La delgada línea entre entre el decir y el hacer

Algunos casos de la política local de los últimos tiempos han demostrado hasta dónde las conveniencias de intereses partidarios, de poder o personales, llevan a soslayar o encubrir en los hechos prácticas cuestionadas o directamente que constituyen un delito prima facie, aunque la justicia tenga todavía que determinarlo.
Uno de esos hechos ocurrió en 25 de Mayo. Este diario publicó cómo el intendente local utiliza los piquetes que se realizan contra las empresas petroleras para proveer trabajo a algunos de sus seguidores. En un video que tiene la justicia provincial, se observa al jefe comunal, procesado actualmente por abuso de autoridad y con varias causas abiertas por supuestas irregularidades en su función, festejando el final de un corte de ruta a una empresa petrolera. Allí, además, se ve cómo alienta nuevas protestas y da indicaciones a sus seguidores que muestran claramente el uso de prácticas clientelares. No es la primera denuncia de este tipo, pero sí es la primera vez que lo toma una cámara.
Consultado por esa situación, el intendente afirmó en una radio local que prefiere que la justicia lo investigue por promover reclamos contra las empresas petroleras con tal de darle trabajo a los habitantes de la localidad que sufren penurias económicas. Una postura que implica un compromiso hacia los más desamparados, pero esto no implica que desde su investidura institucional sea el que promueva este tipo de conflicto en los que se pueden dar algún tipo de delito o que utilice esas protestas para conseguirle ocupación a sus prosélitos en firmas privadas, algo a lo que no todos los ciudadanos que se encuentran desocupados pueden acceder sin pertenecer a las filas oficialistas.
Otra cuestión debatida ha sido la polémica surgida en torno a la denuncia sobre un puntero del justicialismo santarroseño acusado de golpear a su pareja. En momentos en que desde el gobierno nacional se impulsan políticas de género, sobre todo contra la violencia hacia las mujeres, pocos han sido los dirigentes que han condenado públicamente la acción del acusado. De hecho, hasta la vicegobernadora, que ha sido una de las caras visibles de la lucha contra la violencia de género en los últimos tiempos, ha titubeado cuando se le preguntó si el PJ no debería expulsar de sus filas a quienes cometen este tipo de ilícitos. También se conoció que una fundación del involucrado recibe subsidios de la misma presidencia de la Cámara, además de otros diputados. En el resto del PJ, pocos han sido los que se manifestaron contra este accionar y hasta el Consejo de Unidades Básicas de la capital provincial, se negó a condenar esa conducta.
Hay una delgada línea entre las conveniencias políticas y partidarias y las responsabilidades que deben tener algunos dirigentes en condenar o impedir determinados tipos de abusos o actos delictivos. El problema es cuando este tipo de contradicción se vuelve una costumbre.