Para Alpa, provincializar las universidades "es un retroceso"

El gobierno nacional ya trabaja en un proyecto para que cada provincia se haga cargo de las universidades, en medio del conflicto que Javier Milei sostiene con el sistema universitario por el recorte de fondos y a días de la marcha convocada contra el anunciado veto presidencial al financiamiento universitario.

En principio, la idea de la Casa Rosada es girar fondos mínimos de la Nación y que el resto dependa de cada provincia. Si bien entienden que la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad serán las más perjudicadas, en el gobierno libertario proponen que las universidades comiencen a cobrar un arancel.

"Por supuesto que no hay ninguna confirmación del gobierno, pero si así fuera es retroceder, en el caso de la UNLPam en más de 50 años como universidad, no por una cosa u otra sino en lo que dicen de no financiar más la universidad y que cada provincia resuelve si la arancela o no", afirmó Oscar Alpa, rector de la Universidad pampeana.

En diálogo con LA ARENA agregó que en caso de que avance el proyecto, el gobierno "debería transferir los fondos a las provincias para que lo puedan financiar, si no es 'háganse cargo' y hacerlo sin enviar los recursos, es lo mismo que cerrar las universidades".

El vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señaló que "también sabemos lo que pasa con los fondos, capaz que hasta los pueden transferir un año y después nunca más y es ponerle mayor carga a las provincias y en conclusión lo que quieren hacer es arancelar o desaparecer las universidades".

El veto de Milei.

"Por ahora la provincialización de las universidades es solo una noticia periodística, lo único cierto es que tenemos escrito por el mismo presidente es que quiere vetar una ley que actualiza los valores para el sistema universitario, que es la ley de financiamiento universitario", advirtió.

Por el desfinanciamiento de las universidades y contra el veto presidencial anunciado por el mismo Milei, contra la ley de financiamiento sancionada por el Congreso, el sistema universitario convocó a una marcha para el 2 de octubre. En rigor, Milei tiene hasta el jueves 3 para vetar la normativa.

El proyecto establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría "un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI".