Ya van para cinco años de estar colgados gratuitamente

Desde las entidades aseguran que el problema “está en unos pocos que resisten, el resto se adecuó, especialmente los pequeños cables pampeanos que llegaron a acuerdos rápidamente. Entonces, la ley no es el problema, son ellos”.

POR USINO TRILLA

A tres meses de cumplirse los cinco años de entrada en vigencia, prestadores de televisión por cable y otros servicios de telecomunicaciones se niegan a cumplir con la norma que establece el modo de uso de los soportes (columnas), que son propiedad de las cooperativas de servicios públicos.

No son todos, apenas un puñado, pero no menor en cuanto a su potencial, no sólo no se adecuaron a la ley, no pagan los aranceles fijados, sino que continúan con su fuerte lobby para sacar ventajas. Es decir, seguir usando esos bienes por los que no pusieron una moneda para lucrar con ello.

A pesar de que en la Fepamco, la organización gremial de las cooperativas, el asunto no ha sido tratado formalmente, varias de las entidades murmuran, a través de sus directivos, la preocupación. Focalizan la cuestión en los puntos donde los empresarios ponen mil peros, chicanas, recursos y hasta arman movimiento en pos de asumir la conducción de las cooperativas. El caso de General Acha, con el propietario de Telega a la cabeza, es el más notorio y se pudo verificar el último fin de semana.

El encuentro que unió a autoridades provinciales y de Enacom, el gremio del sector, cooperativas y cableros del pasado lunes, terminó siendo la muestra más clara de la situación. Los cooperativistas que aceptaron el convite al encuentro llegaron con la sospecha de una posible encerrona en ese sentido, que terminó de concretarse, de cierta manera, cuando un representante de la familia Matzkin, dueña de varios cables en distintos puntos, puso el tema sobre la mesa.

Es una muestra de una acción constante, que a ojos de las cooperativas encuentra cada vez más oídos abiertos en los estamentos oficiales.

No fueron contundentes las voces que mencionaron el tema. “Dialoguen”, sugieren.

Sin embargo, fuentes de Casa de Gobierno aseguran que no hay chances de los cambios en la ley que pretenden, más allá de las señales.

“Cumplir la ley”.

Para las cooperativas, “no hay mucho de que hablar. Hay que pagar, cumplir la ley”, simplifican, pero también razonan. “El problema está en unos pocos que resisten, el resto se adecuó, especialmente los pequeños cables pampeanos que llegaron a acuerdos rápidamente. Entonces, la ley no es el problema, son ellos”, enfatizan.

La ley de columnas fue promovida, recordarán, por el entonces gobernador Carlos Verna. Fue una respuesta política y diametralmente opuesta a lo que había sostenido su antecesor, Oscar Mario Jorge. Acordar en la redacción del texto no fue sencillo, pero finalmente el 18 de diciembre de 2018 la Legislatura aprobó la norma y el 4 de enero de 2019 el Poder Ejecutivo la promulgó sin necesidad de reglamentación.

Los 18 artículos ponen blanco sobre negro y, entre otras cosas, disponen que en un plazo de 120 días los usuarios de esos soportes debían adecuarse a la nueva norma. No hubo del lado del Estado, que conserva el poder de contralor, mucho entusiasmo en verificar su cumplimiento. Y ante las situaciones que se van haciendo públicas, tampoco parece tenerlo.

En una buena cantidad de casos se verificó esa adecuación. No sin discusiones y pulseadas, pero con particularidades las cooperativas están recibiendo (y reinvirtiendo en los sistemas) lo que les corresponde.

Incompleto.

“El texto para muchos de nosotros está incompleto. La ley tendría que hacer una diferencia entre las pymes locales y los cableros grandes y las multinacionales”, deslizó a oídos de esta redacción un dirigente de importante cooperativa norteña refiriéndose a los aranceles fijados (uno por el uso y otro por el natural costo de mantenimiento). Y los hechos le dan la razón. Es en los pueblos más pequeños, y por lo tanto de pequeñas cooperativas y empresas locales familiares, donde no hubo problemas y todo está encaminado.

Hasta ahora, la realidad indica que no existe voluntad de modificar la ley y que, tarde o temprano, los privados deberán pagar (la ley dice que desde su entrada en vigencia, lo que para muchos es un gran acumulado en rojo). “Este gobierno de 40 años en La Pampa nos dio primero la concesión por 60 años del servicio eléctrico (gobierno de Marín) y luego Verna nos dio la ley de columnas. Ahora dicen que somos aliados estratégicos, no creemos que vayan contra esto”, no dudó en mencionar otro dirigente, pero “lo que puede venirse a nivel nacional es preocupante, no sólo por las columnas”, agregó y recordó que “nosotros en las cooperativas siempre somos invitados a charlas, debates, pero nunca estamos en la mesa donde se deciden las cosas. El poder económico lo tienen los empresarios y los gremios, por eso tienen gente en el gobierno y en el congreso y las legislaturas locales”, reflexionó.

Tampoco escapa en los análisis de probabilidades la permeabilidad que, eventualmente, encuentren en algún sector judicial. Notorios son los alcances que el poder económico tiene también sobre ese otro factor de poder.

Lo concreto es que en algunos casos, como en General Acha (y hay otros), los cableros siguen usando lo que pagaron todos los pampeanos para su benefecio y violando claramente una ley. Es por eso que, ante cada asamblea, cada elección de dirigentes que se plantee en cada cooperativa y en cada localidad, hay que ser cuidadosos antes de cerrar el sobre que expresa nuestra opinión.