Discutibles procederes

La opinión pública en general se ha visto sorprendida en los últimos días por una medida dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas: aplicar –y condenar en consecuencia- a una persona sobre la que considera que “incurrió en la violación de la ley antidiscriminatoria vigente en el país”.

Rafecas es un magistrado cuyos procederes han sido discutibles y sobre él pesa una acusación del Colegio de Abogados de Buenos Aires que lo denunció por supuesto “cajoneo” de causas.

La sorpresa a la que se alude aparece cuando se advierte la motivación de la causa y la persona sobre la que se aplica. Se trata una diputada nacional, Vanina Biasi, a la que se le endilga haber calificado de "genocida" al Estado de Israel, comparándolo con “el régimen nazi” y culpándolo de una avanzada militar que equiparó al Holocausto. Además, el magistrado le trabó a Biasi un embargo por diez millones de pesos.

Los argumentos que esgrime el juez para aplicar tamaña medida son dudosos o por lo menos muy discutibles, ya que pone el acento en lo que entiende como que las publicaciones de Biasi “configuran una acción discriminatoria que alienta al odio contra la comunidad judía” y que son “antisemitas”. Además, cae en una afirmación polémica –al menos para este caso— al decir que “el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, ya que puede ser legítimamente limitado cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales”. Aplica el dudoso criterio de que “al analizar las publicaciones, se puede observar que sus manifestaciones no pueden ser tenidas por meras críticas dirigidas hacia las autoridades temporales o al gobierno israelí por sus acciones o sus políticas circunstanciales”, sin tener para nada en cuenta la contrapartida de esas mismas opiniones si se aplican al pueblo palestino, de cuyos sufrimientos parece que nada dice, pese a que la opinión internacional, Naciones Unidas incluida, califica el proceder del Estado de Israel como genocidio y algunas de sus autoridades han sido incluidas como personas pasibles de detención en varios países.

En tiempos como los actuales, cuando la opinión pública –según encuestas recientes— resulta mayoritaria respecto a que la Justicia es el menos confiable de los poderes que integran el Estado Nacional, resulta muy sugestiva la coincidencia del fallo con la postura que sostiene el Presidente Milei respecto al tema y que ha roto la tradicional neutralidad argentina.

Un detalle no menos singular relacionado con este suceso consiste en que la causa se inició por una denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli, una muy controvertida figura del aparato legal, sospechado de serias irregularidades y que nunca obedeció a las citaciones de la Justicia para aclarar su situación. Esto al margen de su concepción policial del Estado, puesta de manifiesto cuando estuvo en cargos oficiales de distinto nivel.

Finalmente, no deja de llamar la atención la curiosa coincidencia con el caso ocurrido en nuestra provincia, donde la acusación por parte de los padres de una alumna contra una docente por presuntas declaraciones anti-judías y pro-palestinas ha conmocionado en estos días a la sociedad pampeana, especialmente por la intervención de un juez que produjo un controvertido fallo antes de que intervinieran los estamentos administrativos y docentes.