Las tribulaciones de los orientales

Señor Director:
La ley de caducidad de Uruguay no ha caducado.
Se trata, como se sabe, de la ley de amnistía que logró imponer el último régimen dictatorial antes de retirarse de la escena y de hacer lugar a la recuperación de las instituciones republicanas. Ante una denuncia del organismo interamericano de derechos humanos, el actual gobierno del Frente Amplio, que fracasó en su primer intento (en el período anterior) de derogar la amnistía, ideó una ley basada en los principios constitucionales. Esta proyecto se atenía al principio incorporado a la constitución que reconoce que los derechos humanos son prioritarios y no pueden quedar limitados por decisiones políticas.
Uruguay había hecho dos referendos acerca de la ley de caducidad, ambos con resultado negativo. De acuerdo con el principio mencionado, estas decisiones carecen de valor. La ley que acaba de estar en discusión tenía esta base para derogar la ley de caducidad (amnistía). El partido de gobierno, el Frente Amplio, resolvió seguir esta línea y proyectó la ley respectiva. Diputados la aprobó con margen estrecho. Pasó al Senado, donde fue también aprobada con la ventaja mínima, pero con cambios. Vuelta a Diputados, surgió lo que puede ser llamado un "problema de conciencia", por la colisión de dos principios muy caros al ideario democrático: el respeto a la constitución (que prioriza los derechos humanos) y el respeto a la voluntad popular, expresada en dos referendos. En esta situación, el partido Frente Amplio resolvió llevar adelante la ley que deroga la amnistía, pero altos dirigentes, entre ellos el actual presidente Mujica y su predecesor, del mismo partido, dijeron que no debía anularse de esa manera la expresión de la voluntad popular. Las tribulaciones se hicieron manifiestas en ambas cámaras. En el Senado, un legislador del Frente Amplio que se oponía la ley, asistió a la sesión, votó la derogación e inmediatamente renunció a su banca. Su voto dio mayoría a la aprobación de la ley derogatoria. En Diputados, donde la diferencia conocida era de un voto, un legislador del Frente Amplio decidió no asistir a la sesión, lo que dio lugar a un empate, al fracaso de la ley derogatoria y al mantenimiento de la ley de caducidad. Mujica y otros dirigentes de la coalición gobernante han propuesto otras alternativas para que sea posible investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. También hay quienes auspician un nuevo y definitivo referendo.
Al margen de las cuestiones de estricto derecho, el problema no es novedad en la historia de las naciones. Siempre se ha discutido el fundamento de la amnistía. Una línea que ha tenido muchos seguidores, se ha inclinado por aceptar que la amnistía, si bien consagra la impunidad y por ende la injusticia, debe aceptarse para que la sociedad no quede empantanada en el debate y los procesos judiciales por hechos del pasado. Es decir, se acepta la impunidad y la injusticia que supone, a cambio de tranquilizar los ánimos y permitir que la mirada se pose en el futuro por construir. Más recientemente, sobre todo con la adopción de los derechos humanos por la comunidad de las naciones (Naciones Unidas) y la incorporación de su reconocimiento en la constitución de los países miembros, la posición contraria a la amnistía ha cobrado fuerza considerable. El argumento contrario al que convalida la amnistía por la recuperación de energías para afrontar el porvenir, está representado por la ponderación del valor de la memoria "para no repetir los mismos errores o crímenes" y, en particular, para jerarquizar el principio de la justicia encaminada por la vía de los procedimientos de acusación y defensa previstos por la ley.
Uruguay pasa por una experiencia traumática que se instala sobre una disyuntiva que la Argentina ha afrontado, luego de alternativas, con el enjuiciamiento de los responsables.
Atentamente:
JOTAVE