Recalculando la relación con los organismos financieros

Producto de varios condicionantes económicos, el gobierno nacional modificó su relación con los organismos financieros internacionales. El ciclo expansivo que se termina y la posible apelación al ajuste.
Eduardo Lucita*
En lo que parece ser un giro copernicano, no precisamente por su carácter científico, el gobierno ha reorientado su política en relación con los organismos financieros internacionales. Así al menos lo preanuncian una seguidilla de noticias que coparon las redacciones de los medios gráficos en los últimos días.
A partir del viernes pasado, en paralelo con la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se sucedieron un cúmulo de noticias -"todas buenas" según los voceros del gobierno-, impactando en los analistas económicos y en los propios mercados. En orden de aparición mediática podemos mencionar: se destrabaron líneas internacionales de crédito, se acordó con empresas extranjeras que tenían juicios a su favor, se anunciaron avances en las negociaciones por el nuevo índice de precios, se colocarían bonos Baade, las empresas que están operando en Vaca Muerta ya llegarían a 30 y otras 40 estarían por venir. Y las relaciones con Estados Unidos estarían mejorando.
Los gurúes de la City no ocultaron su regocijo. La bolsa acentuó el alza que se verifica desde principios de año. Los formadores de opinión apenas atinaron a balbucear "¿por qué no lo hicieron antes?". Los inversionistas internacionales afirman que los activos argentinos están muy baratos. ¿Qué ha pasado? Que la realidad se impuso sobre los discursos y la vuelta a los mercados está rondando la esquina.

 

Límites estructurales.
El ciclo económico expansivo que se iniciara a mediados de 2002 y que llega hasta nuestros días, apenas con una baja en 2009 producto de la crisis internacional, se benefició ampliamente del no pago de la parte privada de la deuda declarado bajo el gobierno provisorio del presidente Adolfo Rodríguez Saá y de la macrodevaluación operada en el de Eduardo Duhalde. A partir de ahí los superávit financiero y comercial facilitaron un conjunto de políticas activas del Estado para recrear el mercado interno, fomentar el empleo y la recuperación salarial, impulsar un tibio proceso de sustitución de importaciones y una amplia política de subsidios, empresariales y sociales.
La reestructuración y canje de la deuda externa primero y la reconversión de una parte importante de la misma en interna después, abonaron la idea de que el problema estaba resuelto para siempre. Cuando comenzaron a escasear los fondos se recurrió, con toda legitimidad, a la captura de renta extraordinaria vía aumento de las retenciones primero y a la nacionalización de las AFJP después, respondiendo de paso a un largo reclamo popular, a reformar la Carta Orgánica del Banco Central, dando mayor libertad a la emisión monetaria, a restringir importaciones y a frenar la salida de capitales.

 

Ciclo estirado.
Todas estas medidas combinadas con el alza de los precios de las materias primas en el mercado internacional, permitieron estirar el ciclo expansivo. Sin embargo, como no hubo transformaciones estructurales, al cabo de una década los tradicionales limitantes de nuestra economía volvieron a aparecer: restricción externa, inflación sostenida, déficit fiscal, insuficiencia de inversión reproductiva, problemas de infraestructura, peso de los pagos de la deuda, fuga de capitales...
La política de subsidios ya alcanzó un nivel no sostenible en el tiempo y la emisión monetaria esta tocando sus límites. La crisis energética requiere importaciones crecientes de energía y el ingreso de dólares no alcanza para cubrir las importaciones y el déficit en el balance de divisas -en energía, en turismo y en la industria automotriz-. Mientras, el blanqueo no ha funcionado. Los intentos de controlar el alza de precios fracasaron uno tras otro, el dólar paralelo se disparó y las reservas caen sistemáticamente.
La necesidad de hacerse de divisas frescas, de conseguir financiamiento adicional, de controlar la inflación están en el centro de las preocupaciones gubernamentales, la economía va a un ajuste, y este puede que sea luego de la próximas elecciones o de las de 2015. No necesariamente será uno clásico, pero algún ajuste vendrá.

 

Secuencia.
Es en este marco que debe entenderse este giro en la relación con los organismos internacionales. La secuencia de los mismos no se corresponde con la de los anuncios. Vamos por partes.
El punto de partida fueron los contratos con las petroleras Chevrón y PAE, ya largamente analizados, seguidos ahora por los arreglos en el Ciadi. Formalmente este organismo que depende del BM es un ente arbitral para el arreglo de diferencias relativas a inversiones. En los hechos concretos pone en igualdad de condiciones a empresas privadas con Estados soberanos e implica una renuncia explícita de las jurisdicciones nacionales a favor de un tribunal extranjero.
Esto es lo que ha pasado con las cinco empresas extranjeras que tenían sentencia favorable en sus juicios contra el Estado nacional, todos originados en la salida de la convertibilidad -renegociación forzada de contratos, pesificación asimétrica, congelamiento tarifario- por 677 millones de dólares. El acuerdo alcanzado implica una quita del 15 por ciento en el capital adeudado y una reducción del 45 por ciento en los intereses devengados, lo que arroja un monto a pagar con bonos de 500 millones de dólares.

 

Fondos destrabados.
El acuerdo permitió liberar líneas de crédito del BM -trabadas por el voto negativo de EEUU, Gran Bretaña y España- por 3.000 millones de dólares contemplados en el "Acuerdo Estratégico 2014-2016" y aplicables por partes iguales a programas sociales, de infraestructura y energías renovables.
El haber destrabado estos créditos implica un ingreso de divisas frescas al país, que se complementa con la extensión de los plazos para el blanqueo de capitales. Los anuncios de una posible suscripción de bonos Baade, por unos 1.000 millones de dólares, por las cerealeras y la petrolera Bridas, van en la misma dirección. A esto debe agregarse que las empresas que suscribieron el arreglo en el Ciadi habrían comprometido que el 10 por ciento de lo reclamado, unos 67 millones de dólares, se destinaría a la suscripción de esos mismos bonos. Todo se cargará al monto de la deuda externa. El cuadro se completa con que estarían avanzados los estudios para un nuevo índice de precios que reemplazaría al actual y que contaría con el visto bueno del FMI.

 

Recalculando la relación.
El giro del gobierno, dejando atrás una retórica discursiva de confrontación parece estar orientado a su reinserción en el sistema financiero internacional. Los acuerdos alcanzados le pueden dar un respiro, pero tienen su contrapartida. Se ha convalidado el arbitraje del Ciadi -conviene recordar que Argentina tiene allí unas 50 demandas por la friolera de poco más de 60.000 millones de dólares-, los avances con el FMI se completaran con la aplicación del artículo cuarto de su Carta Orgánica, revisión anual de la economía, algo a lo que el gobierno se negara sistemáticamente desde el 2005. Finalmente el acuerdo por la deuda con el Club de París, unos 9.000 millones de dólares, computando los intereses.
El gobierno ha desestimado cualquier salida alternativa, de las que hemos dado cuenta numerosas veces desde esta columna. Apuesta a que consolidado este giro, los mercados "voluntarios" de crédito estarán disponibles. Simplemente y sin eufemismos, el regreso al círculo perverso del endeudamiento.
Así están las cosas.

 

* Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda