El derecho a defenderse

El proceso que se ha iniciado será la oportunidad de demostrar si la situación generada en Gaza encuadra o no en las previsiones de la Convención sobre el Genocidio.

 

JOSE ALBARRACIN

 

El Estado de Israel afronta una acusación por genocidio en la Corte Internacional de La Haya, basada en la Convención Internacional de 1948, que define ese delito contra la humanidad como "actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso por el solo hecho de serlo". La situación es inédita, no sólo porque hasta el momento este instrumento no había sido utilizado debidamente, sino porque la sanción de aquella Convención tuvo como disparador, precisamente, el genocidio cometido por el régimen nazi alemán -principal, pero no exclusivamente- contra el pueblo judío.

 

Mandela.

 

La acusación, un texto de 84 carillas, con abundante prueba fundante, y elaborado -según los expertos- con una técnica jurídica impecable, fue presentada por Sudáfrica. Resulta imposible aquí olvidar la afinidad de los contemporáneos Nelson Mandela y Yasser Arafat, viejos colegas en esto de defender a los pueblos oprimidos. Pero la nación africana no está sola: como integrante de los Brics, ha recibido varios respaldos dentro de ese grupo incluyendo, entre nosotros, a Brasil, pero también a Colombia, Nicaragua y Cuba. Un caso del Sur contra el Norte.

 

Lamentablemente pueden pasar años antes que se dicte una resolución, y una vez obtenida ésta, las posibilidades de su aplicación aparecen complicadas, dado el actual estado de debilidad en que se encuentra la ONU.

 

Tanto Israel como su alter ego EEUU se apresuraron en afirmar que el caso carece de todo mérito. Hubo hasta quien consideró que se trataba de una "obscenidad moral": el comentarista Brett Stephens, un pensador de derecha que suele -rara avis- producir argumentos bien hilvanados. Según él, si no se juzgó el genocidio de China contra los uyghures, el de Assad contra su pueblo sirio, o la hambruna provocada por el gobierno de Corea del Norte contra su propio pueblo, elegir a Israel como imputado no se sostendría.

 

Pero el argumento carece de eficacia jurídica: cada caso debe ser juzgado en base a sus propios méritos, sin intentar "compensar" las supuestas impunidades del pasado. Esto resulta particularmente cierto en el ámbito internacional, donde a las dificultades propias del sistema de juzgamiento, se suman las que derivan de la inestabilidad y mutabilidad diplomáticas.

 

Testigos.

 

Mal que le pese a Israel, en este caso sus testigos más incriminantes son los propios funcionarios de su gobierno. El primer ministro Benjamin Netanyahu inició la campaña instando a sus compatriotas a recordar el pasaje del Antiguo Testamento donde, refiriéndose a la matanza de Amalek, se lee: "que no se salve nadie, maten a todos por igual, hombres y mujeres, niños y lactantes".

 

Por su parte, el ministro de Defensa Yoav Gallant pronosticó que "Gaza no volverá a su estado anterior: nosotros eliminaremos todo". O el ministro de Energía e Infraestructura, Eli Cohen, prometiendo que los palestinos "no recibirán una gota de agua, ni una sola batería, hasta que hayan dejado este mundo". O el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, para quien la guerra representa "una oportunidad para concentrarnos en estimular la migración de los residentes de Gaza" y facilitar su ocupación por colonos israelíes. O el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, quien anticipó que "cuando en Gaza queden solo 100 o 200 mil árabes, en lugar de los dos millones actuales, toda la conversación sobre el día después se verá diferente".

 

Pero esto no es sólo una cuestión de palabras. Los hechos también son contundentes: una cantidad de muertos civiles que supera los 24 mil, y de heridos que se acerca a la marca de 60 mil, difícilmente pueda presentarse como "daños colaterales". O los ataques a hospitales. O las órdenes de Tel Aviv de que los palestinos se mudaran al sur de Gaza, para luego atacar también puntos allí, que se suponían seguros. Las tropas israelíes hasta mataron a tres compatriotas, rehenes de Hamas, que se les acercaron portando banderas blancas.

 

Responsabilidad.

 

Desde luego, si Gaza es una "prisión a cielo abierto" como ha sido definida más de una vez, no sólo es obra de Israel, sino también de Egipto, que ha cerrado totalmente sus fronteras a la emigración palestina. Buena parte del problema de este sufrido pueblo es la actitud de sus hermanos árabes: los campos de refugiados -por ejemplo, en el Líbano- llevan una vida no menos miserable que la de sus compatriotas en Palestina.

 

Tampoco puede soslayarse que la guerra en Gaza fue precedida de un ataque militar de Hamas contra población civil israelí, ocasión en la que se cometieron verdaderas atrocidades, indiscriminadamente, pero en particular, contra las mujeres.

 

No obstante, este hecho incontrastable no debe opacar la simple verdad de que la vida, la salud y la seguridad de los palestinos, depende estrictamente de la autoridad nacional que controla ese territorio: la que está asentada en Tel Aviv.

 

Aunque sea esperable, no resulta plausible que el gobierno israelí pretenda jugar el papel de víctima en esta situación. No se trata de un país débil: es una potencia económica y militar (con su propio arsenal atómico) y hasta tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, no propio, sino producto del apoyo 100% y 24/7 que le proveen los EEUU.

 

El proceso que se ha iniciado será la oportunidad de demostrar si la situación generada en Gaza encuadra o no en las previsiones de la Convención sobre el Genocidio. A no dudarlo, Israel contará con un excelente equipo de abogados. En todo caso, tendrá la oportunidad de defenderse, un derecho que a la población civil de Gaza jamás le fue concedido.