Trasladan a Sergio Juan a General Pico
Una comisión policial de la Brigada de Investigaciones trasladó ayer desde Rosario a General Pico a Sergio Ariel Juan, que tenía pedido de captura por parte de la Justicia local, en la causa que investiga la venta irregular de autos de alta gama.
Los investigadores locales, encabezados por el comisario Pablo Gandino se constituyeron en los tribunales de Rosario hacia el mediodía del viernes, mientras Juan permanecía alojado en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de esa ciudad.
Juan deberá dar explicaciones sobre su rol en la venta de vehículos VW cuyos compradores pagaron la totalidad de lo exigido, pero no pudieron obtener el título de propiedad. Se desprende de la investigación, que algunos de esos automóviles fueron cedidos a Juan para "alquiler", por parte de una empresa ligada a la concesionaria porteña Guido Guidi.
Fueron varias las personas que adquirieron vehículos pero no pudieron completar la transferencia y las denuncias penales no tardaron en llegar. Pero a pesar de los avances en tratar de establecer la trama de las ventas y de la captura de Juan, la causa está sin juez.
Como las denuncias se habían realizado en diferentes momentos se debía definir qué juez se hacía cargo de la totalidad de los expedientes. Finalmente, fue el magistrado Horacio Tolosa quien comenzó a investigar y detuvo a dos personas, que luego fueron liberadas, y solicitó la captura de Juan. Pero el juez Tolosa fue recusado por el abogado defensor de Juan y la medida prosperó.
Continuar con la investigación.
El expediente fue girado al Juzgado de Instrucción 5, de Pablo Díaz Lacava, que se inhibió de actuar al estar ligado de alguna manera con una de las personas que prestó declaración. La causa fue a dar al despacho del juez Luis Abraham, que debe resolver sí acepta o no continuar con la investigación. El destino de los expedientes se podría conocer en las próximas horas. Mientras se resuelve el incidente judicial, Juan quedó alojado en la Brigada de Investigaciones a la espera de ser indagado. La Justicia debe determinar cómo se realizaron las operaciones de los vehículos.
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