Rechazan la reforma educativa de Milei y advierten por vulneración de derechos

Patria Grande planteó su rechazo al proyecto de Ley de "Libertad Educativa" que impulsa la gestión de Javier Milei. En ese marco, advierten por vulneraciones de derechos y desentendimiento del rol estatal.

Docentes y trabajadores de Educación que forman parte del partido que conduce a nivel nacional Juan Grabois pusieron en debate la iniciativa libertaria. Tras analizar la propuesta, advirtieron que "aparecen vulneraciones de derechos, desentendimiento del rol estatal y fragmentación del sistema educativo, donde el estado pasa de ser garante de la educación a ser garante de los intereses de las escuelas privadas".

Desde Patria Grande remarcaron que "pone énfasis en el rol de las familias al designarlas como el 'agente natural natural y primario de la educación de sus hijos' y establece el desentendimiento de las obligaciones del Estado. La actual ley sostiene al Estado como garante indiscutido de la educación comprendida como 'bien público y derecho personal y social' con una educación 'integral, permanente y de calidad'; que debe 'garantizar el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a la información y al conocimiento'; 'fijar la política educativa y controlar su cumplimiento'; 'garantizar el financiamiento del Sistema Educativo Nacional'; y 'las condiciones materiales y culturales para que todos los alumnos logren aprendizajes de buena calidad'".

En cambio, el proyecto libertario "solo compromete al Estado a 'establecer contenidos mínimos comunes'; 'respetar y proteger la libertad educativa'¸ 'promover la excelencia educativa', 'asegurar la libertad académica' y 'garantizar la oferta gratuita'".

A su vez, señalaron que el gobierno que menos invirtió en educación propone “financiar la educación en condiciones de equidad entre instituciones educativas estatales y privadas”. Y en el artículo 69 indica que “con el propósito de garantizar el derecho de los padres o tutores a optar por una educación acorde con sus valores y convicciones, las autoridades jurisdiccionales deben implementar un sistema de aportes económicos a las instituciones de Educación Básica privadas”. También establece que “bajo ninguna circunstancia la suma del aporte financiero estatal y el límite máximo a la contribución económica obligatoria de las familias podrá resultar en un financiamiento total por alumno inferior al que la autoridad jurisdiccional destina por cada alumno de igual nivel educativo y carga horaria en las instituciones de Educación Básica estatales”.

Desde Patria Grande advirtieron que "el Estado que en la actualidad solo invierte el 0,88 % de su PBI en educación, asume un rol subsidiario, cuya finalidad principal es proteger los intereses de las escuelas privadas, con fondos públicos".

Desplazamiento.

Desde el partido sostuvieron que "desde el título del proyecto se advierte que la referencia principal del documento no tiene vínculo con la educación sino con la 'libertad', que no prefigura el ejercicio de los derechos ciudadanos, sino la facultad de algunos sectores para afianzar sus privilegios. La libertad de unos/as constituye la pérdida de derechos para otros/as".

El desplazamiento de la centralidad de la educación a la libertad supone "que la educación deja de ser un derecho humano y un bien social y público y se constituye como un 'servicio esencial'. A su vez, establece que "que la libertad prima sobre toda prerrogativa estatal por lo que las familias son los agentes educativos primordiales y el Estado tiene solo un rol subsidiario en el control, las cuentas, el nombramiento o la remoción del Director o la selección de los profesionales docentes, que ahora, quedan en manos del Consejo Escolar de Padres". Este proyecto, indicaron, "entiende a la educación como formación integral para el ejercicio 'responsable de la libertad en la vida personal, social y cívica', orientada al trabajo, lo que pone en evidencia el supuesto no explicitado de que la educación es un bien de mercado".

"Es una propuesta para la construcción de proyectos individuales, que excluye la educación ambiental, sexual integral, cooperativismo, bibliotecas escolares, perspectivas regionales, memoria colectiva; y excluye los conceptos comunitarios como la solidaridad, igualdad, justicia, responsabilidad y bien en común, respeto a la diversidad", cuestionaron.

Vulnera derechos.

Tras el análisis del proyecto, advirtieron que la reforma "desconoce la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Quienes son educados resultan sujetos pasivos ante la enseñanza, cuando en la actualidad, nuestros alumnos y alumnas intervienen, preguntan, cuestionan, muestran sus intereses, eligen orientaciones, etc".

"Se vulnera el derecho de autonomía de esos niños, niñas y adolescentes. Muchas veces hoy nos encontramos con que son las familias quienes vulneran el derecho a la educación y con la reforma, son las familia las que pasan determinar qué saberes se pueden o no se pueden enseñar. El rol docente y el de las leyes educativas a nivel nacional tienen un lugar de alta volatilidad", añadieron.

Docentes en riesgo.

En otro tramo del análisis, indicaron que del proyecto se desprende que "cada docente está sujeto a las arbitrariedades de cada institución y de las familias involucradas, porque a partir de cómo (según esos sujetos) el docente realice su tarea, es que se determinará su continuidad laboral e incluso sus ingresos".

Por otro lado, señalaron que "no se fija ningún criterio sobre la idoneidad de quién puede enseñar en esos espacios. Además, después de la pandemia, remarcamos que el aula es un espacio de socialización donde se aprende a convivir en la diversidad, a compartir, a respetar tiempos, palabras y silencios, lo que fortalece lazos de comunidad, más en un contexto en el que a las infancias y adolescencias se les ofrece individualismo extremo, soledad, violencias y mercado. Allí, la escuela es un lugar de aprendizajes y cuidados".