Estado, precios y controles

El programa "Lácteos y pastas para todos" con su camión de distribución de mercaderías levantó polvareda en la capital pampeana. La Cámara de Comercio hizo oír su voz para cuestionar su instrumentación argumentando competencia desleal. Es atendible el reclamo de la entidad pues aduce que en nuestro medio son empresas pequeñas y medianas las que fabrican y distribuyen ese tipo de alimentos y deben afrontar los costos de personal, impuestos, insumos, alquiler, etc. Es cierto que este plan es diferente al anterior "Pescado para todos" que promocionaba productos que no son frecuentes en nuestro medio y además fomentaba el consumo de un alimento muy bueno por sus propiedades y nada habitual en la dieta de los pampeanos.
Debe decirse también que la llegada de un camión cada dos meses provoca un efecto muy menguado tanto a la hora de beneficiar a consumidores como de perjudicar a comerciantes. No aparece ese mecanismo como el más apto para combatir con eficacia el aumento en los precios, sino apenas como un paliativo. El Estado tiene herramientas mucho más contundentes para intervenir y solucionar los graves desequilibrios que el mercado genera. La nueva conducción económica nacional anticipó que profundizará el análisis de las cadenas de valor, en donde, se sabe, sobreviven las mayores distorsiones que siempre termina pagando el consumidor.
Pero también es cierto que esta discusión tiene muchas otras aristas que no deberían omitirse. Por ejemplo, por qué son tan altos los precios en Santa Rosa. Es sabido que hasta una gran cadena de supermercados tiene su mercadería más cara en esta ciudad que en otras sucursales ubicadas más al sur en la Patagonia y más lejos de los grandes centros de producción y consumo del país. Esta ciudad es una de las capitales de provincia más cercanas a Buenos Aires, y así y todo es también una de las más caras.
Hasta ahora nadie ha ofrecido una explicación convincente, racional de este fenómeno que perjudica a los consumidores pampeanos. Siempre las respuestas eluden las responsabilidades propias y las reenvían hacia los otros integrantes de la cadena de comercialización. Es cierto que el pequeño comercio local no es el gran generador de los precios, y que en el país se observa un fenómeno de cartelización muy pronunciado a causa de que la producción de bienes está muy concentrada en manos de muy pocas, y muy grandes, empresas. (Allí dio su pelea el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, despertando la ira de las grandes corporaciones empresariales que nunca quieren ser controladas y que solo ven al Estado como una oportunidad de negocios y nunca como un límite a sus desmedidas pretenciones de ganancias que, esas sí, son los principales generadoras de inflación). Pero también es cierto que muchos apuntan al comercio local y le imputan un excesivamente alto nivel de remarcación, una acusación que los comerciantes, desde luego, rechazan.
Como se ve, el libre juego de la oferta y la demanda está muy lejos de ser perfecto -como sostienen los economistas de la ortodoxia neoliberal- y necesita de la intervención activa del Estado, para que el pez grande no se siga comiendo al chico y la inflación no sea un fenómeno que beneficie a unos pocos y perjudique a la mayoría.
Una iniciativa interesante sería que, en adelante, estos programas del gobierno nacional para estimular el consumo de determinados alimentos a bajos precios, incorpore a las pymes locales y regionales. Ese mecanismo tendría un doble beneficio: involucrar al pequeño comerciante en un plan de estímulo al consumo responsable y verificar, sobre el terreno, el comportamiento de la cadena de precios en cada localidad.