Amenazan a la madre de la beba pampeana apropiada en 1976

El caso.
El caso se difundió el miércoles, aunque ya tenía su desarrollo desde hacía meses. La mujer había denunciado a fines de 2010 que a fines de 1976 cuando trabajaba en la casa de un hombre propietario de una firma metalúrgica, le habían secuestrado a su beba de semanas. Fue entonces a la Secretaría de DDHH y allí la acompañaron a dejar una muestra de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos. En tanto, su hija, ahora de unos 35 años y residente en Buenos Aires, a instancias de su madre adoptiva también dejó su muestra de ADN en ese organismo. Poco después, ambas se reencontraron. La Fiscalía federal entonces inició una causa por la apropiación y surgió como sospechoso, de acuerdo a testimonios, el ex teniente coronel Carlos Sabbatini, entonces subjefe del Regimiento de Toay, quien habría entregado a la beba en forma irregular a quienes serían sus padres adoptivos. La justicia intentó aprehenderlo en la zona norte de Buenos Aires hace algunos meses, pero el oficial está actualmente prófugo.

Los hechos.
Funes, el secretario de DDHH, indicó sobre el caso a LA ARENA que el año pasado, durante el juicio a los represores de la Subzona 14, se acercó un hombre para dar su testimonio. "En dicho comparendo manifestó que según comentarios que pudo obtener, durante la vigencia de la última dictadura militar, en el año 1976, una joven de muy escasa edad, que trabajaba como empleada doméstica en la casa de una reconocida familia santarroseña, había dado a luz a una niña. Que esta beba le fue sustraída de ese domicilio para ser entregada a un militar amigo de esa familia, que desempeñaba funciones en el Batallón 601 de Toay". Fue entonces que se inició el expediente judicial que lleva adelante la fiscal Marta Odasso.
Funes comentó que en diciembre de 2010 "se presentó en forma espontánea ante este organismo la señora, para corroborar los hechos denunciados. Nos dijo que era verdad que en septiembre de 1976 tuvo una beba, fruto de su relación con su esposo y que la niña había nacido en el hospital Lucio Molas. Que la llevaba diariamente a la casa donde trabajaba y que tendría 15 días, cuando se percató que no estaba sobre la mesa donde habitualmente la dejaba. Les preguntó a los dueños de casa por ella y le respondieron que se quedara tranquila, que la niña estaría bien. Ante la desesperación se fue de la casa y comenzó a deambular por la ciudad en búsqueda de su hija. Desde esa vez nunca más vio a su hija".

Reencuentro.
La Secretaría de DDHH gestionó por pedido de la fiscal Odasso ante el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand la posibilidad de concretar la toma de muestras sanguíneas con el objeto de generar su almacenamiento y posterior cotejo comparativo de ADN con otras de mujeres nacidas en aquella época y cuyo perfil genético se encuentre reservado en ese organismo.
Funes comentó que "se realizó entonces el trámite correspondiente ante las autoridades del Banco y con fecha 14 de marzo de 2011, el Banco comunicó los resultados de la pericia, concluyéndose que las muestras hemáticas eran compatibles con una joven, cuya identidad reservamos, que promoviera también su denuncia ante la Conadi (Comisión Nacional por la Identidad) que buscaba su identidad. Esto significa que el perfil genético obtenido de la muestra hemática perteneciente a este matrimonio tiene una probabilidad del 99,99 por ciento de ser los padres biológicos de la joven".
"Sin perjuicio del trámite legal de la Fiscalía Federal, es dable destacar que desde el organismo a mi cargo se privilegió como primer objetivo, establecer el paradero de una niña denunciada como sustraída y esclarecer la realidad biológica de una joven que detentaba dudas sobre su identidad. Y en segundo lugar posibilitar el rencuentro de los lazos biológicos afectados, para cuyo objeto coordinó una entrevista personal entre las partes involucradas (padres e hija) cuyo intento resultó satisfactorio", dijo el funcionario.
Además comentó que "desde la Secretaría se ha evitado la exposición pública de este caso, con el objeto de no entorpecer la investigación judicial, puesto que la Justicia deberá determinar la responsabilidad penal de los autores".