Ser maestro, periodista o campesino sigue siendo muy peligroso en Honduras

Según el Departamento de Estado, en Honduras hay un gobierno perfectamente democrático. No hay tal cosa. Y se demuestra con el décimo periodista asesinado y la represión a la larga huelga del magisterio.
EMILIO MARIN
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, atraviesa una situación política contradictoria. De un lado, parece que la vida le sonríe y canta. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha sido una de las impulsoras del reconocimiento internacional a su gobierno, muy aislado al principio por resultar el continuador, y en buena medida la descendencia, del golpista Roberto Micheletti.
Al principio, luego de asumir en enero de este año, Lobo parecía padecer una enfermedad en extremo contagiosa porque eran contados con los dedos de una mano los presidentes y cancilleres que se atrevían a abrazarlo. Entre ellos se contabilizaban la misma Clinton, Alvaro Uribe, el panameño Ricardo Martinelli y enviados del Estado de Israel.
El intento del lobismo por reingresar a la OEA, ámbito donde el país había sido sancionado en 2009 por el derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya, no tuvo éxito. El secretario general Miguel Insulza conformó una comisión para preparar un informe y tratarlo en una próxima cita de cancilleres, pero hasta el momento tal votación no se produjo.
Hay que decir, no obstante, que el gobierno ilegítimo pudo dar algunos pasos en dirección a romper su aislamiento. En este momento todos los países centroamericanos han aceptado su retorno a la OEA, menos Nicaragua presidida por Daniel Ortega. Hasta el salvadoreño Mauricio Funes, del FMLN, dio su conformidad para ese operativo estadounidense que lavaría la cara de los continuadores de Micheletti. El recién nombrado, apoltronado como legislador vitalicio (y con fueros supuestamente eternos), se regodea con el continuismo de su obra.
Miguel Facussé y otros empresarios monopolistas también se frotan las manos, luego que se "normalizara" la relación con Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI. Los créditos y asistencia financiera volvieron a fluir como de costumbre, sobre todo cuando la Honduras golpista decidió salirse de la estructura del ALBA (Alianza Bolivariana de nuestra América), adonde había ingresado en 2008 por decisión del gobierno constitucional.
Pero no son todas rosas para Lobo. En los siete meses de gobierno ha debido enfrentar firmes demandas populares en lo salarial y por la legislación laboral por parte de los trabajadores, de tierras para cultivar de los campesinos y de denuncias nacionales e internacionales por violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, aunque quizás por ahora no sea visto como un factor de mucho riesgo para el régimen, puede tener importancia estratégica que Manuel Zelaya -aún viviendo en el exilio- haya tomado la decisión de sumarse y encabezar el Frente Nacional de Resistencia Popular. En esta organización hasta ahora estaban Rafael Alegría (campesino), Carlos Reyes (sindicalista), Bertha Oliva (derechos humanos) y otros luchadores. Ahora también está el ex mandatario constitucional, que reclama volver desde República Dominicana.

