El doble rasero de Milei y LLA

El gobierno de Javier Milei quiere que el Estado se corra de toda regulación, pero se niega a homologar la paritaria del sindicato camionero y protesta ante el “aumento excesivo” de las empresas de medicina prepaga.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Apenas asumió el gobierno de La Libertad Avanza, y fruto de la devaluación del 118 por ciento que dispuso el ministro de Economía, Luis Caputo, se produjo una escalada en los precios que llevó a que ese mes el índice de inflación trepara al 25 por ciento, el doble de la de noviembre (12,8) y el triple de la medida en octubre (8,3).

 

El 20 de diciembre, el presidente Milei anunció en un mensaje por cadena nacional el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, que en su artículo 1 declaró “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Un mamotreto de 366 artículos que derogaba leyes y decretos, además de modificar centenares de normas. El capítulo referido a la reforma laboral fue suspendido por un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, y otras resoluciones judiciales suspendieron en demandas individuales los efectos de la desregulación en materia de salud (obras sociales y empresas de medicina prepaga).

 

En marzo ese DNU fue rechazado por el Senado de la Nación, y en estos momentos se encuentra en la Cámara de Diputados que, si ratifica esa decisión, deberá volverse todo marcha atrás.

 

Libre mercado.

 

Fiel a la ideología ultraliberal del gobierno nacional, que proclama al mercado como el regulador de toda la actividad económica, se atacaron normas cuya finalidad era promover una mayor equidad en diversas materias que afectan la vida diaria de la población. Así se derogaron las leyes de Alquileres, de Góndolas, de Precios Cuidados, de Compre Nacional, Promoción Comercial, Promoción Industrial, de Tierras, entre otras. Fue suprimido el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía y se derogó la normativa que obligaba a las empresas alimenticias a justificar los aumentos de precios de sus productos.

 

Como ese mercado en Argentina está muy concentrado y en manos de unas pocas empresas, la ausencia de regulaciones produjo, como era de esperar, que alimentos esenciales como el arroz y la harina aumentaran un 113 y 103 por ciento, respectivamente, entre octubre de 2023 y enero de 2024. Ello no quita la responsabilidad del gobierno del Frente de Todos, pues a noviembre la inflación acumulaba un 180 por ciento, pero las medidas tomadas por el gobierno de LLA agravaron la situación que llevó ese índice al 211 por ciento (para todo el año 2023).

 

Entre enero de 2023 y el mismo mes de este año, los productos contemplados dentro del rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas”, según la medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), alcanzaron una suba anual del 296,2 por ciento.

 

Infancias sin derechos.

 

Ese ritmo inflacionario sin freno provocó un salto en la medición de la pobreza, que ya era elevado. Según el Informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina en enero de 2024 ese índice fue del 57,4 por ciento, afectando a 27 millones de compatriotas.

 

En cuanto a las infancias, para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la pobreza infantil en Argentina pasó del 57,5 por ciento en el segundo semestre de 2023 al 70,8 para el primer trimestre de 2024.

 

En este contexto, es doblemente criminal que un diputado nacional se exprese en contra de la obligatoriedad de la educación y justifique el trabajo infantil. Se trata de Alberto “Bertie” Benegas Lynch, de linaje oligárquico, descendiente de los Patrón Costa, una familia conocida por haber obtenido su riqueza no por el “mérito” sino merced a la explotación de mano de obra semi-esclava de las comunidades originarias del norte argentino.

 

Sin homologar.

 

Esa libertad que tanto pregona el presidente y su gobierno tiene una doble vara según cual sea el sector de la economía a considerar.

 

El ejemplo del Sindicato de Camioneros así lo demuestra. El gremio que conduce como secretario adjunto Pablo Moyano logró un acuerdo paritario con la Cámara de Transporte de Cargas – Catac, que implica un aumento salarial de 25 por ciento para marzo y un 20 por ciento para abril. Como la Fedeeac (Federación Argentina de Entidades de Empresarios del Autotransporte de Cargas) impugnó ese acuerdo, el gobierno amenaza con no homologarlo en el Ministerio de Trabajo. El titular de esa cartera es Julio Cordero, quien al momento de su designación se desempeñaba como abogado del grupo Techint .

 

¿Por qué se entromete el Estado a regular un “acuerdo entre privados”?, se preguntó el sindicalista. Y amenaza con un paro que será decidido mañana en un Congreso Nacional del sector.

 

Aquella pregunta es pertinente. ¿Por qué no se pone límites a los aumentos indiscriminados de precios de los alimentos? Las empresas de ese rubro están obteniendo ganancias extraordinarias con el hambre y las necesidades de la población, luego que el DNU 70 derogara las (pocas) limitaciones que había y que amortiguaban parcialmente esos aumentos.

 

Libertad para los mercados, regulación para los sindicatos, esa parece ser la filosofía liberal y propatronal de LLA.

 

Prepagas.

 

En esta materia, el gobierno ya no se pelea con sindicalistas sino con empresarios. Luego de haber desregulado la actividad en materia de salud privada en el DNU, el ministro Caputo se quejó de que los aumentos en las cuotas que cobran estas empresas por sus servicios están muy por encima de la inflación. Y es cierto, pero su queja no hace más que revelar su propia torpeza, pues contradice su prédica de que sea “el mercado” el que debe regular toda la actividad económica.

 

Milei intentó bajarle el tono a la polémica y dijo que si bien “se les había ido la mano” (a las empresas), estaba convencido que no había “mala intención” en esos empresarios, tipo Claudio Belocopitt, de Swiss Medical y Medicus. Otra vez, el “gatito mimoso” con el poder económico, en este caso a quienes manejan la salud de millones de compatriotas, que hoy no pueden pagar ese servicio y tendrán que “caer” en la Salud Pública.