Viernes 05 de agosto 2022

Impulsan "que se vayan todos"

Redacción 12/01/2022 - 00.33.hs

El 1 de febrero está convocada una movilización para exigir la renuncia de los cuatro integrantes del máximo tribunal. Otros sectores impulsan el juicio político, que requiere mayoría especial en el Senado.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia son cuatro: Horacio Rosatti (presidente), Daniel Rosenkrantz (vice), Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Los dos primeros fueron designados por decreto del ex presidente Mauricio Macri, violando la Constitución Nacional, aunque luego esos nombramientos irregulares fueron convalidados por el Senado, con el voto de parte de la bancada del PJ, comandada por Miguel Pichetto.

 

De siete a cinco.

 

Hasta 2014, la CSJN estaba integrada por siete miembros: Lorenzetti, Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Elena Highton. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner promovió la sanción de la ley 26.183, que fijó el número de sus integrantes en cinco, con la idea de llegar a ese número cuando se fueran jubilando.

 

Argibay y Petracchi fallecieron en 2104, dejando al Tribunal con los cinco miembros que estableció esa norma. Ante la renuncia de Zaffaroni, en enero de 2015, al cumplir los 75 años, tal como marca la ley, la Corte quedó con 4. Cristina Fernández no pudo cubrir esa vacante porque la oposición en el Senado (encabezada por Gerardo Morales) obstaculizó ese nombramiento con un compromiso firmado por 28 senadores y senadoras (entre ellas la luego vicepresidenta Gabriela Michetti). El argumento era que ese cargo debía cubrirlo el nuevo gobierno que asumiría el 10 de diciembre de 2015. Estaban muy seguros del triunfo de Mauricio Macri, cosa que ocurrió. La Corte funcionó ese año con 4 miembros hasta la "oportuna" renuncia de Fayt al día siguiente de la asunción de Macri, habilitándolo para cubrir las dos vacantes.

 

Designación irregular.

 

El resto es historia conocida. Ni lerdo ni perezoso, Macri nombró por decreto a Rosenkrantz y Rosatti, violando la Constitución Nacional que establece la obligatoriedad del acuerdo del Senado, con dos tercios de sus integrantes, es decir 48 miembros. Cambiemos no tenía ese número, y por eso, anticipando lo que sería una práctica habitual de su gobierno, violó la Carta Magna. Luego de la aprobación gracias a Pichetto y Cía, los dos nuevos integrantes, sin ponerse colorados, aceptaron ser designados a pesar de esa irregularidad de origen.

 

El mismo día de la renuncia de Fayt, Morales, ya asumido como gobernador de Jujuy, hizo aprobar una ley para aumentar el número de integrantes del Tribunal Superior de esa provincia, de 5 a 9, y designó en las 4 vacantes a personas allegadas a su gobierno, entre ellas a dos legisladores que votaron la reforma, y pasaron raudamente a formar parte del Poder Judicial. ¿Independencia? Bien, gracias. Ese nuevo Tribunal de Justicia jujeño ha convalidado, entre otras cosas, la arbitraria detención desde hace casi seis años, de Milagro Sala.

 

Golpe blando.

 

Uno de quienes impulsan la movilización convocada para el 1F es el juez del Tribunal Oral Federal N° 29 de CABA, Juan María Ramos Padilla, por considerar que el Poder Judicial ha dado un "golpe de Estado blando" a los otros poderes del Estado, entre otros motivos, por defender intereses del grupo Clarín o poner en vigencia mediante un fallo, una ley -la del Consejo de la Magistratura- que fue derogada hace 15 años. Demoraron seis años para resolver sobre la inconstitucionalidad de esa norma (ver mi columna de La Arena, 29/12/2021).

 

Para Ramos Padilla, se vive un "deterioro gravísimo" del estado de Derecho, en una especie de "gobierno de los jueces", cuando la Constitución establece claramente que quienes gobiernan son los Poderes Ejecutivo y Legislativo, cuyos integrantes son elegidos cada cuatro años. En cambio, los jueces son inamovibles, hasta que dure su "buena conducta".

 

Oposición.

 

Luego de lograr más legisladores en ambas cámaras, la oposición de Juntos por el Cambio, con la ayudita de agrupaciones como el Peronismo Federal, no dará acuerdo para la designación de un nuevo miembro de la Corte, que sea propuesto por el gobierno. Menos aún si, como piden varios sectores entre ellos el ex juez Zaffaroni, se pretende aumentar el número de integrantes de la CSJN a nueve miembros o más.

 

Es que la actual composición del máximo Tribunal le asegura jueces amigos para la resolución de causas como las del espionaje macrista/vidalista. Ni qué hablar de los casos de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, designados irregularmente y mantenidos en sus cargos por un veloz fallo de la Corte.

 

Inacción.

 

La actual situación en el Poder Judicial es también responsabilidad de la falta de voluntad política del gobierno de Alberto Fernández, para terminar con los "sótanos de la democracia" como prometió en marzo de 2020. Su idea de que será la propia Justicia la que debe "depurarse" tiene hoy sus nefastas consecuencias. Para Ramos Padilla eso es "absolutamente imposible", y aunque se manifestó defensor del "gobierno nacional y popular", calificó al presidente como un "comentarista" en materia de Justicia, en lugar de tomar medidas.

 

En un reportaje en la AM750 de la periodista Nora Veiras, Fernández criticó tibiamente a los integrantes de la Corte por no resolver la causa que tienen hace más de dos años, referida a la detención de Milagro Sala.

 

Pero no anunció ningún proyecto de ley destinado a cambiar la situación judicial, ni para aumentar el número de miembros de la CSJN ni mucho menos para pedir el juicio político, tal como impulsa la movilización del 1F.

 

Consulta y reforma.

 

Esa convocatoria abarca diversas propuestas. Entre ellas, la de exigir una consulta popular para lograr una Reforma Judicial de la Constitución, con el fin de reducir el número de votos necesarios en el Senado para la designación y/o destitución de los jueces.

 

¿Se animará el presidente a convocarla, luego de la derrota en las elecciones legislativas?

 

Si la movilización del 1F es numerosa, podría ser el comienzo de una ofensiva popular para lograr lo que sí sucedió en 2002, cuando luego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, la movilización en el Palacio de Tribunales consiguió la renuncia de varios de sus miembros y la designación de nuevos integrantes.

 

Aunque su resultado es incierto, es necesario el mecanismo de la consulta popular, previsto tanto en la Carta Magna como en la ley 25.432. Y no sólo para que el pueblo se exprese en relación al Poder Judicial, sino para otros temas igual de importantes, como el pago o no de la deuda externa.

 

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