No a cualquier precio

La Justicia de Ecuador condenó a la empresa Chevron a pagar una enorme suma de dinero -19 mil millones de dólares- por contaminar un extenso territorio de la Amazonia y afectar severamente el medio ambiente donde viven cinco etnias nativas. El juicio fue larguísimo, más de veinte años, y parte del mismo se tramitó en EE.UU. por las maniobras dilatorias de los abogados de la petrolera para negarse a compensar económicamente al Estado y la población ecuatoriana que sufrió los efectos contaminantes durante tres décadas por prácticas irresponsables.
Como la corporación se fue de Ecuador y liquidó sus bienes, la justicia de ese país trabó embargo entonces sobre los activos de la filial argentina de la multinacional. Cuando el caso llegó a nuestro país, el año pasado, un juez civil confirmó el fallo y efectivizó el embargo. La empresa recurrió la sentencia y el caso llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones, que ratificó el fallo condenatorio del juez en primera instancia.
Una nueva acción de los abogados de Chevron llevó el caso a la Corte Suprema en donde sí, finalmente, la empresa obtuvo un fallo favorable. El tribunal falló en sintonía con el dictamen de la Procuración General que, extrañamente, estableció que Chevron Argentina no debe responder por una demanda trabada contra una filial de la misma empresa en Ecuador, como si fueran dos firmas absolutamente diferentes. Desconoció así una jurisprudencia de la propia Corte que en 1973 estableció que si una filial de una multinacional no es solvente para responder a una demanda, la misma debe trasladarse a otra o a la casa matriz, considerándolas así una misma entidad sujeta a derecho.
La procuradora y los jueces supremos desconocieron ese antecedente y resolvieron que las filiales de una misma empresa multinacional -con casa matriz en EE.UU.- no son lo mismo para responder a una demanda por, nada menos, un caso de contaminación a gran escala. No es el primer traspié de este tipo que sufre Chevron. En su propio país perdió juicios multimillonarios también por contaminar el medio ambiente con su actividad petrolera.
A las pocas semanas de producida esa "buena noticia", se da a conocer la firma del contrato de la empresa norteamericana y la argentina YPF para explotar parte del yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.
El súbito brote de nacionalismo que ha contagiado a no pocos dirigentes opositores, muchos de ellos reconocidos adalides de las privatizaciones y defensores a ultranza de la economía de mercado, es un factor que añade confusión y enturbia este debate. La cercanía de las elecciones y la exacerbación de la pirotecnia verbal también. Pero esa hojarasca no debe impedir tratar de entender algunas acciones preocupantes que se están desarrollando en el frecuentemente turbio ambiente de los negocios petroleros.
Si bien lo deseable sería que YPF asuma en su totalidad el manejo de las políticas y gestiones hidrocarburíferas en el territorio nacional, no puede calificarse a todo contrato con una empresa privada como leonino. Los gobiernos de todos los signos políticos los practicaron. Y solo uno, el de Arturo Illia, se atrevió a derogar convenios preexistentes por lesivos a los intereses nacionales.
Lo que llama la atención en este caso es la forma en que la máxima instancia judicial argentina dio vuelta un fallo en primera y segunda instancia, cuyo origen está en un país sudamericano en donde su gobierno viene denunciando valientemente las maniobras de la empresa multinacional para "ensuciar" la demanda iniciada por las comunidades aborígenes que sufrieron durante tres décadas el accionar irresponsable de la multinacional con severísimos daños en su territorio.
Ese solo antecedente sobra para que se siga todo el proceso de asociación entre Chevron e YPF con suma atención. El sistema de explotación no convencional que se va a usar en Vaca Muerta autoriza a extremar las precauciones. El objetivo del autoabastecimiento de combustibles es irreprochable. Pero no a cualquier precio.