Corrupción judicial, mediática, política y empresarial

La noticia de hoy es la condena a la vicepresidenta en la causa Vialidad. Que eso no tape el gran escándalo de la difusión de chats entre jueces, funcionarios macristas y empresarios del grupo Clarín.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

La publicación de mensajes y audios de un grupo de Telegram formado por un directivo del grupo Clarín el mismo día que salió una nota en el diario Página 12, dando cuenta de un viaje de jueces y funcionarios políticos del macrismo a la mansión del magnate inglés Joe Lewis, en Lago Escondido, amigo del ex presidente Mauricio Macri, constituye un escándalo de corrupción de los más graves de nuestra historia judicial. Sin embargo, está siendo silenciado por la prensa corporativa, con el grupo Clarín a la cabeza, que no casualmente sería el que financió ese lujoso tour a la propiedad del multimillonario, que posee 11.000 hectáreas en la Patagonia y sigue sin acatar la decisión judicial de permitir el acceso al lago.

 

Mientras a las comunidades mapuches se las demoniza y desaloja de escasas 20 hectáreas en la lof Lafken Winkul Mapu y se mantiene a 4 mujeres detenidas con sus pequeños hijos, la misma fiscal que ordenó ese brutal operativo aparece mencionada en los chats como la que brindaría cobertura jurídica a las maniobras para fraguar el financiamiento de ese viaje.

 

Complicidad.

 

La revelación del viaje la hicieron los periodistas Tuny Kollman e Irina Hauser el 17 de octubre pasado, donde sugerían que ese cónclave tuvo como finalidad garantizar la impunidad de Macri en las numerosas causas judiciales que lo tienen como acusado. Ese mismo día, el directivo del diario Clarín Pablo Casey, sobrino de Héctor Magneto, formó un grupo de Telegram en el cual incluyó a los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Cayssiels, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques; al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; al procurador de CABA, Juan Bautista Mahiques; a los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia - AFI, Leonardo Bergroth y Tomás Reinke (hoy consultor de medios); y al CEO de Clarín, Jorge Rendo, sindicado como el heredero de Magneto.

 

En esas conversaciones se revela la preocupación de los viajeros por la investigación que se abrió a raíz de ese periplo. Es una causa iniciada por presunta “violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias”, que instruye la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare.

 

Es la misma funcionaria judicial que la Gremial de Abogados y Abogadas, entidad que defiende a integrantes de la comunidad mapuche en las numerosas causas que les han “armado” para desalojarlos de sus territorios ancestrales (aunque ocupen escasas hectáreas frente a las miles que tienen Lewis, Benetton, Soros, empresarios sauditas, etc.), está denunciando por su accionar en el irregular y brutal desalojo de la lof Winkul el pasado 4 de octubre.

 

Haber designado numerosos jueces y fiscales federales “amigos”, y destituir a quienes consideraban “kirchneristas”, fue uno de los objetivos exitosos del gobierno macrista. Y no haber desactivado esas maniobras, uno de los estrepitosos fracasos del gobierno del Frente de Todxs, que ha faltado a su promesa de lograr una reforma judicial que cambiara la actual configuración del Poder Judicial, tan promiscuo con empresarios mediáticos y las corporaciones económicas y financieras.

 

Amenazas.

 

De los chats surgen afirmaciones que avergonzarían a cualquier persona honesta, del común de la ciudadanía, mucho más a un magistrado judicial.

 

Frases como “Para anotarlo porque es el responsable”, dicho por el juez Yadarola, en relación al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinsky, sindicado como el autor de la filtración. Y agrega: “Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento”.

 

D’Alessandro, a quien Rodríguez Larreta respaldó luego de conocidos los chats, fue más directo con las amenazas: “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”.

 

El juez Carlos Mahiques, junto con el ex AFI Luciano Bergroth, hablan de una “estrategia para pasar a la ofensiva”, en directa alusión a instalar la idea del espionaje ilegal. Esa instancia está en curso, porque D`Alessandro ya realizó una denuncia y periodistas de TN como Joaquín Morales Solá, lo dijo sin tapujos en su columna del lunes pasado en “Desde el Llano”. Denostan la filtración como una “intromisión” en la privacidad de las personas, sin embargo, cuando difundían audios de CFK con el senador Oscar Parrilli, no les preocupaba tanto la “privacidad” de la afectada.

 

Desde Wikileaks hasta la actualidad, pasando por los Panamá Papers, toda filtración de información que pueda ser de relevancia pública y constituir un delito, por parte de quien la produce, es admitida como válida y puede servir de base a investigaciones judiciales.

 

Es lo que debería ocurrir con la causa que se instruye en Bariloche, pero con la fiscal Etchepare es muy difícil pensar que pueda llegarse a la verdad de esa investigación. Esto es: cuál fue la motivación de esa reunión en la mansión de Lago Escondido, qué se trató en la misma, si fue la única o hubo otras reuniones, quién financió ese viaje, etc.

 

Medidas inútiles.

 

La denuncia sobre los chats fue tan grave que el presidente Alberto Fernández le dedicó una cadena nacional el lunes en un horario de poca audiencia. Anunció una serie de medidas, que según Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido, no tendrían ningún efecto, pues en relación a la instrucción a los legisladores de la ciudad y al Parlamento nacional, en ambos ámbitos no hay mayorías para que procedan. En el caso de la instrucción al ministro de Justicia para que se presente al Ministerio Público Fiscal, hoy presidido por el macrista Eduardo Casal (luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó, presionada por uno de los implicados en los chats), también sería “letra muerta”. Igual suerte correría la indicación al representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, que se encuentra paralizado, como es de público conocimiento. Para la abogada Minnicelli, esas medidas debería tomarlas el Presidente de la Nación, que, como se ha visto en estos tres años, le cuesta usar “la lapicera” contra los poderosos.