. Sostuvo que la actitud de la gestión de Milei “es un despropósito” porque “el dinero para su conservación o ampliación entra a las arcas de Nación a través del impuesto a los combustibles que se descuenta automáticamente cada vez que cargamos en una estación de servicio”.

En contrapartida, destacó que “el Gobierno provincial siempre apoyó la sinergia Estado y sector privado, hay varias acciones de estas características que se llevan a cabo en nuestro territorio”.

Unión entre provincias.

Intronati afirmó que con la privatización “se abren interrogantes porque desconocemos cómo planea estas acciones que no son inmediatas y durante el proceso de transición los corredores viales se van deteriorando”.

“Desde las provincias nos tendremos que poner a pensar qué actitud tomar, dialogar con las otras provincias sobre este tema puntual porque esta determinación de abandono absoluto nos puede llevar a un estado de emergencia”, planteó el funcionario y agregó: “Estamos ante una situación seria que pone en jaque a todo el territorio nacional porque la vía pública, en este caso las rutas, son el medio de comunicación de millones de personas. Se está comenzando a notar en el aspecto estructural de las rutas y sus correspondientes banquinas el deterioro de la cinta asfáltica, los pozos, la falta de señalización horizontal, la carencia del señalamiento vertical y los pastizales que no dejan determinar el estado de las banquinas”.

“Nosotros tenemos los claros ejemplos de las rutas nacionales 5 y 35. La primera está concesionada por Corredores Viales, en la que se ve y manifiesta el incumplimiento que está teniendo el Gobierno nacional, quien debía actuar como regulador y contratar las acciones, es un corredor de alta circulación por ser el nexo con Buenos Aires. Ellos eran los encargados de mantener no solo la estructura vial, sino también las banquinas y no lo han hecho. El Estado nacional más allá de la concesión que tenga una ruta no pierde la responsabilidad, ya que debe hacer cumplir las normativas existentes. En cuanto a la ruta 35 es el vínculo de integración de las provincias del norte con Bahía Blanca, atraviesa a toda La Pampa y existe el impuesto a los combustibles para su mantenimiento, cosa que tampoco sucedió”, desarrolló.

Por último, Intronati está en conocimiento que “el personal del Distrito 21 de Vialidad Nacional con funciones en la provincia aún sin recursos económicos, hace grandes esfuerzos. Pese a las limitaciones trabajan en la ruta 35 y en otras rutas nacionales que no están concesionadas en el mantenimiento de las banquinas. Debemos ser solidarios con estos trabajadores que ante las malas condiciones laborales ponen la mejor voluntad en sus funciones”, completó.