Cómo se combate (realmente) la inflación

"Compatriotas, estamos cansados de que nos tomen por tontos, así que vamos a seguir encima de estos tipos hasta que bajen los precios", dijo Biden esta semana.

 

JOSE ALBARRACIN

 

El presidente de EEUU, Joe Biden, acaba de redoblar su ataque a las cadenas de supermercados, a las que responsabiliza directamente de los índices de inflación vigentes, en particular, en los productos de primera necesidad. Los acusa de haber hasta triplicado sus márgenes de ganancias, aprovechando el desbalance generado por la pandemia, abusando de los consumidores, y dinamitando la competitividad del mercado. Hasta ha acuñado un término, "greedflation" (algo así como "inflación por codicia") para explicar este fenómeno inflacionario, un diagnóstico que compartió el año pasado el propio FMI: la inflación actual tiene más que ver con las ganancias extraordinarias de las grandes empresas que con la emisión monetaria.

 

Niveles.

 

En un año electoral, es esperable que el candidato a la reelección como presidente se preocupe por un flagelo que afecta a su base electoral, por leve que pueda parecer. Y es que la inflación norteamericana no sólo es baja, sino que además viene descendiendo: los productos básicos como huevos, leche y otros alimentos populares habían aumentado un 5% anual en 2022, índice que bajó al 2% el año pasado. Cualquier comparación con el 25% mensual de diciembre en Argentina -definido por el gobierno como un éxito- sólo puede mover a la burla.

 

En nuestro país se viralizó el discurso de que había que eliminar subsidios para "sincerar" el mercado y que los consumidores paguen "lo que valen" los bienes y servicios, sin prestar atención alguna a la estructura de costos y los márgenes de ganancias de las empresas, que en casi todos los segmentos del mercado están organizadas en modo oligopólico.

 

La actitud del gobierno de EEUU no parte -faltaba más- de una actitud anti-capitalista o de persecución a las empresas, sino todo lo contrario: los demócratas tienen la convicción que los niveles crecientes de concentración empresarial en la economía norteamericana han empoderado a unos pocos grandes actores en cada industria, para subir sus márgenes de ganancias muy por encima de lo que permitiría un mercado competitivo.

 

Medidas.

 

No es de extrañar, entonces, que en la gran batería de 72 medidas lanzadas el año pasado, el gobierno federal haya puesto en funcionamiento las leyes y organismos anti-monopólicos que existen desde hace casi un siglo.

 

Así, Biden mandó al Departamento de Agricultura que investigue a los grandes procesadores de carne -sobre todo aviar y porcina- que controlan una porción significativa del mercado, acusándolos de aumentar precios, pagar de menos a los granjeros productores, y triplicar sus márgenes de ganancias durante la pandemia.

 

Lo propio hizo con la FTC (Comisión Federal de Comercio) con respecto a las grandes compañías petroleras, acusándolas de inflar artificialmente los precios, aún cuando los precios globales vienen descendiendo. El mismo ente tiene en estudio -y, se descarta, rechazará- la propuesta de fusión de dos gigantes del supermercadismo, Kroger y Albertsons.

 

Un organismo casi desconocido, la Comisión Federal Marítima, fue puesta a trabajar para investigar las distorsiones de precios por parte de las grandes compañías navieras, que se encuentran en el corazón de la cadena de distribución mundial de bienes. Todo esto, con el claro objetivo de usar todo el poder del gobierno para quebrar a los monopolios y promover la competencia económica.

 

"Compatriotas, estamos cansados de que nos tomen por tontos, así que vamos a seguir encima de estos tipos hasta que bajen los precios", dijo Biden esta semana.

 

Por casa.

 

Con una inflación infinitamente superior a la norteamericana, en Argentina no se ha visto nada parecido a estas medidas para combatir la inflación, en buena parte, por el diagnóstico "ortodoxo" -y francamente anticuado- de que la inflación sólo se debe a la emisión monetaria (diagnóstico en el que nunca se incluye a la emisión monetaria que provoca el sistema bancario, pero ese es asunto para otro artículo).

 

Muy por el contrario, el gobierno ha propuesto la derogación de la Ley de Defensa de la Competencia, y su reemplazo por otra, sin que exista ni un atisbo de fundamentación para ese cambio normativo, que a no dudarlo generaría la parálisis del sistema durante meses (esa reforma, incluida en un anexo de la llamada "ley ómnibus", se encuentra momentáneamente "en el limbo").

 

En tanto, la Secretaría de Comercio (el equivalente de la FTC de EEUU), lejos de tomar cartas con la conducta evidentemente abusiva de supermercados, petroleras, y muchas otras compañías oligopólicas, acaba de disponer la derogación de una gran cantidad de resoluciones que tenían por objeto la recopilación de información de las empresas, el control de la competencia y la defensa de los consumidores.

 

Los resultados están a la vista: mientras un usuario de la CPE santarroseña pagó este mes por los servicios de internet y TV por cable un total de $ 6.488, un cliente de la monopólica Personal Flow (Grupo Clarín) en Córdoba abonó, por el mismo servicio, la friolera de $ 35.093. O sea, casi seis veces más. ¿Cuál es el justificativo para semejante diferencia de precios, si para la CPE el sector Telecomunicaciones arroja superávit? Nunca lo sabremos, porque el gobierno argentino ni se molestará en preguntarles.