Malversación en Catriló: el fiscal pidió una pericia contable

La Justicia ordenó una pericia contable para determinar qué ocurrió con los cinco millones de pesos que la gestión anterior del municipio de Catriló no usó para el fin específico que debía darles. Se trata de la investigación por el delito de malversación de caudales públicos que se sigue en los tribunales santarroseños contra el ex intendente Ricardo Delfino y la ex secretaria tesorera Fernanda Ochoa.

“En 2023 recibieron desde la Secretaría de Asuntos Municipales de la provincia dos transferencias de 5 millones de pesos cada una por aportes no reintegrables para la construcción de un tendido eléctrico en Catriló. El dinero fue a la cuenta corriente que la comuna de Catriló tiene en el Banco de La Pampa, pero el tendido no se hizo”, explicó a este diario el fiscal general Guillermo Sancho, quien lleva adelante la investigación.

El funcionario judicial explicó que una de las transferencias, por 5 millones, fue devuelta desde el municipio a las arcas provinciales, pero no los otros cinco. La irregularidad fue detectada por las autoridades que sucedieron a Delfino, la actual intendenta Graciela López, quien radicó la denuncia que derivó en la investigación actual.

La acusación fue formalizada a Delfino y Ochoa hace dos semanas. El fiscal quiso tomarles declaración en carácter de acusados pero ambos se negaron, haciendo uso de una potestad legal. Ayer, la Justicia llevó a cabo una nueva audiencia donde el fiscal Sancho pidió que se realice una pericia contable, algo a lo cual accedió el juez Carlos Chapalcaz, a cargo del caso.

Desde el Ministerio Público Fiscal creen que esta medida de prueba será la última antes de la elevación del caso a juicio ya que el resto del material probatorio está en los balances que se secuestraron en su momento, que van desde el mes de junio al mes de diciembre de 2023, período en el que se giraron los fondos a Catriló.

“La pena para un delito como el que se está investigando es de inhabilitación para ocupar cargos públicos”, dijo Sancho. La Justicia cree que los fondos fueron utilizados por el mismo municipio para otro fin que no era el específico para el cuál se los habían girado el área de Asuntos Municipales del gobierno provincial.