Robo de bebés y política de Estado

La publicación de un nuevo caso de secuestro de bebés en la provincia de La Pampa ocurrido en tiempos de la última dictadura militar vuelve a poner de relieve, ante los pampeanos, las vetas del horror que se vivieron en los años setenta y cuyas heridas parecen no querer cerrarse. Llagas que estarán abiertas hasta que consigan curarse por el único remedio de la justicia, la memoria y la verdad.
Hasta hace unos años, encontrar algún dato sobre los desaparecidos pampeanos fuera de la provincia era todo un logro. La desmemoria, la condena social y el miedo habían tapiado cualquier camino hacia la verdad. De a poco empezó a conocerse, gracias a los vientos que impulsaban las investigaciones a nivel nacional, no sólo quiénes eran las víctimas del terrorismo de Estado sino también detalles de crímenes y hechos aberrantes hasta entonces ocultos y que habían sucedido en pleno centro de la capital provincial.
Estos aires de nueva época lograron una expansión de la memoria nunca antes vista. Avances judiciales, periodísticos y políticos se potenciaron así para dar con victimarios y resarcir a las víctimas. Para descubrir nuevos casos de ignominia y demostrar con la acumulación de información la verdad de una de las etapas más horrorosas de la historia política del país.
Esos vientos son los que soplan desde hace ocho años, y todo indica que continuarán. La reivindicación de la lucha por los derechos humanos y del juzgamiento de los responsables de la represión ilegal en la Argentina de los años 70 es una política de Estado que puso en marcha el matrimonio Kirchner. Una línea de trabajo político a nivel nacional que se ha mantenido y profundizado en los dos períodos presidenciales. Y que es reivindicada públicamente cada vez que tiene la oportunidad por la Presidenta de la Nación.
Esa política de Estado fue parte de lo que el domingo 23 de octubre muchos argentinos respaldaron en las urnas, sobre todo un electorado transversal y conciente que premió lo que esperaba de tantos gobiernos, y que antes no se había conseguido o promovido: justicia, memoria y verdad.
Con esos saludables vientos también contribuyó una Justicia comprometida con la investigación de los hechos y con la condena de los crímenes de lesa humanidad. En La Pampa se tuvo uno de los mejores ejemplos, con el juicio del año pasado a nueve represores integrantes del grupo de tareas de la Subzona 14. Y continúa con la segunda parte de esa investigación que tiene a más de 30 sospechosos y más de 300 supuestas víctimas que quieren contar lo que padecieron en aquellos oscuros años de la dictadura militar. Un trabajo que marcha silencioso pero también a paso seguro y sin pérdida de tiempo, como ocurrió con otras causas.
Esa tarea judicial es también la que ha abonado la búsqueda de la verdad al contener a las víctimas y darles el ámbito natural para hacer sus denuncias, para buscar la reparación del daño. Fue así que la madre y el padre de los mellizos que fueron robados en 1975 del hospital Lucio Molas se animaron a contar lo que sufrieron y reclamar, después de décadas de silencios y miedos, justicia para ellos y sus dos hijos.