Pobres estímulos para los decentes

Esta semana una información ocupó muy pequeño espacio en algunos diarios a pesar de su enorme importancia. Se trata del desprocesamiento de 24 ex funcionarios menemistas investigados por cobrar sobresueldos en los años noventa. La Cámara de Casación fue la que dictó la resolución, pero no por haberlos encontrado inocentes. En muchos de esos casos, sus ostentosas vidas privadas hablan por sí solas.
El tribunal penal interpretó que los procesamientos por peculado fueron dictados por una Cámara de Apelaciones y no por un juez de primera instancia. Ahora, otro tribunal deberá volver a decidir la situación de ex funcionarios como Adelina D'Alessio de Viola, Armando Caro Figueroa o el actual senador cordobés Juan Schiaretti, entre otros imputados.
Esta causa se tramita desde hace más de una década y en parte ya fue elevada a juicio oral, aun sin fecha de inicio. El ex presidente Carlos Menem, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray son algunos de los acusados. Este caso arrastró a muchos dirigentes al desprestigio y al ostracismo político. Pero otros, como Schiaretti, que llegó a ser electo gobernador de Córdoba, pudieron sortear el malhumor social con mayor suerte y aún permanecen en pie.
La investigación se inició luego de que María Julia Alsogaray confesara en un juicio en su contra por enriquecimiento ilícito que parte de su fortuna provenía del cobro de sumas extras de su salario, que cobraba en un sobre todos los meses, intentando justificar así su gran aumento patrimonial. El dinero, se determinó después, pertenecía a partidas reservadas que debían destinarse a otros fines.
A nivel local, ocurre algo similar. Luego de muchos años de abierta una investigación, el juicio por enriquecimiento ilícito contra el ex ministro de Bienestar Social, Santiago Alvarez se volvió a postergar. Esta vez hasta marzo del año próximo. La causa se inició hace ocho años, en 2005. La investigación abarca un período de doce años, que va de 1991 a 2004, por lo que pasaron casi 22 años desde que comenzó el accionar presuntamente delictivo del imputado.
Estas enormes demoras son las que provocan en los ciudadanos la fuerte impresión de que la Justicia es muy benévola con los ex funcionarios acusados de corrupción. Esa mirada se refuerza cuando se registran fallos en extremo indulgentes. El ex ministro ya fue condenado en otra causa conocida como de los "viajes fantasmas" del Ministerio de Bienestar Social. Allí el fiscal interviniente negoció penas mínimas con los siete imputados a cambio de que se declaraban culpables. De esa manera el juicio no se concretó y se privó a la ciudadanía de conocer el modus operandi de los condenados que permanecieron muchos años ocupando altos cargos en la administración pública.
Estos antecedentes son menguados estímulos para el que se proponga denunciar algún caso de corrupción o irregularidad en la órbita del Estado, y son también muy pobres disuasivos para aquellos funcionarios inescrupulosos que, eventualmente, sientan la tentación de enriquecerse usufructuando su rango en el gobierno y los fondos del tesoro público.