Un rescate patrimonial que la Justicia avaló

(MACACHÍN/ REDACCIÓN)

La investigación científica que encabezó días atrás la reconocida arqueóloga Mónica Berón en Macachín, demuestra lo desmesurada que resultó una acción que realizó la Justicia y la Policía Federal en julio de 2021 en ésa localidad, cuando hizo dos allanamientos a dos vecinos y secuestró los objetos históricos y arqueológicos, hoy herramientas de la ciencia.  En estos días, aquel “mal trago”, como lo definió en ésa época la entonces secretaria provincial de Cultura, Adriana Maggio, se transformó en un aporte vital para que la ciencia avance con  un relevamiento arqueológico que permitirá conclusiones sobre la historia de la zona y el país.

Allanamientos del GEOF.

En julio de 2021, tres móviles del Grupo Especial de la Policía Federal viajaron desde Buenos Aires a Macachín exclusivamente para realizar dos ampulosos allanamientos a los domicilios de dos vecinos: Víctor Cabrera e Ignacio Medina por una denuncia de una antropóloga. La comunidad se mostró estupefacta ante el despliegue de comandos armados. El grupo secuestró una importante cantidad de objetos históricos y arqueológicos que habían recolectado. Finalmente la Justicia Federal sobreseyó a ambos y entregó ése material, que hoy la ciencia estudia, a la municipalidad.

De nuestro archivo rescatamos que la Policía Federal, con la presencia de agentes de  la Dirección Provincial de Patrimonio Histórico, a raíz de una denuncia presentada por la antropóloga Alicia Tapia, allanó en julio de 2021 los domicilios de dos vecinos de Macachín, Víctor Cabrera e Ignacio Medina, para secuestrar más de un millar de objetos históricos y arqueológicos recolectados en la zona.

La infracción que no fue.

Los vecinos, a manera de hobby,  recolectaban, limpiaban y clasificaban piezas de la región (especialmente en el área de las Salinas Grandes). Uno de ellos, Víctor Cabrera, gestionaba la página de Facebook "Museo Macachín" y contaba con un convenio de trabajo de campo con la comuna.

El listado de objetos secuestrados  comprende herramientas indígenas que incluyen bolas de boleadoras, mano de mortero, percutor, raspador, raederas y lascas. En tanto que los elementos criollos e importados, comprenden botellas de vidrio (bebidas, medicinas y perfumes), frascos, fragmentos de vajilla de loza (decorados y sin decorar), botones de chaquetas militares, candados, cadenas, cubiertos, espátulas, argollas, clavos, frenos, espuelas, vainas y proyectiles de armas de fuego, sable, bayoneta, estribos, hebillas, ganchos, manijas de mueble, balde y pava, peine, diferentes partes de engranajes, pipas de caolín, tapas, tenazas, tijeras de tusar, entre otros elementos. 

La intervención se originó por la presunta infracción a la Ley Nacional N° 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que prohíbe la tenencia particular no autorizada de estos bienes.

“Rescate patrimonial”.

Para la resolución del caso fue sustancial la intervención de la entonces  secretaria de Cultura de La Pampa, Adriana Maggio, quien le bajó el tono al tema. La funcionaria dijo que desde su área intentaron mediar para que no se hicieran los allanamientos pero se trataba de una causa Federal. No obstante, abogó por "transformar este mal trago" en trabajar "por un Museo en el pueblo, al que volverá todo lo decomisado".

Finalmente, en marzo de 2022, la Justicia Federal dictó el sobreseimiento de ambos vecinos al determinarse que no existió delito doloso en su accionar de rescate patrimonial local, y los objetos fueron entregados al municipio donde hoy están resguardados y fueron motivos de la reciente campaña de relevamiento.