Denuncian vínculos de la Policía y los narcos en Córdoba

Aunque había una investigación judicial en curso, a cargo del fiscal federal Enrique Senestrari, el caso se conoció a partir de una nota en el programa televisivo "ADN", que conduce el periodista Tomás Méndez.
IRINA SANTESTEBAN
La semana pasada, el programa "ADN" que se emite en la capital cordobesa por Canal 10 de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba, y que conduce el periodista Tomás Méndez, denunció supuestos vínculos entre altos jefes policiales y narcotraficantes locales.
En el programa, Méndez entrevistó a Juan "el Francés" Viarnes, quien estuvo varias veces en prisión por secuestros extorsivos y robos a camiones blindados. Viarnes fue detenido nuevamente por estafa en el mes de julio, acusado de haber comprado tres vehículos con dólares falsos. En su casa se encontraron 340 mil dólares falsos, y a pesar de ello, a los 21 días de su detención fue puesto en libertad.
En la entrevista Viarnes dijo que nunca perteneció a la policía sino que tenía una relación basada en "la amenaza y el sometimiento", y que "ellos" usaban su casa como base de operaciones, adonde llevaban la droga que tomaban de los procedimientos y que no la hacían figurar en los informes.

 

Zonas liberadas.
Viarnes acusaba a Rafael Sosa, el comisario jefe de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, y a sus subalternos, el comisario Alfredo Seine -responsable de dos brigadas de Lucha contra la Droga- y el oficial inspector Franco Argüello. Dijo que Sosa es la "cabeza" de todo y que el resto lo obedece por la sumisión de la fuerza policial.
En ADN se mostraron entrevistas, mediante cámaras ocultas, a conocidos narcotraficantes de Córdoba, quienes admiten que trabajan como "informantes" de la policía. Hablan de los policías implicados, reconocen su relación con ellos y que además les pagan por "protección" a sus actividades ilegales.
La cámara oculta permitió ver también al "Francés" Viarnes en charlas con el comisario Saine y el oficial inspector Franco Argüello, en las puertas de sus domicilios, quedando demostrado que lo conocían.
En la entrevista con Méndez, Viarnes denunció que los dólares falsos que le fueron secuestrados estaban en su casa porque se los había entregado Rafael Sosa, y que ese dinero lo habían sacado de un allanamiento realizado en una casa de Villa del Lago, en Carlos Paz, cuando detuvieron a un narco.
El eje de la denuncia fue que la Policía se quedaría con parte de la droga secuestrada en los allanamientos, para luego entregarla nuevamente a los narcos para su venta, cobrando obviamente su parte.
Otro "modus operandi" de esta supuesta banda de narco-policías, era "liberar" zonas a cambio de dinero o droga, para luego quedarse con lo que se incautaba en los operativos, y proceder a su venta.

 

Informantes.
El año pasado la provincia de Córdoba adhirió a la ley nacional de estupefacientes, la 23737 y se creó también un fuero especial en el Poder Judicial provincial, llamado "Fuero de Lucha contra el Narcotráfico". El artículo 29 de la normativa establece la posibilidad de incorporar arrepentidos en las investigaciones judiciales, pero con una serie de requisitos que estos informantes de los policías acusados no tenían. Es que deben pertenecer a alguna fuerza policial y en este caso todos eran civiles, procesados por la Justicia, lo que agravó su situación porque estaban expuestos a una actividad ilegal.
Todas estas acusaciones fueron confirmadas por el fiscal Senestrari, quien se mostró molesto con el programa televisivo ya que, según él, dificultó las investigaciones que la fiscalía que dirige venía produciendo desde hacía un mes. Senestrari se quejó de que la difusión de las entrevistas y el supuesto entramado de complicidad entre algunos policías y los narcos, perjudicó su investigación porque ahora sería más difícil obtener pruebas para que la causa avance.
Según lo revelaron fuentes de la fiscalía, en la investigación se los acusaría de "connivencia con el narcotráfico" y por utilizar a narcotraficantes como agentes encubiertos. Para el fiscal, estos policías habrían estado años trabajando con agentes encubiertos y habría gente inocente condenada con datos falsos.
Según el informe de ADN, cada vez que llegaban a Córdoba grandes cargamentos de drogas, los informantes les avisaban a los policías Sosa, Saine y Argüello, y éstos actuaban de la forma mencionada: daban una parte de esos cargamentos a quienes habían pasado los datos, mientras ellos también se quedaban con parte de la droga.

