Carrillo e Illia ganan combate por la salud

Señor Director:
Entre los derechos del hombre, cuyo enunciado y codificación fue empresa retomada luego de la II Guerra, en particular en el escenario de la ONU, figuran también los distinguidos como sociales.
Los derechos con rango social están referidos al conjunto, en tanto que otros acentúan la referencia a cada persona. En sustancia, no hay diferencia; cuando se dice "del hombre", se hace referencia a toda persona, incluyendo a las que no han alcanzado la madurez y también a quienes irán naciendo. Sin embargo, las Naciones Unidas han sentido la necesidad de referirse por separado a lo social. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es de l966, más de una década después de la Declaración Básica (que retomaba la de la Revolución Francesa). En el rubro Sociales se destacó rápidamente el tema del derecho a la salud y se configuró la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es una de las más activas y respetadas. Todavía en el 2000 se difundió una Observación General sobre el Derecho a la Salud para dejar en claro que no se piensa que ese derecho comience a partir de la enfermedad, sino que incluye también a los factores determinantes de la salud: agua limpia y potable (y accesible), vivienda, condiciones laborales y medio ambiente. Todo lo relacionado con la salud se enuncia prolijamente en cuatro rangos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Tal es el encuadre en que debe considerarse la ley que acaba de ser sancionada por el Senado de la Nación, referida a la Producción Pública de Medicamentos. Vale remarcar que el pronunciamiento de los senadores fue tomado por unanimidad, a pesar de que estamos en plena época electoral (cuando se prefiere no mostrar coincidencias). Esta decisión atiende a la accesibilidad, porque la realidad muestra que hay muchos medicamentos fuera del alcance de la población de pocos y aun de medianos recursos, sobre todo los que se aplican a enfermedades terminales y también a esas enfermedades raras, los cuales ni siquiera llegan a producirse porque la clientela es escasa y la renta nula.
Uno de los objetivos de la ley es dar reconocimiento y apoyo a los laboratorios públicos que han estado surgiendo en nuestro país para afrontar el problema de la carestía, la especulación y el exceso del lucro como determinante de la producción y distribución regular. En el debate se dijo que ya hay en el país 39 laboratorios públicos, dependientes de universidades y organismos de gobierno. También se recordó en el Senado que un proyecto encaminado en la misma dirección que esta ley, provocó la caída del gobierno de Illia, en 1966 (para dar comienzo a la dictadura de Onganía). Illia, que venía de un largo ejercicio de la medicina, se proponía controlar los precios y la propaganda. Asimismo, se citó a Ramón Carrillo, otro médico que llegó a funciones de gobierno (ministro de Salud de la nación). La frase de Carrillo que fue citada, decía que las conquistas científicas sirven si son accesibles al pueblo. El vocero del oficialismo, Eric Calcagno, destacó que la ley no trata de desplazar al sector privado (de medicamentos), sino que se busca establecer una economía mixta en la que ambos sectores pueden convivir. El mismo senador subrayó el aumento de las ganancias del sector privado y lo contrastó con la existencia de "drogas huérfanas", llamando así a las que son abandonadas por los laboratorios porque tienen un mercado muy pequeño. Como contraste se destacó el esfuerzo y afianzamiento de los laboratorios públicos: el de la universidad de Rosario, el Puntano, el de General Pico (citado por Higonet). El Plan Remediar puede ser cubierto con medicamentos de producción pública. La ley hace más. Por ejemplo, obliga las obras sociales a cubrir las Enfermedades Poco Frecuentes (EPF).
Puede esperarse que el derecho humano a la salud haya ganado otra batalla.
Atentamente:
JOTAVE