"Un nuevo retroceso"

"En 2013 el Congreso votó un paquete de leyes que proponía una mayor democratización de la justicia e incluía una participación del pueblo en la conformación de la Magistratura a través del voto, pero la Corte Suprema interpretó que se vulneraba el pensamiento del constituyente, la declaró inconstitucional y volvió a la ley del año 2006. Ahora, con este fallo, marca un nuevo retroceso porque vuelve a poner en vigencia la ley de 1997", explicó el abogado Gustavo Arballo.

Consultado por El Aire de la Mañana, por Radio Noticias, el letrado recordó que "a nivel provincial, nuestro Consejo de la Magistratura no tiene estos problemas porque en 1994 fue claramente establecido que está integrado por cuatro personas, una del Ejecutivo, un legislador, un referente judicial y un abogado, y no hay discusión posible".

En cambio, la Constitución Nacional de 1994 "conformó un órgano más poderoso pero dejó el trabajo a mitad de camino. Habilitó a la Magistratura para tratar concursos, recibir denuncias sobre destitución y administrar el poder Judicial, incluyendo licitaciones y pago de sueldos, pero los convencionales no se pusieron de acuerdo y solo determinaron que debe haber un equilibrio, sin precisar cuántos miembros de cada estamento" conformarían ese organismo.

De este modo la Constitución solo estableció que "deben estar representados el Ejecutivo, ambas cámaras del Congreso, los abogados, los jueces y los académicos".

En 1997, a través de una ley, se fijó una integración con 20 miembros, modificada en el año 2006 para crear "un organismo más compacto y menos 'rosquero', eliminando estamentos (segundas minorías) y reduciendo el resto a su mínima expresión".

Lorenzetti no firmó.

Así quedó un Consejo de 11 miembros, "de los cuales 9 representaban a la política". Quedaba una cuestión semántica por resolver: "determinar si esta nueva versión implicaba un desequilibrio". Después de seis años, la Corte Suprema dijo que sí, en un fallo suscripto en diciembre del año pasado, cuando los supremos resolvieron que esta falta de equilibrio "resulta inconstitucional, aunque ratificaron todo lo actuado por el organismo entre 2006 y 2020 por razones de seguridad jurídica".

Al resolver una declaración de inconstitucionalidad, la Corte "exhorta al Congreso, como hizo en 2016 cuando reclamó una ley de movilidad jubilatoria". En este caso "la Corte exhortó, pero otorgó un plazo brevísimo, de 120 días que incluían más de un mes de receso y que se cumplió el 14 de abril".

Según Arballo, "en este caso el fallo resulta muy distinto, e incluso Lorenzetti votó en disidencia, proponiendo un plazo más razonable de un año". De todos modos, los restantes tres miembros fijaron aquellos exiguos 120 días, a cuyo vencimiento "la carroza de Cenicienta nuevamente se transformó en calabaza y volvimos mágicamente a la conformación del año 97". Precisamente, aquella ley establecía que "el Consejo debía integrarse con el presidente de la CSJ como titular, cargo que ahora asume Rosatti".

"Controvertido y heterodoxo".

Sin hacer interpretaciones partidarias, Arballo explicó que "esta Corte llegó a la conclusión de que cuando una ley cae, lo mejor es volver a la norma anterior- No es algo inédito, pero sí controvertido y heterodoxo, y por eso Lorenzetti no lo avaló". Para el abogado, con este fallo el tribunal "adopta una actitud osada y audaz, interviniendo en un juego político que tal vez excede a la jurisprudencia. A su juicio, los jueces "ingresan así a una zona problemática, porque nada garantiza que un organismo que hasta ahora no funcionó como debía, logrará encarrilarse por un toque de la varita mágica del presidente de la Corte".

Igualmente, hallar una solución política también parece un objetivo muy lejano. "Todos sabíamos que la Corte declararía la inconstitucionalidad, incluyendo al gobierno nacional. Pero la política tampoco está pudiendo resolver la cuestión, porque los distintos sectores no pueden sentarse a una mesa para consensuar un proyecto", concluyó.