Más pruebas acorralan al gobierno

Desde hace meses la Justicia neuquina investiga una megaestafa producida a través del otorgamiento de planes sociales. En medio del silencio oficial, por parte del gobierno provincial, surgen documentos clasificados que demuestran que la maniobra es mucho más grande e involucra a muchas más personas de lo que se pensaba al comienzo.

 

El diario Río Negro accedió a un informe de diez páginas con la marca de agua "Confidencial" que elaboró el Departamento Prevención de Fraudes del Banco Provincia de Neuquén el 19 de agosto último, cuando ya había estallado el escándalo de la estafa con planes sociales. Incluye cifras, nombres, fotografías, y entre sus muchas revelaciones, se destaca un dato sorprendente: el universo de tarjetas de débito utilizadas para la maniobra no fueron 197, como se venía informando, sino 334, y hay 71 más presuntamente involucradas.

 

También señala que las tarjetas "se encontrarían asociadas a cuentas que poseen subsidios", algo que ya confirmó la fiscalía a cargo de la investigación. La mayoría fueron impresas y entregadas en el año 2021.

 

El documento, al que accedió el diario colega, demuestra que la maniobra es mucho mayor de lo que se conocía hasta ahora.

 

Según el fiscal a cargo de la investigación, Pablo Vignaroli, se están investigando 197 beneficiarios de planes sociales a quienes otras personas les hacían los retiros de dinero de cajeros automáticos del Banco Provincia de Neuquén.

 

Presuntamente, los beneficiarios creían que cobraban $8.000, y en realidad les depositaban $49.000. Quienes hacían la extracción se quedaban con la diferencia, cuyo destino final por ahora es una incógnita aunque se sospecha que es una caja inconfesable destinada a financiar la política oficial. El monto de la defraudación, cometida teóricamente entre 2020 y 2022, es de 123 millones de pesos. Pero el período podría ser más amplio, y el monto muy superior.

 

Gobierno comprometido.

 

Mientras el escándalo crece y todos los días aparecen pruebas que comprometen más al Gobierno, desde el Ejecutivo sólo hay silencio. Ayer le pidieron una definición al vicegobernador Marcos Koopmann, quien se limitó a expresar su respeto por la investigación judicial.

 

Koopmann recordó, que fue presidente del Banco -al igual que el gobernador Omar Gutiérrez- y dijo que "trabajamos por el saneamiento del BPN. Lo logramos convertir de la mejor auditoría de los bancos de la Argentina y eso muestra también la diferencia de lo que nosotros hacemos y lo que hacemos bien y lo que hacemos mal".

 

Antes había sido otro veterano dirigente, el petrolero Guillermo Pereyra, quien pidió la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca. El gobernador respondió paseándose con su colaborador en un acto de inauguración del pavimento de una calle. Pereyra redireccionó entonces su ataque hacia el concejal Claudio Domínguez, quien lo amenazó con una querella.

 

Lenta oposición.

 

La oposición, que hasta ahora se ha mostrado lenta de reflejos, empieza a despertar. Ayer la diputada Soledad Martínez (FdT) dijo a la FM Capital que "el silencio del gobernador y del ministro es escandaloso", y pidió que se determinen las responsabilidades políticas que la fiscalía no va a investigar.

 

"¿Quién autoriza que los planes sean de 50 mil pesos? Eso la justicia no lo va a investigar", afirmó. "La cadena de responsabilidades va más allá de estos perejiles", agregó, en alusión a los empleados allanados.

 

También opinó que "una medida seria hubiera sido desvincular a la cabeza del ministerio de Desarrollo Social".

 

Tres funcionarios de esa cartera fueron allanados: Ricardo Soiza, director general de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, director de Fiscalización, y Marcos Ariel Osuna, del departamento Gestión de Programas. Algunos ya designaron abogado defensor. Según las fuentes consultadas, ninguno de ellos tenía facultades para elevar un subsidio de 8.000 pesos a 49.000.

 

Tres funcionarios investigados.

 

El 5 de agosto pasado, el Banco Provincia de Neuquén emitió un primer informe interno a partir de la denuncia de un beneficiario de planes sociales que encontró su cuenta vacía. Al 26 de julio la auditoría interna había identificado 198 tarjetas de débito que fueron utilizadas por personas que no son el titular de la cuenta.

 

Al 18 de agosto se llevaban detectadas otras 136 tarjetas utilizadas por personas distintas al titular de la cuenta. A la misma fecha, se mantienen bajo investigación 71 tarjetas de débito más que fueron potencialmente utilizadas para cometer la maniobra. Las personas involucradas en las extracciones por cajero automático serían al menos 14, y no 8 como se venía informando hasta ahora. Hay al menos tres funcionarios investigados.

 

Además de las tarjetas de débito ajenas, los y las sospechosas aprovechaban para retirar dinero de sus cuentas personales. Eso ayudó a identificarlos.

 

La mayoría de las y los que realizaban las extracciones pertenecen a la planta política del Ministerio de Desarrollo Social; una sola persona depende de otro organismo. Ningún funcionario del ministerio ha sido separado de su cargo hasta el momento.