 

Involucrado.
Dos días después de la emisión del programa de Tomás Méndez, el viernes 6, fue hallado en el interior de un auto, en las cercanías de Alta Gracia, a 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, el cadáver de Juan Alós, de 33 años, quien pertenecía a la División Drogas Peligrosas de la Policía. Tenía un tiro en la cabeza y entre sus manos se encontró una foto de su padre y una carta en la que luego se supo se quejaba de la investigación en su contra, lo que indujo a que su causa se caratulara como "suicidio".
Alós estaba involucrado en la investigación del fiscal Senestrari, por su presunta relación con narcos locales y también había sido mencionado en la denuncia del programa ADN.
Ese mismo día, los policías Sosa, Saine y Argüello se presentaron con un abogado en la fiscalía de Senestrari para que se investigue su accionar y solicitaron licencia en la Policía, hasta que se aclare su situación.
En el velorio de Alós, el jefe de policía provincial, comisario Ramón Frías, hizo fuertes declaraciones criticando a los que "calumnian". Esto fue interpretado como una velada amenaza al periodista que había sacado a luz la investigación judicial contra los policías, por vinculaciones con el narcotráfico, pero también y sobre todo como un cuestionamiento al fiscal Senestrari, quien había confirmado que Alós era uno de los policías que él investigaba.

 

Conmoción política.
Esta situación ha generado una conmoción política en la provincia, que motivó que todos los bloques legislativos, menos el oficialista Unión por Córdoba, le pidieran una reunión urgente al gobernador José Manuel de la Sota, para que tome enérgicas medidas en la Policía provincial. Los jefes de los bloques del Frente Cívico, Roberto Birri; Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Liliana Olivero; Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio y el PRO, solicitaron al gobernador que "asuma de manera inmediata decisiones contundentes pues no solamente se afecta a la fuerza policial sino a cientos de jóvenes que cotidianamente son cooptados por las redes de narcotráfico y la droga bajo la premisa que gozarán de protección policial", según el texto de la nota que enviaron al primer mandatario provincial. Hasta ayer, esa reunión no se había realizado.
El ministro de Seguridad y ex jefe de Policía Alejo Paredes, no ha explicado la situación de los jefes policiales pero ante el reclamo de la oposición, fue confirmado en su puesto por De la Sota. Paredes tiene cuestionamientos desde el momento en que asumió como jefe de la cartera de Seguridad, designado por el gobernador Juan Schiaretti. Los organismos de Derechos Humanos, además de objetar que se ponga al frente de ese ministerio a un ex jefe policial, cuestionan el pasado de Paredes, que se desempeñaba bajo el mando de Carlos "el Tucán" Yanicelli, ex jefe de Inteligencia Criminal durante el gobierno del radical Ramón Mestre. Yanicelli era un hombre de confianza del entonces ministro de Asuntos Constitucionales, el hoy diputado nacional por la UCR Oscar Aguad, pero luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue enjuiciado por su actuación en la temible D-2, por secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura militar. Yanicelli hoy purga su condena por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Bower.

 

Caso Alegre.
La desaparición del joven Facundo Rivera Alegre, en febrero de 2012, y nunca esclarecido, toca muy de cerca a Paredes. La madre de Facundo, Viviana Alegre, y su abogado Claudio Orosz, siempre apuntaron a la complicidad policial.
El año pasado, en una manifestación de empleados estatales contra el ajuste jubilatorio, se produjo una fuerte represión policial, que terminó con dos empleados judiciales presos. El jefe del operativo era Frías, hoy jefe de Policía de Córdoba. Los sindicatos de Judiciales y Luz y Fuerza responsabilizaron por la represión y las detenciones a Paredes, y pidieron su renuncia como ministro de Seguridad.
A principios de este año, los legisladores del Frente Cívico, que dirige el senador Luis Juez, también reclamaron la renuncia de Paredes, por casos de abuso policial y la inseguridad ciudadana, manifestada en una alarmante cantidad de homicidios.
En ese momento, la legisladora Liliana Montero, cuestionó duramente las políticas que aplica el gobierno provincial para combatir la inseguridad y acusó a Paredes de "ineptitud", pues en la provincia "la curva del delito va en ascenso a la par del abuso policial".
Con su máxima jefatura cuestionada y con altos jefes policiales investigados por supuestos vínculos con el narcotráfico, De la Sota no pasa por un buen momento. Por si fuera poco, además de las críticas al accionar policial, la provincia de Córdoba es hoy escenario de grandes incendios en vastas zonas de Punilla, que lo ha obligado a pedir ayuda al gobierno nacional, con el que mantiene una fuerte disputa.