Procesan a los jefes de la AFI de Macri

Nunca en democracia un gobierno había usado el espionaje ilegal para vigilar a dirigentes, partidos políticos, gremios, periodistas, militantes y ONGs.
JUAN ALONSO
El juez Alejo Ramos Padilla procesó a los ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que seguían órdenes de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por violación de la Ley de Inteligencia y abuso de autoridad por espionaje ilegal desde las Bases AMBA en 2017. La AFI macrista espió a 18 partidos políticos, 46 organizaciones sociales y de derechos humanos y 61 sindicatos, 13 de ellos docentes de Buenos Aires que estaban en conflicto con la ex gobernadora María Eugenia Vidal y su exministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Cuando Majdalani concurrió a la Comisión de Control de los Organismos de Inteligencia admitió que la AFI llegó al territorio bonaerense tras un acuerdo entre ella y Vidal.
La AFI espió a partidos políticos, dirigentes gremiales y docentes de la provincia de Buenos Aires, organizaciones sociales, cooperativas, militantes opositores, y hasta a familias de víctimas de un pesquero hundido en el Atlántico Sur. Además de jardines maternales donde se distribuían bolsones de alimentos, actos de la actual Vicepresidenta de la Nación -por entonces senadora-, al periodista Horacio Verbitsky, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el dirigente Luis D’Elía, entre otros referentes sociales; en una especie de magma del terror que se dispersó a través de las Bases AMBA de Quilmes, Haedo, La Matanza, San Martín, Ezeiza, Pilar, Mar del Plata, La Plata, y Bahía Blanca desde mediados de 2016 hasta fines de 2017.

Discípula de Camps.
Entre las investigadas está una exalumna de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de Alicia Susana Nocquet, quien ingresó a esa fuerza en 1977 y se capacitó en la era de los campos de exterminio de la dictadura. Nocquet estuvo a cargo de la Base de Haedo/Morón desde donde se espió a CFK, Nuevo Encuentro, Verbitsky y la ministra Gómez Alcorta.
Otro de los imputados es Daniel Salcedo, ex jefe de la Bonaerense y perito de parte de la jueza Sandra Arroyo Salgado en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Salcedo y su amigo Antonio Vicente Melito, comisario retirado de la Bonaerense que ingresó a la AFI el 2 de septiembre de 2016 y se fue en enero de 2018, «eran los coordinadores del Proyecto AMBA y asesores de Pablo Pinamonti», quien ya fuera procesado por Ramos Padilla en otra de sus voluminosas resoluciones conectadas con la banda de Marcelo Sebastián D’Alessio.

Ordenes de Arribas.
Según el juez Ramos Padilla, Salcedo y Melito recibían ordenes de Arribas y Majdalani, y se reunieron con ellos y con Pinamonti en varias oportunidades. También están investigados los espías Nicolás Carlos D’Giano, Marcos David Pannunzio, Eduado Miguel Rochi, Ricardo Bogoliuk, Pedro Oscar García, Andrés Máximo Masano, José Luis Fiorentino, y la mencionada Alicia Susana Nocquet, que habrían conformado un grupo de agentes orgánicos de la AFI que realizaron espionaje político, vulnerando la ley con la cobertura de la estructura estatal que dependía directamente del ex presidente Macri.
Para ello, Arribas cambió la orgánica de la AFI y le otorgó cobertura legal a las tareas ilegales de los agentes asignándoles «funciones específicas» a la «Dirección de Reunión de las Bases AMBA». Entre las funciones de ese organismo se especificaba la de «planificar, dirigir y supervisar las actividades de reunión de información que se requieran sobre los factores de poder político, económico, psicosocial y el componente científico-tecnológico», lo que daría cuenta que, incluso formalmente, se otorgaron facultades para realizar actividades expresamente prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia, como subrayó Ramos Padilla.

Al por mayor.
El juez probó que la AFI llegó a identificar a 525 personas que estaban vinculadas a Luis D’Elía y también vulneraron la intimidad de los visitantes de Fernando Esteche en la cárcel. En suma, a la AFI macrista le interesaba desde quiénes iban a las actividades de Cristina con sus números de patentes de automóviles y datos fiscales, hasta la militancia del Frente de Izquierda, La Cámpora, La CTEP, y las organizaciones sociales con bases en la provincia. La lista es amplia e incluye desde organismos de derechos humanos como HIJOS o la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hasta los partidos políticos. La obsesión alcanzó a los sindicatos para intentar controlar a los docentes que pedían una paritaria nacional.
Llegaron al colmo de seguir a dos hermanos militantes de «Resistiendo con Aguante», que habían asistido a un acto de Hugo Yaski y la CTA en Provincia. Sucedió luego del 7 de octubre de 2017, cuando Santiago Asnes (una de las tantas víctimas de espionaje ilegal) mantuviera un cruce verbal con la ex ministra Patricia Bulrrich por la desaparición de Santiago Maldonado.
La AFI también persiguió a la izquierda, al peronismo provincial, a Daniel Scioli y los máximos referentes de La Matanza, como la vicegobernadora Verónica Magario y Fernando Espinosa, la UOM y la UOCRA. También estuvieron bajo vigilancia los empleados de Cresta Roja y los médicos y enfermeras del Hospital Posadas.
Los partes de espionaje ilegal seguían las protestas por el caso Maldonado con comentarios despectivos y evaluaban cómo ese hecho -aún no resuelto- podría influir en la imagen de Macri y Bullrich. Lo propio realizó la AFI con el comité por la liberación de Milagro Sala y los familiares del buque pesquero «El repunte», que se hundió en 2017.

Una vuelta atrás.
Como denunció la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, con respecto al submarino ARA San Juan, el interés de los espías de la AFI estuvo centrado en anticiparle información a Macri y así evitar tropiezos en el relato oficial de la Armada y el ex ministro Oscar Aguad en la base de Mar del Plata.
«El Proyecto AMBA implicó el restablecimiento de una práctica de los servicios de inteligencia que se creía superado. Una vuelta atrás en los logros de la democracia y la protección de las libertades políticas y los derechos individuales», dijo el magistrado en su resolución de casi mil páginas. Lo cierto es que el macrismo desperdició 21.724 millones de pesos en gastos reservados de la AFI. ¿Cuántas vacunas contra el Covid-19 podrían pagarse con ese dinero arrojado a los sótanos de la democracia? (Extractado de Nuestras Voces).