Y no es tanto por simpatías con el kirchnerismo sino por rechazo a los procesistas

El país está dividido entre quienes apoyan las retenciones y los que cacerolean a favor de la Rural. Pero entre los organismos de derechos humanos hay mayoría en contra del lock out agropecuario.
EMILIO MARIN
Esta constatación de que la mayoría de los organismos humanitarios está en contra del lock out la sufrió en carne propia el energúmeno de Gualeguaychú, denunciado por "asociación ilícita" por Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo. La señora del pañuelo blanco hizo esa denuncia contra los presidentes de las cuatro entidades y Alfredo De Angeli, solicitando que una vez concluida la investigación penal se condene a los denunciados a 15 años de prisión porque emplean "métodos terroristas" y realizan "acciones tendientes a desestabilizar al Gobierno nacional, como fue tradición de las entidades que presiden".
El sojero entrerriano arrendatario de la sucesión de Alfredo Yabrán, a falta de mejores argumentos, optó por ningunear a Hebe. "Entonces no vamos a contestarle a la pobre, ya tiene sus años, no tiene claras las ideas", dijo. La dictadura las llamó viejas locas. De Angeli, locas viejas.
"Gaceta Ganadera", el sitio Seprin y otros voceros del lock out patronal pretendieron explicar la posición de Bonafini como "mercenaria"; estaría simplemente pagando los cuantiosos subsidios estatales que recibe su Asociación y la Universidad. Esos críticos creen que todo hombre y mujer tiene precio. ¿Cuál será el suyo?
Subsidios al margen, la mayoría de los organismos de derechos humanos tomó desde el principio una postura contraria a la Sociedad Rural. Y ésta no fue pergeñada por una cuestión de dinero sino de principios: los organismos humanitarios tienen con las agrupaciones de la oligarquía una cuenta pendiente por el apoyo de éstas a la dictadura militar.
Ese es el problema de fondo. Bonafini y muchos otros dirigentes que no coinciden con ella en todos sus enfoques, o en muchos de éstos, como Horacio Verbitsky (CELS), Estela de Carlotto (Abuelas), Tati Almeida (Madres Línea Fundadora) y quienes representan a Hijos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares, Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y un largo etcétera, tienen buena memoria.
Y por eso recuerdan que José A. Martínez de Hoz fue presidente de la Sociedad Rural Argentina durante el primer gobierno peronista y posteriormente superministro del videlismo en 1976. Y que otro directivo de la entidad, Jorge Zorreguieta, fue secretario de Agricultura y Ganadería de la dictadura. Ambos aplaudieron al tirano Videla en muchas exposiciones de Palermo, cuando las cacerolas de teflón no dijeron ni mu.
Las Madres y las otras organizaciones son amigas de Hugo Chávez. Y tomaron partido cuando los ganaderos de Carbap acusaron al venezolano de ser parte de la "oligarquía política que hiere profundamente la democracia de toda Latinoamérica al no permitir que cada pueblo se exprese autónomamente". Chávez había opinado en la cumbre del Mercosur en Tucumán en contra de los cacerolazos porteños y de otras ciudades el 16 de junio, asimilándolos con lo ocurrido en Caracas con el intento golpista de 2002, cuando "una oligarquía que no quería los cambios arremetió contra el gobierno".

