Desde Córdoba, Llaryora apoya la “ley ómnibus”

El gobernador de Córdoba se sumó a su par tucumano para la aprobación en el Congreso de la “ley ómnibus”. En sintonía con el gobierno nacional, en su provincia ajusta a estatales, docentes y personal de salud.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

A pesar de contar con solo 38 diputados, el gobierno de La Libertad Avanza tiene chances de aprobar en el Congreso el proyecto de “ley ómnibus”, que entre la amplísima gama de temas incluye otorgar al presidente Javier Milei “facultades extraordinarias” por un año, con opción a dos. El proyecto original disponía que fuera por dos años, con opción a cuatro, o sea, la totalidad del mandato presidencial, para gobernar sin tener que pasar por el “molesto” Congreso. ¿La República? Mal, gracias.

 

En picada.

 

La encuesta de Zuban Córdoba y Asociados, publicada en este diario, reveló un crecimiento exponencial en la imagen negativa de Milei: 55,2 por ciento, mientras que la positiva se desplomó al 44,3.

 

En el mismo sentido, un 54,4 por ciento de las personas encuestadas considera “incorrecta” la dirección en la que va el país desde que asumió el gobierno ultraliberal (libertario es otra cosa). También hay un fuerte rechazo a la “ley ómnibus”: un 64 por ciento la desaprueba total o parcialmente.

 

Según este sondeo, las facultades extraordinarias que pretende el presidente tampoco cuentan con aprobación de la población: un 59,4 por ciento expresa que es un camino incorrecto, contra un 37,3 que lo considera correcto.

 

En Córdoba, según un estudio de Pulso Social sobre un total de 850 casos, publicado por el diario Hoy Día Córdoba, la aprobación de la gestión Milei se ubica en el 58 por ciento, contra el 74 por ciento de votos que obtuvo en el balotaje en esa provincia.

 

Para la consultora, ello debería encender un “alerta” en el gobierno nacional, pues “las gestiones en sus primeros meses suelen tener un apoyo coincidente con los votos obtenidos”. Podría representar dos fenómenos: que una porción de los votantes lo eligió para “probar algo nuevo”; o bien porque las medidas tomadas desde que comenzó su gestión están deteriorando su base electoral.

 

Apoyos.

 

Para el tratamiento de la ley que comenzaría hoy, además de las fuerzas que posibilitaron su triunfo en el balotaje (PRO, UCR, la Coalición Federal de Miguel Pichetto, Coalición Cívica, etcétera), el gobierno logró la adhesión del diputado peronista tucumano Agustín Fernández, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. Los tres diputados de Unión por la Patria de esa provincia se presentaron como bloque independiente, produciendo una división en la primera minoría legislativa. A cambio, el gobernador habría logrado cambios en el proyecto, relacionados con la producción de azúcar, cítricos y bioetanol.

 

Antes que Jaldo, ya había expresado su aprobación al proyecto el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien se encuentra hace días en Buenos Aires, participando en la “rosca” de negociaciones del gobierno y la “oposición amigable”. ¡Toda una imagen de “la casta”!

 

Como su predecesor Juan Schiaretti, Llaryora es un rabioso antikirchnerista y defensor de los intereses del agronegocio, en la provincia con mayor producción sojera del país. No planteó ninguna objeción a los artículos del proyecto que perjudican a trabajadores, científicos, universidades, jubilados, etcétera. Su única preocupación era que no les aplicaran retenciones a sus amigos agroexportadores.

 

Ajuste y represión.

 

Coherente con el apoyo a la gestión mileísta, Llaryora viene aplicando desde su asunción un duro ajuste contra el sector público. Miles de despidos bajo la forma de no renovación de contratos, desconocimiento de la paritaria firmada por estatales, docentes y personal de Salud, represión a las marchas, como la desatada sobre manifestantes que caceroleaban en el centro de la ciudad el 21 de diciembre. Allí la policía arremetió a palazos, con balas de goma y gas pimienta, y detuvo a cinco jóvenes que fueron imputados por el fiscal De Aragón por “resistencia a la autoridad y obstrucción de medios de transporte público”.

 

El desconocimiento de la paritaria que había firmado Schiaretti con los sindicatos fue el detonante de la bronca en el sector público. El acuerdo reconocía aumentos iguales a la inflación hasta el 31 de enero, pero Llaryora anuló lo convenido y logró que el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), de conducción oficialista, aceptara la mitad de la inflación más un bono no remunerativo de 40.000 pesos, para enero y febrero. La pérdida del poder adquisitivo es significativa, con la inflación del 25 por ciento en diciembre, y otro índice similar estimado para enero y febrero.

 

Docentes en lucha.

 

La Unión de Educadores (UEPC), en cambio, rechazó esa propuesta y exige el respeto al acuerdo anterior, más la apertura de la paritaria para el presente año.

 

La docencia protagonizó el año pasado un conflicto muy combativo, y en las elecciones de ese gremio una coalición de izquierda ganó la delegación Capital, la más numerosa del sindicato, que tiene 33.000 afiliados y afiliadas en toda la provincia.

 

El 1 de febrero, en la apertura de las sesiones legislativas, UEPC Capital realizará una masiva movilización frente a la Legislatura, cuando Llaryora pronuncie su discurso.

 

El paro del 24 de enero tuvo en Córdoba una gran repercusión, con tres concentraciones diferentes que marcaron una masiva participación de sindicatos, movimientos sociales, asambleas ambientales y feministas, partidos políticos de izquierda, agrupaciones de jubilados y ciudadanía en general. Ello indica que, a pesar del apoyo obtenido en Córdoba, el gobierno de Milei sufre un desgaste importante, tal como lo marcan las encuestas citadas. Y aunque muchos sindicatos fueron sostén de la campaña de Llaryora, el ajuste practicado en la provincia los obligó a salir también contra el gobierno local.

 

La situación marca que el apoyo al gobierno nacional no es para siempre. Los precios de los alimentos que aumentan sin cesar, los alquileres por las nubes, las subas en las prepagas y tarifas de servicios públicos, etcétera, son señales de un empobrecimiento general incluso de las capas medias. Semejante situación no será tolerada por mucho tiempo. Hasta cuándo, es el quid de la cuestión.

 

En Córdoba, la bronca también crece.