Rionegrinos judicializan la barrera

Durante una prolongada reunión sostenida el miércoles por la noche, los ganaderos de Río Negro decidieron presentar medidas cautelares en la justicia federal, para “congelar” por tiempo indeterminado la situación de la barrera sanitaria. La novedad fue difundida ayer en un artículo titulado “La Patagonia se planta: comienza la batalla legal por la barrera sanitaria”, publicado por el suplemento “Más Producción”, del diario La Mañana de Neuquén.

Según la noticia, la semana que viene se realizarán presentaciones administrativas y judiciales, destinadas a revertir la Resolución 180 del Senasa, que flexibilizó las restricciones para el ingreso de carne con hueso. La Federación de Sociedades Rurales será la encargada de atacar administrativamente la resolución del Senasa, en tanto que sus entidades adheridas presentarán medidas cautelares en los juzgados federales de Bariloche, General Roca y Viedma.

Si bien la cuestión de fondo expresada en los “recursos de amparo” apuntará a una derogación, la intención explícita de los criadores es que “la disputa se pueda freezar por mucho tiempo” mediante una declaración de no innovar, y que la cuestión “continúe sin modificaciones, es decir sin que pueda ingresar asado con hueso”.

La reunión entre los referentes de las sociedades rurales fue convocada por la presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Nora Lavayén. El debate contó con la presencia de varios abogados, quienes evaluaron los “argumentos técnicos” que utilizarán para sostener las demandas, entre ellos “informe elaborado la semana pasada y revisado por veterinarios de la provincia, que ya fue aprobado para ir contra los argumentos del Senasa”. Entre otras cuestiones, denunciarán que “no es cierto que el riesgo de propagar la aftosa es ínfimo, porque si lo fuera ya habrían dejado de vacunar en el resto del país”.

Ley Bases y norma de Senasa.

Entre sus fundamentos más fuertes, los asesores legales incluirán algunas disposiciones establecidas por la Ley Bases y una resolución emitida por el Senasa en 2024, por la cual “en caso de aplicarse modificaciones a sus regulaciones, deben hacerse consultas públicas internas e internacionales”. Los abogados aseguran que “esos requisitos no se cumplieron” y adelantaron que “ya tienen redactado el texto para un recurso de amparo”.

Aquella norma es la Resolución 756/2024, denominada “Programa de Reordenamiento Normativo del citado Servicio Nacional”, según la cual “todos los proyectos normativos deben seguir el procedimiento de consulta pertinente”, y cada nueva resolución “debe ser puesta en consulta interna a través de la Coordinación General de Comunicación Institucional, con copia a la Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano de la Coordinación General de Gestión Documental, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, que tendrá un plazo de hasta dos días hábiles para enviar una comunicación directa a todo el Senasa, indicando la apertura de dicha consulta y la temática del proyecto en cuestión”.

En cuanto a la Ley Bases, los letrados se apoyarán en la Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo, modificada por ese cuerpo legal a través del artículo 8º bis: “en los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública”.

Uno de los encargados de redactar el “borrador de presentación judicial para impugnar la Resolución 180/25” es Javier Perrote, quien además de abogado es productor ganadero e integra la Sociedad Rural de Guardia Mitre. Actualmente es uno de los asesores legales de los ruralistas de la provincia. El texto que tiene en elaboración detalla “las diferencias de costos que existen en la producción de carne entre la Patagonia y el resto del país, y las fallas del gobierno, como la falta de consulta pública nacional e internacional”.

Perrote le comentó a “Más Producción” que estas deficiencias podrían derivar en “un juicio muy largo en el tiempo, que mantendría intervenida la resolución hasta que se agoten todas las instancias legales”.

“Falsa creencia”.

Perrote también atacará la “falsa creencia” de que “existe un valor diferencial de la carne relacionado intrínsecamente con la barrera sanitaria”. El abogado argumentará que “el precio no tiene nada que ver con la barrera” porque “cualquier producto de la canasta básica tiene un valor diferencial con respecto a otros puntos del país”, el cual debe adjudicarse “a una cuestión, pura y exclusivamente de logística, e intermediarios”. Según él “producir en la Patagonia es más caro”.

Además, en su borrador defiende un principio básico: “una resolución no puede contradecir una ley, porque ésta tiene rango normativo superior”. Perrote le recordará a los jueces que “las leyes nacionales dicen que hay que generar una campaña de lucha para la erradicación de la fiebre aftosa”, pero en el caso del territorio al sur del río Colorado “es terreno ganado, un territorio que no hay que liberar”.

“Estás legislando en contra de una ley nacional desde una resolución chiquita, de un organismo que, si bien no es menor, es un servicio público nacional. No podés legislar en contra de la ley nacional, y esa es nuestra interpretación. Están queriendo intervenir un mercado con una resolución de política sanitaria animal, y no cuadra”, explicó durante una con el portal “Abriendo Tranqueras”, de Río Colorado.

De todas maneras, más allá de los argumentos utilizados, la estrategia guarda una intención dilatoria: “si no derogan la flexibilización, seguiremos con los recursos legales que hagan falta, y en última instancia tendrá que definir la Corte Suprema de Justicia”. Y concluye. “para cuando lleguemos a la Corte, van a pasar dos años y durante todo ese tiempo la resolución no estará vigente”.