Cuestión de tiempo

El revés que sufrió ayer la aplicación total de la Ley de Medios Audiovisuales es demostrativo del poder de fuego que tiene la mayor corporación de medios del país: el Grupo Clarín.
No existen antecedentes en la jurisprudencia argentina de un particular resistiendo durante tres años la aplicación de una ley sancionada por amplia mayoría por el Congreso de la Nación mediante el uso de medidas cautelares que son, por definición, instrumentos legales de carácter provisorio, contingente.
Como ha dicho un conocido jurista, hoy el grupo mediático no solo pretende situarse por encima de los alcances de la ley, también desafía a las instituciones de la democracia y se da el lujo de legislar con cautelares.
Esta última sentencia de la Cámara Civil y Comercial desoye abiertamente a la Corte Suprema de Justicia que había establecido como fecha tope para la vigencia de las medidas cautelares el 7 de diciembre. Los jueces hicieron doblete el mismo día: extendieron la cautelar sin plazo determinado, hasta que se produzca en primera instancia un fallo sobre la cuestión de fondo, y a partir de allí, ampliaron un año más la vigencia de la medida. Pero antes, habían rechazado la recusación presentada por el gobierno contra un juez de ese tribunal que había viajado con los gastos pagos a Miami a un encuentro organizado por una institución de la cual forma parte el Grupo Clarín.
Esas dos decisiones del tribunal entran en colisión con el máximo organismo que rige la justicia en el país y con una elemental norma de procedimiento que considera que un juez debe apartarse de una causa cuando ha mantenido algún vínculo tan directo con una de las partes en litigio.
Quizás esta flagrante ausencia de independencia del tribunal fue lo que motivó el lapidario juicio del titular de la Afsca quien advirtió que "la justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte de ella está colonizada por esas mismas corporaciones".
Uno de los rasgos más positivos de este gobierno ha sido el de no "arrugar" ante las corporaciones que saben cómo presionar con su poderío político o económico a los gobiernos para mantener privilegios impropios de un Estado democrático. Pero ninguno de esos poderes fácticos que se enseñorean en nuestro país se resistió tanto a ceder sus prerrogativas como el gigantesco grupo mediático. Para ello contó, y cuenta, con la complicidad de parte del aparato judicial, en cuyas filas resisten todavía resabios de una concepción autoritaria y antidemocrática. La línea de jueces que falló en contra de la aplicación total de una ley democráticamente aprobada por una decisiva mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Nación para favorecer los intereses económicos de un poderoso grupo de medios, lo confirma a plenitud.
La propia Corte Suprema tuvo que reconocer que en la batería de medidas presentadas por el Grupo Clarín para boicotear la aplicación plena de la ley apenas se menciona, en forma lateral, el concepto "libertad de prensa". En cambio abunda hasta el hartazgo la terminología referida a los presuntos "daños económicos" o "perjuicios patrimoniales".
El propósito central de la Ley de Medios es propiciar la pluralidad de voces y poner límite a la gran concentración oligopólica. Y a quien se excede lo obliga a vender, no a ceder o a regalar como en forma ladina se presenta en la cadena de medios vinculados a los grandes grupos mediáticos.
Quienes se vanaglorian de derrocar gobiernos democráticos con "cinco tapas" y consideran la función de presidente de la Nación como "un cargo menor", son los que atacan esta ley. Pero no lo hacen con argumentos profesionales o éticos, sino puramente económicos, como lo señaló la Corte.
Exactamente por ese punto pasa la delgada línea roja que separa por un lado a los que defienden la nueva ley y, por otro, a los que ponen trabas para evitar su vigencia.
Y parte de la justicia argentina, como lo acaba de demostrar la Cámara Civil, milita decididamente en el lado opuesto de los que quieren la libertad de expresión libre de oligopolios.