La carta de la víctima

Trump usó la figura del disidente fallecido Alexei Navalny sólo para hablar de sí mismo, y para decir que las causas judiciales que hoy lo atormentan son comparables a lo ocurrido en Rusia.

 

JOSÉ ALBARRACÍN

 

Luego de guardar varios días de silencio, el ex presidente Donald Trump se refirió, la semana pasada, a la suerte del político opositor ruso, Alexei Navalny, fallecido en una prisión de Siberia. Pero no mentó la figura de Navalny, ni tampoco mencionó a su admirado Vladimir Putin, a quien todo el establishment norteamericano responsabiliza de esa muerte. Muy por el contrario, Trump usó la figura del disidente fallecido sólo para hablar de sí mismo, y para decir que las causas judiciales que hoy lo atormentan son comparables a lo ocurrido en Rusia, esto es, una forma de persecusión política. Una vez más, el único tema de conversación de Trump parece ser, invariablemente, el propio Trump.

 

Causas.

 

Pero más allá de estas marcas personales, lo que no debería perderse de vista es la enorme cantidad de procesos seguidos en contra del líder republicano, que marcha hacia una casi segura nominación para un segundo período como presidente. Se trata de una situación totalmente inédita, al punto tal que hay al menos dos estados que han decidido prohibir que se presente como candidato en esos distritos.

 

Y el problema es que los casos en su contra son sólidos, y ya han comenzado a arrojar sentencias desfavorables para él.

 

La primera tuvo lugar el año pasado, cuando la escritora E. Jean Carroll pudo demandar a Trump en sede civil por un ataque sexual sufrido en 1996, aprovechando una ley del estado de Nueva York que permite estas acciones aún después de vencido el plazo de prescripción. Un jurado decidió que el abuso había existido -entre los testigos declararon dos mujeres que también afirmaron ser víctimas de ataques sexuales de Trump- y le concedió una indemnización de más de 88 millones de dólares.

 

Ese caso continúa aún hoy, ya que el ex presidente ha continuado en su campaña difamatoria contra Carroll, a la que acusó públicamente de ser una "farsante" y una "simuladora", lo cual -conforme audiencias que continuaron en enero- podría incrementar el monto de la indemnización.

 

Fraude.

 

El segundo mazazo judicial, más duro aún, vino cuando en enero pasado concluyó un juicio iniciado por el fiscal de distrito de Nueva York, acusando a la Organización Trump de maniobras fraudulentas continuas para aparentar un patrimonio mayor al que realmente tenía, y así engañar a potenciales clientes o inversionistas.

 

Cabe acotar que durante décadas el centro de operaciones económicas de la familia Trump había sido, precisamente, la ciudad de Nueva York, antes de que, unos años antes de su candidatura a presidente se mudara a Florida, un lugar más acorde a su ideología conservadora y a su edad jubilatoria (en junio cumplirá 78 años).

 

El veredicto fue fulminante. El conglomerado fue condenado a pagar una multa de 355 millones de dólares (con intereses que suman otros 100), y además, tanto Trump como sus hijos tendrán prohibido el ejercicio del comercio en ese estado durante tres años. Esta condena no sólo hace peligrar seriamente su disponibilidad de dinero en efectivo: también representa una fuerte mella en su prestigio personal y político, ya que no sólo su honestidad, sino también su éxito como empresario, han sido puestos en tela de juicio.

 

Suerte.

 

Trump ha tenido más suerte en otras causas donde se lo vincula al intento de subvertir la elección de 2020 que llevó a Joe Biden a la presidencia. Un juicio penal muy comprometedor por sus intentos de influir en funcionarios electorales en el estado de Georgia se encuentra empantanado: la fiscal de distrito local no tuvo mejor idea que poner a un amante suyo a cargo del caso, y aunque esto no representa un conflicto de intereses, ha teñido la investigación de manera severa.

 

Tampoco parece avanzar la acusación en su contra por el motín contra el Capitolio en enero de 2021: si bien muchos de los participantes en aquel tumulto han sido condenados, incluso a penas de más de veinte años de prisión, el principal instigador de la revuelta -entonces presidente- todavía no ha sido acusado.

 

Sin embargo, el próximo 15 de marzo comenzará a seleccionarse el jurado para un proceso penal que aparecía como secundario, en el que, sin embargo, por la seriedad de los 34 cargos presentados por el fiscal de Distrito, la sentencia podría implicar una pena de prisión de cumplimiento efectivo.

 

El caso aparece como inicialmente pintoresco: se origina en los pagos efectuados a una actriz porno para ocultar su relación con Trump durante la campaña de 2016. Sin embargo, por la gran cantidad de episodios detectados, y el hecho de que dos copartícipes en ellos -su ex abogado Michael Cohen y su asesor financiero Allen Weisselberg ya han sido condenados- las perspectivas son lúgubres. De algún modo, este caso se conecta con el anterior, ya que, para el fiscal, implica "conspirar para corromper una elección presidencial, y luego mentir en sus archivos de negocios de Nueva York para encubrirlo".

 

El recurso electoral de Trump es presentarse como víctima de una conspiración, a la espera de que una victoria electoral le permita procurarse impunidad. Pero EEUU no es Argentina: allá no se estilan los festivales de sobreseimientos cuando deben asumir funcionarios corruptos, sobre todo, porque allá las condenas provienen del veredicto de los propios conciudadanos.