Iglesia se niega a abrir los archivos

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, aseguró que no entregará a la Fiscalía General de la República (FGR), "ni una hoja" de un archivo sobre crímenes cometidos en la guerra civil (1980-1992).
Tras reconocer que el viernes fueron "sorprendidos" por la visita repentina de personal de la FGR, Escobar comentó durante una rueda de prensa, que les hizo saber a los fiscales que el archivo es propiedad de la iglesia y que no permitirán removerlo y "ninguno de los expedientes, ni siquiera una hoja".
"Nosotros los sacerdotes tenemos el sigilo sacramental por el que estamos dispuestos a morir antes de revelar lo que hemos escuchado, este no es sigilo sacramental porque no se estaba en confesión, pero también es información confidencial y entra en el campo del sigilo y estamos dispuestos a todo por proteger esa buena fama, máxime que son (de) las víctimas", resumió Escobar
La orden judicial que presentaron los fiscales, según el arzobispo, les daba "amplias facultades para actuar" para el allanamiento y secuestro de todos los documentos del histórico archivo. Al final solo lo inspeccionaron y colocaron cinta amarilla en las puertas.
El procedimiento de la Fiscalía se produce en el marco de una polémica interna de la iglesia católica luego que el 30 de septiembre decidió "disolver" la Oficina de Tutela Legal, que fue creada en 1982 por el arzobispo Arturo Rivera, para dar seguimiento al Socorro Jurídico creado por el asesinado arzobispo Oscar Arnulfo Romero para documentar la represión a los civiles.
Los argumentos de la Fiscalía, en palabras del arzobispo, es que quieren "garantizar la protección de los documentos". En el marco del conflicto armado, la población civil que sufría la represión por falta de confianza en el sistema judicial acudía a Tutela Legal a presentar sus denuncias. Esa confianza le permitió al organismo humanitario documentar unos 50.000 casos de violaciones a los derechos humanos, los cuales sirvieron de base para un informe que tras el fin de la guerra civil en 1992 presentó la Comisión de la Verdad, creada por la ONU para investigar las atrocidades cometidas.