Maestros dan clase.
En la última semana de agosto los maestros dieron clases de dignidad y lucha por sus derechos. Particularmente el 20 y el 26 de agosto salieron a las calles de la capital unos 35.000 educadores y familias que los apoyan, y marcharon desde la sede de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) "Francisco Morazán" hasta la Casa de Gobierno.
Esos manifestantes reclamaron aumentos salariales que están muy demorados pero también el cese del robo a los fondos previsionales del magisterio que realizó el gobierno golpista contra el instituto de previsión IMPREMA. Los maestros y profesores aportan el 7 por ciento de sus salarios y descubrieron que el instituto mencionado había sido vaciado en 4.300 millones de lempiras por el gobierno de facto.
De allí su indignación y sus marchas, que comenzaron el 2 de agosto. Aún no cesaron. En la del 26 de agosto, a pesar de que fueron gaseados y tiroteados por los soldados del ejército, luego de tirar las vallas de la Casa de Gobierno, los manifestantes pelearon cuerpo a cuerpo con los represores.
Al día siguiente, 27, la policía y grupos paramilitares arrojaron un centenar de bombas de gas lacrimógeno en la universidad y posteriormente ingresaron a golpear y detener a muchos maestros. Ni las mujeres y sus niños acampantes se salvaron del salvajismo policial.
Tienen que estar muy convencidos los integrantes de los cinco gremios del magisterio que protagonizan esta lucha, al punto de salir a la calle varias veces a la semana, traer sus afiliados desde varios puntos del país para dormir tantos días en el suelo en la UPN y proseguir el reclamo a pesar de los gases, los palos y las balas.
A los negociadores del gobierno, Arturo Corrales y Rafael Callejas, no les ha sido fácil engatusar a los docentes. Es que éstos funcionan en asamblea de bases y mandatan diariamente a 25 delegados, que no deciden por sí sobre la negociación sino que llevan las propuestas a sus mandantes. Pero en los últimos días de agosto directamente Corrales y Callejas interrumpieron el diálogo. Y así fue que recrudeció el conflicto.
Se están reuniendo la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores (CGT) la Colectiva de Mujeres Hondureñas CODEMUH, el Bloque Popular, Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA) y otras organizaciones, con vistas a una huelga general.

Diez periodistas muertos.
Aunque la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) siga condenando en sus asambleas semestrales y resoluciones a gobiernos progresistas de la región, últimamente a Venezuela y Ecuador, sin olvidarse de Cuba, la realidad indica que los mayores peligros para los periodistas están en México y la propia Honduras.
Un reporte de TeleSUR documentó que desde el golpe de 2009 hasta ahora son diez los cronistas asesinados en la tierra de Morazán. El último de la serie fue Israel Zelaya Díaz, muerto el 24 de agosto en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país.
El 18 de febrero fue abatido el periodista Nicolás Asfura, de 42 años. El 1º de marzo fue baleado en su vehículo Joseph Hernández Ochoa, de 26 años. Diez días más tarde fue acribillado David Meza, de 51 años de edad, que era corresponsal del Canal 10. El 14 de marzo fue ultimado Nahum Palacios Arteaga, de 34 años cuando se desplazaba en su auto. El junio fue el turno del director de Canal 19, Luis Arturo Mondragón, asesinado en la puerta de su domicilio.
El informe de TeleSUR concluye: "los otros periodistas hondureños asesinados durante el año son Georgino Orellana (el 20 de abril), Luis Chévez Hernández (11 de abril), Bayardo Mairena y Manuel Juárez (26 de marzo)".
Aunque la SIP haya hecho la vista gorda, con algún comunicado al respecto muy de vez en cuando, tantos crímenes motivaron fuerte repudio en la región. En estos asesinatos está a la vista el intento del gobierno, las Fuerzas Armadas y los grandes intereses empresarios por acallar las voces opositoras mediante el terror.
El ALBA y el gobierno de Venezuela han ayudado bastante a Zelaya y la resistencia hondureña del FNRP, en contra del golpismo. Otro tanto han colaborado los gobiernos de Unasur, entre ellos Argentina, que en las recientes cumbres de la entidad han invitado especialmente al ex presidente Zelaya. Así ocurrió en los actos por el Bicentenario y recientemente en el Foro de San Pablo en Buenos Aires.
Por razones elementales de solidaridad democrática y por la preservación de las libertades para el ejercicio de la profesión, es importante que el periodismo de Argentina tome postura sobre lo que pasa en Honduras.
Magdalena Ruiz Guiñazú y otros empleados del grupo Clarín hicieron en mayo-junio una campaña victimizándose ante una supuesta campaña de hostigamiento oficialista. Sin embargo, cuando 678 le preguntó por qué sería que la SIP ignoraba el drama de Tegucigalpa, dijo no saber pero aclaró "que no se ocupaba de temas internacionales porque estaba muy concentrada en la situación nacional".
En el fondo, como editorializó "La Nación", el putsch en Honduras habría servido para salvar el país de caer "en una dictadura a lo Chávez". Con esa concepción, copiada del Departamento de Estado norteamericano, los diez periodistas asesinados en Honduras son un detalle menor.