Ordenan competencia al juez Zabala

(General Acha/Agencia)
La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó una resolución y ordenó al juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala, para que reasuma su competencia en torno a la investigación por presunta trata de personas en el cabaré "El Delfín", clausurado hace una semana en General Acha.
La medida está relacionada con los resultados de un allanamiento practicado en el citado local, cerca del acceso a esta ciudad.
En el fallo, la Cámara Federal menciona que "constató la presencia de varios clientes en el local (todos masculinos) y de mujeres trabajando como alternadoras; entre ellas T.F.2, quien se encontraba detrás de la barra o mostrador, carecía de libreta sanitaria y dijo ser empleada de otro cabaré".
Continúa diciendo que también detrás del mostrador, en una repisa, se encontró una caja de madera conteniendo 99 preservativos y lubricantes, además de cinco preservativos usados, "en una habitación anexa, pegada al local, pero con entrada independiente por el exterior, en la que había una cama. Lo expuesto pone en evidencia las actividades que se estarían desarrollando en el comercio allanado, habilitado por la municipalidad local como cabaré".

Compromiso.
A raíz del último aspecto señalado en la resolución judicial, la situación comprometería también a las autoridades municipales de General Acha.
"En el estado actual del proceso y atendiendo a las constancias colectadas a este tiempo, restando medidas de prueba que producir para determinar si se ha configurado o no el delito por el que se requirió la instrucción, resulta prematura la resolución que declaró la incompetencia del Juzgado de origen en razón de la materia. Mientras no se descarte completamente la comisión del delito de trata de personas, la causa deberá seguir su trámite", sostienen los camaristas bahienses.
En consecuencia, determinaron que corresponde hacer lugar al recurso fiscal y revocar la resolución para que el juez Pedro Vicente Zabala reasuma "de inmediato" su competencia en el caso.

Fiscalía.
Al respecto, el fallo menciona que el Ministerio Público Fiscal apeló la decisión de Zabala, por considerarla prematura, entendiendo que aún resta producir prueba conducente, como las testimoniales de las mujeres que trabajaban en el lugar y del personal que intervino en el procedimiento "para determinar con certeza la existencia o no del injusto previsto en el artículo 145 bis del Código Penal".
Además la Cámara sostiene que en el caso "está acreditada la situación de explotación a la que se encontraban sometidas varias mujeres de distintas edades por el ejercicio de la prostitución en el local de un tercero, por lo que, a partir de la marcada relación entre el delito de trata de personas y el proxenetismo, resulta necesaria una rigurosa investigación de todas las manifestaciones de este último fenómeno".