En la vereda de enfrente.
Los organismos de derechos humanos vieron que el 25 de marzo, cuando empezaron a sonar las cacerolas de teflón de Recoleta y Barrio Norte, en la Plaza de Mayo estaba Cecilia Pando de Mercado. Su Asociación brega por la libertad de los generales Jorge R. Videla, Luciano B. Menéndez y demás genocidas a los que defiende como "presos políticos".
Ese dato puede no haber sido determinante para Raúl Castells, los dirigentes de la CCC y el MST, que compartieron la plaza con Pando. Pero para las experimentadas mujeres de derechos humanos, fue suficiente para ubicarse en la vereda de enfrente. El fascismo en una vereda. Ellas en la otra.
El 30 de marzo pasado, un documento puntualizaba: "rechazamos el lock out patronal y los proyectos monopólicos y desestabilizantes de la Sociedad Rural y sectores afines, avalamos las retenciones a los grandes propietarios y exportadores y apoyamos los reclamos de campesinos y pequeños productores".
Lo firmaban Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buena Memoria, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Herman@s por la Verdad y la Justicia, H.I.J.O.S., Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y Servicio Paz y Justicia.
La Asociación encabezada por Bonafini, por su parte, emitió su documento y, como los anteriores organismos, estuvo en la Plaza de Mayo el 1º de abril. La concurrencia se reiteró y amplió en ese histórico lugar el 18 de junio, cuando la presidenta Cristina Fernández volvió a fustigar a los "cuatro que nadie eligió".
Ese día también concurrieron, y lo explicaron en un documento titulado "Por qué vamos a la Plaza", Hugo Yasky, Horacio Verbitsky, Juan Gelman, Eduardo de la Serna y Lilia Ferreyra (compañera de Rodolfo Walsh), entre otras personalidades ligadas a los derechos humanos.
A éstos no les pasó desapercibido que en los cacerolazos de junio se habían registrado movimientos de ex represores en apoyo "al campo". El periodista Carlos Rodríguez, de Página/12, lo retrató en su nota "Dinosaurios de paseo": "anteayer, mezclados con los ruralistas y los opositores, vieron la oportunidad de pasearse entre la gente algunos represores y carapintadas. No se atrevieron a sacar las cacerolas pero sí a salir a protestar el coronel Emilio Nanni, veterano socio del levantamiento de Aldo Rico; el coronel retirado Héctor Schwab, con pedido de captura internacional del juez español Baltasar Garzón, y el general retirado Guillermo Viola, activo militante de la Unión de Promociones".

No subestimar la inteligencia.
Como cualquier persona y como los dirigentes políticos y sociales, los de derechos humanos pueden equivocarse. Pero de buena fe. Sus ideas "no se mezclan" como sugirió el nuevo Blumberg de la derecha coronado por los medios del establishment.
Los defensores de derechos humanos vieron que De Angeli fue acompañado en un acto en Azul por Julio Méndez. La Secretaría de DD.HH. de Buenos Aires puntualizó que se trataba de quien fuera "responsable del Campo Clandestino de Detención 'Quinta de Méndez', y tiene prohibido salir del país por el juez (Juan J.) Comparato de Azul".
La intolerancia se mezcla con el fascismo, sobre todo cuando las entidades del campo rico no toleran una prueba de archivo. Bastó que Hebe de Bonafini planteara una campaña en defensa de la democracia y pusiera a disposición el modelo de pañuelo de Madres con la leyenda "Ni un paso atrás", para que los responsables del lock out la declararan "persona no grata".
Eso sucedió por iniciativa de Mario Giraudo, de Coninagro, el 18 de junio, en un acto en Pilar, Córdoba, con presencia de De Angeli. "Defienden los derechos humanos, dicen, pero nunca defendieron los derechos humanos de los miles de productores que se quedaron en la calle y perdieron todo", acusó Giraudo.
La militancia de derechos humanos tiene archivo y recuerda que una de las jornadas más salvajes del lock out fue el 24 de marzo, justamente cuando el resto de la población se movilizaba por el día de la Memoria.
También tomó nota de las declaraciones antidemocráticas de Ricardo Buryaile, vice de CRA, quien planteó que "si el Congreso de la Nación ratifica las retenciones, debería ser disuelto".
Por otra parte, los aliados políticos de Buryaile, De Angeli, Luciano Miguens y Eduardo Bussi no dejan lugar a dudas sobre lo que puede pasar en derechos humanos si este bloque llegara a desestabilizar al gobierno. Mauricio Macri, Federico Pinedo y la bancada del PRO, los radicales, el Paufe de Luis Patti, el MPN de Jorge Sobisch, los menemistas, etc, ya se opusieron en 2003 a la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Los organismos perciben que en una Argentina co-gobernada por la derecha política y la Sociedad Rural no habría juicio ni castigo para los genocidas. Y en consecuencia, con mayor o menor simpatía por el gobierno de Cristina, la mayoría se ubica en las antípodas de los que cortaron rutas para quedarse con toda la rentabilidad del poroto y un pedazo del poder político.