No hay peor sordo que el que no quiere oír

La respuesta oficial frente a los cuestionamientos de los servicios públicos suele ser siempre la misma. Que las prestaciones son buenas, que el Estado funciona bien y que las voces críticas exageran o tienen dobles intenciones con determina situación.
La semana pasada volvieron a escucharse quejas en el hospital Lucio Molas. Un jefe de servicio habló -con cifras concretas- del atraso de las cirugías infantiles, de la escasez del recurso humano y de la falta de incentivos salariales. Desde la Asociación de Profesionales se remarcó que "la solución de un problema empieza con el reconocimiento del problema y no con su negación".
Esa frase aludió en forma directa al ministro de Salud, quien recurriendo a esa estrategia de negación, salió rápidamente a desmentir al médico. Sin embargo, sus palabras carecieron de convicción porque no mostró fundamentos suficientemente sólidos para rebatir todas las objeciones.
La cuestión no pasa por un chisporroteo mediático circunstancial ni por quién tiene más o menos razón, sino porque las críticas, y la crisis, en el ámbito de la salud llevan un arrastre de años. ¿Puede creerse acaso que las objeciones siempre son exageradas o tienen doble intención? ¿No es posible pensar que faltan enfermeras y médicos, que las camas no alcanzan, que se gasta mucho en derivaciones y que los sueldos son bajos en comparación a los de otras provincias?
Históricamente, La Pampa ha tenido como uno de sus objetivos darle importancia a su sistema de salud. Quizá su mejor época haya que ubicarla en los '70, no sólo por la calidad de las prestaciones sino por el fuerte respaldo de sus autoridades y de los médicos al hospital público.
Hoy eso no ocurre, o al menos en todos los protagonistas. Hay muchos médicos, enfermeras, camilleros y administrativos con la camiseta estatal puesta, como hay otros que concurren -o simplemente fichan y desaparecen- solamente para cobrar un sueldo a fin de mes.
El gobierno, no sólo en esta gestión sino también en anteriores, no se ha preocupado en establecer un sistema de premios y castigos que incentive a los que más y mejor trabajan. Como tampoco lo ha hecho en otros sectores de la administración pública. En cambio prefiere mirar para otro lado y hacer como si esa realidad no existiera.
Si todo funciona bien y el servicio de salud es bueno, ¿por qué en apenas diez días se escucharon quejas en el Molas, tuvieron que usar estufas eléctricas en el hospital de Toay para calentar las salas, en Catriló hubo una denuncia de malos tratos que involucró a su personal y se produjo una movilización en Doblas contra el cambio de la directora?
Si se quiere profundidad en esta problemática habría que revisar la cantidad de derivaciones que existen los fines de semana desde el interior hacia Santa Rosa, observar la cantidad de pueblos donde hay sólo uno o dos profesionales, preguntarse porqué no es posible evitar traslados de pacientes a centros privados de otras provincias con igual o menor complejidad que el Molas, replantearse si es necesario privatizar los servicios de limpieza, pensar sin engañarse si es imposible designar más enfermeras, etc.
La provincia, a diferencia de otras jurisdicciones, atiende en sus hospitales sin restricciones y hasta entrega en muchos casos -quizá más de los necesarios- medicamentos gratis. Esa también es otra de las caras del sistema. Pero ello no implica que no se necesite más personal y mejores condiciones laborales. Porque la salud no pasa sólo porque haya veinte tomógrafos, como parecen pensar muchos funcionarios. Esa aparatología necesita del recurso humano para que funcione.