Finalmente las jueces declararán sus bienes como los obliga la ley

El miércoles, en la última reunión de acuerdos, los ministros del Superior Tribunal de Justicia resolvieron declarar sus bienes como lo hacen los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El lunes, este diario había revelado que los jueces se resistían a hacerlo.
JUAN JOSE REYES
En la última reunión de acuerdos del STJ de La Pampa, llevada a cabo el 2 de agosto último, horas después de conocerse periodísticamente que el Poder Judicial se resistía a cumplir con ese trámite, se resolvió "comenzar a presentar las Declaraciones Juradas ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a partir de la correspondiente al presente año, en un todo de acuerdo con el régimen de la Ley 1252".
En otro párrafo del documento oficial dice que "se realizará un proyecto de Acuerdo por medio del cual se pondrá en conocimiento de dicha decisión al señor Fiscal General, Juan Carlos Carola (titular de la FIA)".
En 1748 cuando Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu acuñó la teoría de la división de poderes nunca pudo imaginarse que ciertos magistrados fueran renuentes a presentar sus activos a la consideración pública. Luego de tres encuentros realizados en Acuerdos este año por los cuatro ministros del máximo tribunal de justicia de La Pampa, decidieron en forma intempestiva dejar de lado las reticencias y comenzar a presentar sus declaraciones patrimoniales integrales de similar modo que el régimen que tienen los funcionarios políticos en nuestra provincia y que rige desde hace varios años.

Bienvenido el cambio.
La decisión de transparentar la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales, firmada el año pasado por los cinco ministros del cuerpo -Eduardo Fernández Mendía, Hugo Díaz, Elena Fresco, José Sappa y Fabricio Losi- y el titular del Ministerio Público Fiscal (MPF), el procurador Mario Bongianino, arribó a buen puerto.
De fuentes oficiales pudo conocerse que la presentación se hará desde el 1 de enero de 2017 en adelante. Ello implica que de ahora en más se tendrá certeza de los bienes declarados por los magistrados del STJ y otros funcionarios judiciales. Hablamos de los inmuebles y sus mejoras; terrenos y apartamentos dentro y fuera de la provincia; campos; autos y utilitarios; depósitos en el exterior; tiempos compartidos e inversiones y dineros en otras sociedades.
En diciembre del año pasado, por Nota 127/16, enviada por el Fiscal Carola, fue remitida para conocimiento del STJ una copia de la Resolución 1035/16, relacionada con el régimen de presentación de las DDJJ ante el organismo a su cargo. Hubo reunión preparatoria con personal de la FIA y varias reuniones pero no había decisión de hacerlo.
La resolución de iniciar el proceso de presentación, se dio a conocer en simultáneo al enojo de muchos políticos sobre el porqué del ocultamiento de sus riquezas. Casi con seguridad a partir de la fecha se pondrá en conocimiento de todos los magistrados provinciales el contenido de la presentación a fin de que empiece a cumplimentarse.

Más cámaras en el Centro Judicial
Los ministros del Superior Tribunal de Justicia, encabezados por su titular Hugo Díaz, se reunieron el miércoles, en el Salón de Acuerdos del máximo tribunal, con el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Pablo Bensusan, y con el jefe de la Policía, Roberto Osvaldo Ayala. Acordaron reubicar las cámaras de seguridad dentro de los edificios, reemplazar las que no funcionan y comprar nuevas. Además, convinieron ampliar la vigilancia a fin de reforzar el Centro de Monitoreo y el control interno. Por su parte, Ayala adelantó que instalarán en breve cámaras en el sector externo.

¿El fin de los sobres lacrados?
La Ley 1252/90, que fue modificada hace siete años por la Ley 2039/03, estipula cuáles son los funcionarios de los tres poderes del Estado que están obligados a entregar las declaraciones juradas de bienes. La ley 2039 incluyó exigencias que antes no estaban contenidas cuando el control de las DDJJ lo realizaba el Tribunal de Cuentas del marinismo, con el a la postre destituido Natalio Peres a la cabeza.
Los cambios implicaban que los funcionarios del Estado debían informar bajo juramento "todos sus bienes, rentas e ingresos de cualquier naturaleza, así como las deudas que tuvieren, con las especificaciones necesarias para conocer con exactitud su situación patrimonial". También debían informar los "consumos mensuales de tarjeta de crédito y débito; y saldos de cuentas corrientes y cajas de ahorro, por un período de un año anterior". La declaración debía contener, además, los mismos datos correspondientes al cónyuge y las personas sometidas a la patria potestad, tutela o curatela del funcionario.
Aquel cambio, provocó en su momento una fortísima reacción del Poder Judicial, que a través del STJ, se negó a cumplir la ley y declaró su inaplicabilidad. Por esa razón, hasta hoy, los jueces presentan sus declaraciones juradas ante el STJ pero bajo sobre cerrado y, a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios del Ejecutivo y Legislativo, sus declaraciones no son públicas sino secretas.
Recién el año pasado, en el mes de diciembre, el STJ comenzó a realizar gestos en dirección a transparentar la situación patrimonial de los miembros del Poder Judicial. En una acordada, decidió iniciar un "diálogo institucional" con la FIA para que el organismo de control se encargara de recibir y controlar las DDJJ de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales.
En su edición del lunes, este diario advirtió que las resistencias dentro de la magistratura seguían tan vigentes como antes y obstaculizaban el avance de las partes para concretar la medida. El miércoles, 48 horas después de publicada la noticia en la portada de este diario, los ministros del STJ firmaron la acordada.