Tenía tres trabajos, fue despedida y tiene que devolver más de $45 millones

Desde el Poder Judicial de la provincia de Río Negro echaron de su trabajo a una mujer después de que descubrieran que tenía tres trabajos simultáneos y se acordó una probation en la causa penal que le habrían iniciado en su contra por el delito de presunta defraudación en contra de la administración pública.

Con respecto a lo publicado por El Cronista, la mujer trabajaba en los tribunales de Cipolletti y, en conjunto con ese puesto laboral, tenía ingresos por parte de la Municipalidad de San Martín de los Andes como así también de una obra social. En consecuencia del mantenimiento de esa situación, desde el Poder Judicial inmediatamente dispusieron su despido y le reclamaron que devolviera más de $45 millones. Además, se le inició una denuncia penal.

Con respecto a la causa, la mujer va a tener que cumplir con una serie de pautas de conducta como así también, va a tener que pagar un adicional de $500.000 para que pueda suspender el juicio a prueba y, de ese modo, poder evitar que ese proceso avance a lo que derivaría en un debate oral.

En principio, la identidad de la mujer se encuentra en reserva después de que el juez de Garantías, Juan Puntel, resolviera la preservación de los datos personales de la demandada ya que habría presentado documentación médica y se solicitó que no se difundieran ni se hicieran públicos los datos asociados a su estado de salud.

La investigación inició por una actuación administrativa interna que se se llevó adelante desde el Poder Judicial. En ese momento se detectó que la demandada había usado distintas licencias para no presentarse en su puesto de trabajo en tanto llevaba adelante otras actividades laborales y percibía remuneraciones de forma simultánea.

Según la acusación que presentó el fiscal Diego Vázquez, publicó el Diario Río Negro, primero la mujer habría sido incorporada a la Municipalidad de San Martín de los Andes, lugar en el que cumplió con sus funciones desde junio hasta octubre de 2022. Después, ese octubre, empezó a trabajar en la Obra Social de Petroleros Privados, lugar en el que cumplió con sus funciones hasta agosto de 2024.

Lo que sostuvo la fiscalía es que esas actividades las llevó adelante mientras la mujer se encontraba vinculada con el Poder Judicial y que se encontraba haciendo uso de diferentes licencias. Según la normativa vigente del empleo judicial de la provincia de Río Negro, los integrantes no pueden ejercer ninguna otra actividad o cargo que se encuentre remunerado, a menos que sean tareas académicas.

En referencia a la investigación penal, la exempleada habría ejercido con conocimiento de la normativa vigente y que generó un perjuicio hacia la administración pública. Por parte de la fiscalía se calculó que la mujer percibió de forma indebida un total de $20.669.213,51.