"Una entrega de la soberanía territorial"

El debate por la reforma de la Ley de Tierras Rurales sumó una nueva voz crítica. El abogado constitucionalista pampeano, Andrés Gil Domínguez, cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que, lejos de fortalecer el derecho de propiedad, "facilita la extranjerización del territorio argentino" y representa "una entrega de la soberanía territorial".

El planteo fue realizado a través de un extenso análisis publicado en su cuenta de la red social X, donde examinó los principales cambios que propone la iniciativa denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", actualmente en tratamiento en el Senado.

Según explicó, el proyecto del gobierno de Milei elimina los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija un máximo del 15% para la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras y establece restricciones adicionales para personas de una misma nacionalidad y para un mismo propietario.

Para Gil Domínguez, la reforma "habilita sin límites la adquisición de tierras rurales por personas físicas y jurídicas extranjeras", con la única excepción de los Estados extranjeros. Además, advirtió que también flexibiliza la compra de tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera por parte de empresas con participación estatal extranjera o ciudadanos extranjeros, siempre que exista autorización provincial y del Poder Ejecutivo.

Uno de los puntos que más cuestionó es la aplicación del denominado "silencio administrativo positivo", incorporado por la Ley Bases. Según explicó, si el Estado nacional y la provincia no responden dentro de los 60 días a un pedido de autorización, esta quedará automáticamente aprobada.

Soberanía.

En su publicación, el pampeano sostuvo que el territorio constituye uno de los elementos esenciales del Estado y recordó que la soberanía no solo se expresa en términos jurídicos, sino también en la capacidad efectiva de controlar recursos estratégicos y zonas sensibles.

"El dominio privado no se confunde jurídicamente con la soberanía estatal, pero puede afectar sus presupuestos materiales", afirmó.

En ese sentido, advirtió que la compra sin límites de grandes extensiones de tierras rurales, especialmente en zonas fronterizas, podría generar "enclaves territoriales, económicos y logísticos" con capacidad para controlar recursos naturales, infraestructura o vías de acceso estratégicas.

"El riesgo no consiste en sostener que toda adquisición extranjera conducirá inevitablemente a una secesión, sino en advertir que el Estado resigna anticipadamente los instrumentos necesarios para impedir procesos de penetración territorial y dependencia geopolítica", señaló.

Asimismo, recordó antecedentes internacionales como la anexión de Crimea por parte de Rusia y las recientes manifestaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia, como ejemplos de la importancia estratégica que siguen teniendo los territorios y los recursos naturales.

"No protege la propiedad".

Gil Domínguez también cuestionó el propio nombre del proyecto impulsado por el Ejecutivo. "La propiedad es inviolable desde 1853 por imperio del artículo 17 de la Constitución argentina", recordó, y sostuvo que el Gobierno utiliza un título "grandilocuente" para introducir modificaciones de fondo en materia de soberanía territorial.

En ese marco, afirmó que la Constitución protege el derecho de propiedad, pero "no convierte al territorio argentino en una mercancía disponible para el mejor postor. La propiedad es un derecho; la soberanía es una condición de existencia del Estado. Confundirlas deliberadamente supone transformar una garantía constitucional destinada a proteger a las personas en un instrumento para desproteger a la Nación", escribió.

En el tramo final de su análisis, el abogado sostuvo que "un país no pierde su territorio solamente cuando una potencia extranjera lo invade", sino también cuando "renuncia a controlar quién adquiere sus tierras estratégicas" y quién explota sus recursos naturales.

"El Gobierno podrá disfrazar esta entrega con el lenguaje de la libertad, la apertura o la modernización, pero ningún discurso grandilocuente puede ocultar lo evidente: la eliminación de los límites para que intereses extranjeros se apropien de manera ilimitada de las tierras rurales y fronterizas no está protegiendo el derecho de propiedad, sino facilitando la extranjerización del territorio argentino", concluyó.