Repudiaron dos candidaturas

Un grupo de organizaciones pampeanas repudiaron las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y advirtieron por sus antecedentes. Además, exigieron que se nombren mujeres en el máximo órgano judicial del país.

 

Integrantes del Foro Pampeano por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, junto a un grupo de organizaciones, partidos políticos y entidades gremiales, elaboraron un documento que fue presentado en una conferencia de prensa que brindaron ayer.

 

Bajo el título "La Corte: ¿habrá Justicia con jueces anti derechos y corruptos?", advirtieron que "en medio de tantas noticias de coyuntura, preocupaciones y agravios, la elección de dos integrantes para la Corte Suprema puede ser uno de esos temas que, erróneamente, parecen tener pocas consecuencias en la vida cotidiana. Además, este proceso quedó reducido al mundo jurídico, por la falta de espacios que permitieran una participación efectiva de la ciudadanía en el proceso de designación de Lijo y García-Mansilla".

 

"¿Por qué es tan trascendente para la mayoría del pueblo la conformación de la Corte Suprema? Porque ella marca el rumbo de la interpretación última de nuestras leyes y de los acuerdos constitucionales. La Corte decidió, por ejemplo: cómo se deben actualizar los montos de las jubilaciones; cómo se interpretan las reglas para la indemnización en casos de despido; por qué las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su autonomía reproductiva, con la protección de la constitución y del derecho internacional de los derechos humanos (caso FAL). Además, la Corte marca un rumbo y orienta a los otros tribunales del país en todas las instancias y materias", explicaron.

 

En ese sentido, recordaron que "en 162 años de existencia de la Corte Suprema las mujeres estuvimos excluidas: solo tres han integrado este cuerpo frente a 104 varones. Este aspecto es uno de los más controversiales de las dos candidaturas propuestas por Milei, porque sostenemos que la pluralidad de género en los cargos públicos y en los espacios de toma de decisión no es una opción, sino una obligación jurídicamente vinculante que surge de la Constitución y de los tratados internacionales".

 

"Este incumplimiento del Ejecutivo constituye una señal negativa para avanzar en las transformaciones necesarias, porque perpetúa el estereotipo de género. Por ello, exigimos que se nombren mujeres en la Corte Suprema de Justicia, como derecho individual y colectivo, para que las mujeres estén representadas en esos órganos de poder", continuaron en el documento.

 

Antecedentes.

 

En relación a la candidatura de Lijo, señalaron que "carece de antecedentes académicos y profesionales a la altura de un cargo en la Corte. Se ha comprobado, estadísticamente, que es el peor juez de Comodoro Py. Existen fundadas sospechas sobre su integridad, por recibir beneficios económicos a cambio de paralizar causas y brindar impunidad. Por lo tanto, si Lijo carece de prestigio, de trayectoria ejemplar y mantendría vínculos turbios con el Ministerio de Justicia Nacional ¿por qué otras razones, que no pueden hacerse públicas, ha sido propuesto para la Corte Suprema? Quizás, entonces, tengamos que exigirle esta respuesta al Poder Ejecutivo y a nuestros senadores/as, si prospera su postulación a la Corte Suprema".

 

Sobre García-Mansilla, decano de la Universidad Austral, indicaron que "genera resistencias por los potenciales retrocesos que provocaría su actuación en la Corte, en materia de derechos humanos y por sus visiones restrictivas en temas de género. Es un intérprete 'originalista' y reaccionario en su lectura de la Constitución, que reivindica la Constitución de 1853 por encima de la del año 1994. Por ello, se afirma que: 'sostiene el sentido constitucional de un conjunto de hombres blancos del siglo 19, mayoritariamente curas y militares, que excluyeron a las mujeres y a los indígenas de los derechos políticos fundamentales y que representaban intereses confesionales y corporativos'".

 

Por otro lado, indicaron que "en sus trabajos académicos, establece que los jueces tienen que aplicar el derecho 'tal cual es, mirando para atrás y no para adelante', menospreciando los cambios y el progreso de la sociedad. Mantiene, además, contactos profesionales estrechos con organizaciones monopólicas y oligopólicas que podrían llegar a destruir los derechos de los consumidores y usuarios".