Respuestas evasivas

Si el esquivo y superficial tratamiento dado por los sectores burocráticos del partido gobernante a un caso de violencia de género, protagonizado por una jerarquía intermedia, había dejado molestos a los grupos de militantes y estudiosos de esa problemática, las recientes declaraciones de la titular del Consejo Provincial de la Mujer no pueden menos que haberlos sumido en el asombro.
Es que la secretaria del cuerpo encargado de evaluar y ordenar los problemas de género en la provincia, enfrentada a la situación arriba mencionada, ha afirmado que el acoso laboral y sexual "no es una cuestión partidaria", si bien reconoció que se está trabajando en la difusión de la ley "para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y las relaciones interpersonales (...) también hay que crear conciencia".
Más allá de la coincidencia en que ambas tareas son necesarias y complementarias (la funcionaria señaló que "en nuestra cultura patriarcal está incrustada la violencia y la desigualdad de género") se halla fuera de toda duda que lo que debe prevalecer es una reacción acorde a la gravedad de los casos denunciados.
Las implicancias (o toma de posición, según se lo mire) no son de menor importancia, especialmente al ver que la funcionaria considera al acoso como "un ADN cultural" de nuestra sociedad y se niega a considerarlo como una cuestión inherente a la política partidaria, subrayando que hasta en los propios partidos existen pensamientos diferentes sobre el tema y que "sería un error instalarlo en el marco de la política partidaria ya que el partido no puede expulsar a un afiliado por esta razón".
Si se considera que esas expresiones -que no han sido sacadas de contexto- corresponden a un conocido dirigente de un partido que hasta hace muy poco tiempo insistía sobre la necesidad de "sacarle tarjeta roja" a golpeadores y acosadores, lo mínimo que se experimenta es sorpresa y desorientación. Que aumenta ante otra expresión de la funcionaria quien, consultada por otro caso, esta vez de denuncia de acoso sexual, público y notorio, dijo estar enterada "por la prensa", aunque reiteró que se trata de "procesos complejos".
Además, la secretaria, ante un tema que está claramente planteado, tuvo la desdicha de comparar ese presunto "proceso complejo" para entender y juzgar a los golpeadores y acosadores con los treinta años que tuvieron que pasar "para que como país se juzgara a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos". Las implicancias de esta comparación tampoco fueron afortunadas.
Para quien lee o escucha esas declaraciones -en un tema en que la opinión de alguien de su posición debería ser taxativa- se plantean dos alternativas: pensar que no le otorga la debida importancia desde el cargo que ocupa o que recibió de instancias superiores la indicación de soslayar la postura de quienes no quieren actuar frente a casos denunciados y comprobados de acoso y violencia de género.
Finalmente, cuando se le preguntó si no le llamaba la atención la pérdida del empleo por parte de una de las denunciantes de acoso, dijo que "el Consejo de la Mujer no es el ámbito de atención primaria de esta problemática". Esta sofisticada evasiva que usó para responder inclina -lamentablemente- a la segunda de las posibilidades mencionadas.