¿Cierre de cabarés en Pico?

El presidente del bloque de concejales justicialistas, José Osmar García, admitió ayer que el oficialismo trabaja en un proyecto para cerrar los cabarés que funcionan en General Pico. El edil aseguró que el tema está "en estudio" y que se tomarán su tiempo para analizarlo, en función de las inquietudes que tiene los integrantes de la bancada.
El concejal García habló de una legislación "superadora" relacionada al tema, pero no dio precisiones sobre el contenido de la propuesta ni el tiempo que se tomarán para presentar la iniciativa a sus pares. Se indicó que se tratará de acompañar las políticas de igualdad de género, que impulsa el gobierno nacional y provincial, y adoptar medidas que eviten la explotación sexual en la ciudad.
El edil no quiso dar precisiones sobre la legislación pero dio a entender que la cuestión no será debatida en forma inmediata y trató de poner paños fríos por las expectativas que genera una normativa de estas características, en organismo y organizaciones que pujan por desterrar la trata de personas.
En la actualidad, en General Pico están funcionando tres locales con la habilitación como cabarés, wisquerías o bares, donde las mujeres son denominadas "alternadoras" y se les exige la libreta sanitaria para la atención de "clientes". Este tipo de locales nocturnos, con una legislación permisiva, fue duramente atacada el año pasado por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, que en un dictamen aseguró que las normativas facilitan la prostitución.

Dictamen.
En su dictamen, Righi advirtió que muchas de las mujeres que trabajaban como "alternadoras" en los cabarés piquenses lo hacen con libreta sanitaria y provienen del extranjero o de otras provincias. Y que estos locales nocturnos suelen ser fachadas de "prostíbulos". Para el procurador, las mujeres que trabajan allí "bajo el eufemismo de `alternadoras´ usualmente ejercen la prostitución". Y quienes ejercen "la prostitución dentro de una casa de tolerancia a veces lo hacen voluntariamente y otras veces por amenazas, engaños o violencia".
Righi dijo que las disposiciones municipales como las que rigen en General Pico "reglamentan encubiertamente la explotación de la prostitución, además de constituir por sí mismas una seria irregularidad, favorecen la comisión del delito de trata de personas así como la de otros delitos conexos, pues la falsa apariencia de legalidad que esa normativa otorga al lugar en el que, según indica la experiencia, se consuma habitualmente la explotación que tiene en miras el tratante, resulta absolutamente funcional a la existencia del circuito ilícito que justamente se intenta".
Tras los cuestionamientos realizados por el procurador, se adujo que el municipio no podía clausurar los cabarés, pues los locales nocturnos contaban con habilitación municipal y un derecho adquirido por la legislación en vigencia hasta ese momento. El cierre de los cabarés podría derivar en juicios contra la comuna, se aseguró desde el Ejecutivo Municipal.