El fracaso evidente de Milei

Ante el discurso oficial de ponderar supuestos indicadores favorables -equilibrio fiscal, baja de la inflación o variables financieras de la “macroeconomía”– la realidad nos muestra la verdadera cara del modelo libertario: crecimiento de la pobreza y el desempleo, cierre de empresas y un Poder Judicial que acumula fallos a favor del poder político y económico.

IRINA SANTESTEBAN

Aunque el INDEC dará a conocer el 24 de septiembre el índice oficial de pobreza correspondiente al primer semestre de 2026, el último dato oficial del segundo semestre de 2025 ubicó la pobreza en 28,2 por ciento, unos 8,5 millones de personas. Al cierre de 2023, en tanto, era del 41,7 por ciento, unos 12,3 millones de argentinos.

La consultora ExQuanti estima que en el primer semestre de este año la pobreza volvió a crecer y hoy abarca un universo de 15,1 millones de personas. La Universidad Di Tella proyectó para el mismo período un 31,6 por ciento, mientras que el Observatorio para la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), dio un índice del 30 por ciento para el primer trimestre.

Habrá que esperar el índice oficial del INDEC, aún a sabiendas que esas cifras son cuestionadas, al utilizar una metodología basada en patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Hogares de 1996/97, validada en términos alimentarios con la ENGHo 2004/05. Estudios más recientes miden con más certeza la incidencia en los ingresos familiares de gastos tales como alquiler, servicios públicos, etc. De esta forma, sin ser mentirosos, los índices del INDEC estarían siendo manipulados para medir menos pobreza de la que existe. Y lo está haciendo Milei, tan crítico del Instituto en sus épocas de comentarista económico!.

Más despidos.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 desaparecieron 31.342 empleadores, un promedio de 33 por día. En ese mismo período se perdieron 434.126 puestos de trabajo registrados en unidades productivas: 460 empleos menos cada día.

El sector más perjudicado fue la industria manufacturera, con 105.136 trabajadores menos, junto con la construcción, que registró una caída relativa del 17 por ciento; mientras que el trabajo en casas particulares -mayoritariamente femenino - perdió 28.651 puestos registrados. El comercio, por su parte, fue el sector que más empleadores perdió: 8.758.

Así se entiende el aumento en la conflictividad laboral, relevado por CEPA en un informe de febrero de 2026: dos tercios de las protestas y medidas gremiales se localizan en la industria (con foco en textiles, alimentación, automotriz y metalurgia), seguidas por el comercio y los servicios. El sector estatal, también muy atacado por los despidos en el Estado Nacional y en las provincias, es otro foco de luchas contra las cesantías.

Para el gobierno, esta situación sigue siendo el “costo inevitable” de una transformación histórica, a la que el presidente calificó como “el ajuste más grande de la historia argentina”.

Los que ganan.

No todos pierden en la Argentina libertaria, la mayoría la está pasando muy mal, pero un sector minoritario y muy poderoso, está obteniendo enormes ganancias. La apertura económica, la entrega de recursos naturales y los mecanismos de promoción de grandes inversiones, están favoreciendo a un grupo de empresas, mientras por otro lado se se exige sacrificio a trabajadores, jubilados y pequeñas empresas.

Entre los empresarios “exitosos” se encuentran Marcos Galperin (Mercado Libre) dueño de una fortuna de 6.100 millones de dólares, que se mudó a Uruguay para no pagar impuestos en el país. ML está siendo cuestionado por los exorbitantes intereses que cobra por los préstamos a los que recurren miles de argentinos que están fuera del sistema bancario.

Paolo Rocca, dueño de Techint, posee una fortuna personal de 6.200 millones de dólares, y puso varios de sus CEOs en puestos claves en el gobierno, como Julio Cordero en la Secretaría de Trabajo (decide el miserable Salario Mínimo, Vital y Móvil) y Horacio Marín, que pasó de Tecpetrol a la presidencia de YPF.

Gregorio Pérez Companc, otro multimillonario, es dueño -entre otras - de la empresa Molinos Río de la Plata, una de las corporaciones responsable de los aumentos de precios en los alimentos, que después faltan en las mesas populares.

Jueces a la carta.

Para que el modelo se sostenga, no solo hace falta el apoyo de las corporaciones económicas, los medios de prensa hegemónicos y un Congreso cómplice. Es necesario también el control de los mecanismos institucionales capaces de investigarlo.

Por eso, durante 2026, el gobierno avanzó en la designación de magistrados. A fines de agosto, el Senado aprobó 67 nuevos pliegos, alcanzando en todo el año el récord de 129 nuevos nombramientos aprobados.

Con Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia, luego de haber pasado por los gobiernos de Mauricio Macri en CABA y la Nación, Milei logró lo que no pudieron hacer las gestiones anteriores, en particular el kirchnerismo y el Frente de Todos, por la oposición cerrada de quienes ahora impulsaron los pliegos: LLA y el PRO, con los radicales detrás.

El dato curioso es que en esta oportunidad el peronismo también votó las designaciones convalidando a jueces que ya demostraron su falta de independencia. La bancada de José Mayans votó todos los pliegos menos el de Pablo Bertuzzi, que fue igualmente aprobado. Junto con Pablo Yadarola (otro de los viajeros a Lago Escondido) fueron los dos jueces designados para integrar la Cámara Federal, estratégica a la hora de investigar y juzgar a funcionarios públicos.

Y el resultado se vio inmediatamente, con fallos favorables a funcionarios y aliados del poder. En el expediente $LIBRA, fueron apartados querellantes que impulsaban la investigación. También se confirmó el archivo de la causa por el préstamo de 57.100 millones de dólares otorgado por el FMI durante el gobierno de Macri y ratificó el cierre de una investigación que involucraba a Luis Caputo por sus vínculos con sociedades offshore.

En el caso del FMI, el fiscal Franco Picardi había señalado presuntas irregularidades graves: procedimientos administrativos posteriores al acuerdo, ausencia de intervención del Congreso, advertencias de organismos de control y el destino de los fondos, que no se correspondió con el objetivo declarado. Después de años, la Cámara concluyó que no había delito.

La causa contra Caputo, investigaba su relación con sociedades offshore y operaciones financieras realizadas mientras era funcionario. El fiscal Carlos Rívolo había solicitado tres veces su indagatoria. Finalmente, la Cámara descartó que hubiera elementos suficientes para seguir con la investigación.

La casta económica, política y judicial, está de fiesta, mientras el pueblo pasa hambre. Situaciones similares en diferentes épocas históricas provocaron rebeliones populares. Hace 25 años, un gobierno constitucional fue derrocado por la unión de “piquete y cacerola”.

Los peronistas que hoy miran para otro lado, deberían recordar las palabras del general Perón: “Cuando los pueblos agotan la paciencia, hacen tronar el escarmiento”.