“No es nada decoroso lo que hizo”

Jimena de la Torre votó a favor del dictamen acusatorio contra el juez federal Pablo Díaz Lacava en el proceso que llevó adelante el Consejo de la Magistratura. Cabe recordar que, posteriormente, el Jurado de Enjuiciamiento, si bien dio por acreditados los hechos que denunciaron funcionarios y empleados judiciales, decidió no removerlo del cargo por considerar que los episodios no revestían la gravedad suficiente para apartarlo del cargo.

De la Torre integra el Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados de la matrícula. Días atrás estuvo en Santa Rosa en su rol de titular de la Escuela Nacional de Dirigentes del PRO, pues brindó una charla denominada “Posicionamiento estratégico y comunicación partidaria” en la sede del PRO La Pampa, en la avenida Luro de esta capital provincial. Junto a ella estuvo como expositor Fernando de Andreis, secretario general de ese partido.

De la Torre aseguró que el cuerpo que integra está impedido por ley de suspender en sus funciones a los jueces que son sometidos a procesos de juicio político, lo cual genera situaciones anómalas como la ocurrida con Díaz Lacava. “Corrés el riesgo de que suceda lo que acaba de pasar. Vos tenés un juez que tiene una causa penal, donde ya hay un procesamiento firme, pero mientras evaluamos su conducta, tampoco lo podíamos suspender preventivamente en el cargo. Entonces, tenías una orden judicial que le impedía ingresar, pero en realidad él seguía ejerciendo como juez, tenía capacidad de firma. Es bastante disparatado”, afirmó.

Sin instrumentos.

La consejera realizó un paralelismo con el caso de la ahora ex jueza de la provincia de Buenos Aires Julieta Makintach, quien fue sometida a un proceso similar por su actuación en el caso de la muerte de Diego Maradona. “Lo que vimos ahí es que el Consejo de la Magistratura bonaerense sí tiene una herramienta legal en donde rápidamente la apartaron preventivamente para luego iniciar la evaluación de mérito respecto de un eventual juicio político, luego se inició el juicio político y finalmente se la termina removiendo. Pero lo primero que se hizo fue apartarla preventivamente”, mencionó.

“Esa figura del apartamento preventivo que contiene la ley de la provincia de Buenos Aires y otras normas provinciales no la tiene el Consejo de la Magistratura y es algo que venimos hablando con varios legisladores nacionales porque le estamos pidiendo que esa suspensión preventiva se incorpore a la ley del Consejo de la Magistratura porque te pasan estas cosas”, añadió.

“Con Díaz Lacava avanzamos en la investigación, producimos prueba, citamos testigos, se escucharon los testimonios, se merituó todo lo que rodeaba la causa y finalmente entonces se forma la convicción adentro del Consejo de la Magistratura que era de iniciar un juicio político, se juntan los votos, los dos tercios necesarios para esto y se eleva a juicio político. Y ahí el jurado reconoce que los hechos habían sucedido, y si bien no desconoce estos hechos, considera que no son de gravedad tal como para removerlo. Yo me pregunto: si un juez revolea una piedra hacia sus secretarios, hacia el interior del propio edificio con el riesgo de romper algo -incluso ni siquiera digo de lastimar, que podría haber ocurrido-, de dañar bienes del propio Poder Judicial ¿eso no es suficiente para acreditar que perdió su idoneidad moral? Todos los estándares internacionales nos hablan de que el juez debe ser y parecer en su función y que debe mantener condiciones de decoro. Yo no veo muy decoroso un juez que revoleá piedras. No veo que eso sea muy decoroso que digamos. Ahora, lo peor de esto es que te quedás en una situación binaria, porque como no podemos habilitar el juicio político, ni siquiera le aplicamos una sanción”, afirmó

-¿Las restricciones de acercamiento van a evitar el contacto de Díaz Lacava con los denunciantes?

-Es que ahora el problema es más grave, porque ahora que ellos se animaron a denunciar y que le pusieron el cuerpo, se encuentran con una situación mucho más compleja que la anterior, porque ahora tienen un juez reivindicado, que vuelve a a su juzgado y por más perimetral que tenga, él vuelve a recuperar condiciones como para seguir ejerciendo presión sobre esos funcionarios.

-Vuelve a ser su superior jerárquico.

-Y sí. La verdad es que uno lee el contenido de esa sentencia del jury y no termina de entender cómo lo plantean. De hecho está el caso del juez (federal Alfredo) López, en Mar del Plata, quien por expresiones en redes sociales, expresiones de odio, antisemitas, absolutamente repudiables, ese mismo jurado sí entendió que era susceptible de ser removido, pero acá, un juez que revolea una piedra, que maltrata a sus empleados, que tiene al personal prácticamente paralizado por temor, eso resulta que no. La verdad que no se termina de entender qué pasó. Yo creo que lo que debe haber pasado ahí es una situación mucho más de tipo política que de un análisis realmente jurídico de fondo.

-¿Cuando decís político a qué apuntás?

-Alguna protección que haya obtenido Díaz Lacava para mantenerse en su su rol. No sé, protección por parte de quién, no te lo puedo decir, pero es llamativo.

-¿Crees que el Jurado pudo haber sido permeable a presiones externas?

-No sé. La defensa corporativa de los jueces es fuerte y es potente. Ese tipo de defensas corporativas estamos muy acostumbrados a verlas adentro del Consejo de la Magistratura, son muy nocivas, muy tóxicas. Yo no sé si ese mismo tipo de presiones, no se replican en el Jurado de Enjuiciamiento, desconozco.

-Supongamos que avanza la causa penal contra Díaz Lacava y ese procesamiento que hoy tiene se convierte en una condena. ¿Qué pasa?-Continúa teniendo fueros, con lo cual, supongamos que lo declaran culpable y finalmente tiene una condena por delante para cumplir, no vas a poder ejecutar esa condena hasta que no le saques los fueros a través de un jury. Con lo cual vas a tener que iniciar el proceso otra vez.

La UEJN insistirá en la remoción.

Rocío Herrera, secretaria de Protección Individual al Trabajador de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), una de las partes denunciantes ante el Consejo de la Magistratura en el caso del juez Pablo Díaz Lacava, afirmó que ya solicitaron la reconsideración de la resolución que ordenó restituir al magistrado en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.

“Pedimos la reconsideración”, sostuvo. Además anticipó la voluntad del gremio de acudir en forma extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso a organismos internacionales. “Nos parece muy grave que hechos como los que se cometieron queden impunes”, dijo Herrera en diálogo con Radio Noticias 99.5.

El argumento del jurado fue que la denuncia estuvo mal encuadrada porque se trataban en todo caso de un problema laboral, no penal. “Creemos que la interpretación que hizo el jurado de enjuiciamiento careció de todo criterio jurídico. Dio la sensación de que quienes se sentaron a resolver no conocen de derecho. En Argentina está vigente el convenio 190 de la OIT que sanciona el maltrato y el acoso en el ámbito laboral”, sostuvo.

Y añadió: “Todas las conductas que se acreditaron en el expediente, fueron realizadas en el ámbito laboral, no son conflictos laborales, que los hay en todas las oficinas, por discrepancias referidas a cuestiones organizativas o de criterio en el trabajo, pero esos conflictos no tienen porqué convertirse en malos tratos o acoso laboral. Si alguien considera que el hecho de que tu jefe te revolee una piedra es un simple conflicto laboral, me parece que retrocedimos en materia de derechos y de dignidad en Argentina de manera escandalosa”.