¿El mismo destino que el Plan Cóndor?

En un nuevo avance contra un bien público el gobierno nacional concretó un convenio que lesiona el orgullo de los argentinos. Se trata de la carta de intención que, en absoluto silencio, el Estado firmara con una multinacional norteamericana para operar el satélite de fabricación nacional Arsat 3.
El convenio es negativo por donde se lo mire: crea una nueva empresa que minimiza a la Arsat nacional al ceder la mayoría accionaria a la compañía extranjera, lo que equivale a decir que el nuevo directorio responderá principalmente a los intereses de sus mandantes. Además, y aunque el gobierno pretenda negarlo, también está en juego la cuestión, nada menor, de la adjudicación de órbitas y bandas de transmisión acordadas en convenciones internacionales, ya que las reservadas para nuestro país podrían perderse en beneficio de la multinacional.
Semejante ofensiva contra los intereses nacionales es armónica con un gobierno de matriz neoliberal que en la materia ya había aceptado la incursión de varios satélites extranjeros sobre nuestro territorio. El argumento del macrismo para justificar el acuerdo vuelve sobre una excusa reiterada al afirmar que "no está dispuesto a seguir financiando satélites con fondos públicos", un criterio que no aplica con las grandes compañías privadas que han sido beneficiadas con reducciones de impuestos y retenciones en forma harto generosa.
La medida, que las autoridades han intentado minimizar a través de un largo comunicado que no hace sino confirmarla, ha ignorado al Congreso Nacional en violación de una ley sancionada durante el gobierno anterior que obliga a tratar cualquier cambio de la política satelital en ese poder del Estado.
Las repercusiones negativas de esta sigilosa avanzada y las torpes "desmentidas" posteriores llevan a pensar que en este caso volvió a ponerse en ejecución la ya famosa estrategia del macrismo: "si pasa, pasa", tan utilizada en casos anteriores en el campo político, económico y jurídico. Como se sabe, el actual el presidente de Arsat no es una persona idónea en la materia y llegó a ese alto cargo por su estrecho vínculo familiar con un ministro del gabinete.
Pero no debería desdeñarse otra explicación perfectamente plausible. Cuando se lo ha propuesto, nuestro país ha demostrado ser capaz de desarrollar ciencia y tecnología en niveles de excelencia, una condición reconocida en el plano internacional y ratificada en la actualidad por ser una de las pocas naciones del mundo -y la única de América Latina- en condiciones de diseñar y fabricar un satélite. Semejante capacidad realizadora no es bien vista en Estados Unidos, un país que, aunque muy adelantado tecnológicamente, se sabe que no quiere posibles competidores.
Bajo ese punto de vista bien puede considerarse que la matriz del suceso se repite a lo largo de los años. Durante el primer gobierno peronista se inició el estudio y aprovechamiento de la energía atómica, quizás exagerados en su promoción, pero que inquietó seriamente a las potencias occidentales. A la caída de aquel gobierno la iniciativa fue criticada y descalificada pero quedó una semilla que a la larga dio buenos frutos como la construcción de las centrales nucleares de Atucha, la última de las cuales paralizó el actual gobierno.
Lo mismo puede decirse de los avances en cohetería y misilística que décadas atrás, a través del Plan Cóndor, se lograron en nuestro país. Recordemos que Inglaterra -luego de la guerra de Malvinas- pidió a su aliado norteamericano que desactivara aquellos desarrollos, lo cual fue concedido durante la presidencia de Carlos Menem.
Semejantes antecedentes justifican las sospechas acerca de si este nuevo convenio no esconderá una nueva forma de neutralizar avances estratégicos muy convenientes para nuestro país pero no para EE.UU., ni en lo político ni en lo comercial.