La doble vara de Stornelli

El mismo fiscal que habilitó el uso de escuchas ilegales para avanzar en causas contra dirigentes kirchneristas dio un giro de 180 grados ahora para sepultar una investigación que salpica a Carlos Rosatti quien aparece coordinando maniobras político-judiciales con Marcelo D'Alessandro.

 

FRANCO MIZRAHI

 

Los aliados del macrismo en Comodoro Py cerraron la denuncia contra Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano Horacio Rosatti, por la filtración de presuntos chats que lo muestran coordinando maniobras político-judiciales con el funcionario porteño Marcelo D'Alessandro. Para poder archivar el caso fueron clave dos actores: el fiscal procesado por espionaje ilegal Carlos Stornelli y el abogado Gastón Marano, quien defiende al "copito" Gabriel Carrizo en el caso del atentado contra Cristina Kirchner. La trama, que insinúa una coordinación entre los distintos protagonistas, incluye corrimientos de jueces y fiscales y muestra cómo aún en plena feria judicial los tribunales federales de Retiro activan sus engranajes para blindar a Juntos por el Cambio y sus socios.

 

Este último martes, el juez Sebastián Ramos, quien está subrogando el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti, decidió archivar la denuncia que se había presentado contra Robles en Comodoro Py el pasado 3 de enero, luego de que trascendieran los supuestos chats entre Robles y D'Alessandro. ¿La razón? "Imposibilidad de proceder". Se basó en el dictamen del fiscal Stornelli, quien no le dio impulso penal a la denuncia, es decir, no impulsó la acusación.

 

Un abogado oportuno.

 

Se trata del caso que se abrió por una presentación de tres páginas que hizo el abogado Gastón Marano, defensor del copito Carrizo, procesado y detenido en la causa del intento de homicidio de CFK. La presentación de Marano había sorprendido a propios y extraños. El letrado, que fue asesor de un senador nacional de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia, cargo del que fue desvinculado tras asumir la defensa de Carrizo, había denunciado a Robles por "la posible comisión de un delito de acción pública" y solicitado se le secuestre el celular.

 

¿Por qué este letrado se involucró en la filtración de presuntos chats del ministro de Seguridad y Justicia porteño y denunció únicamente a Robles en Comodoro Py? La jugada del abogado y exasesor de un senador PRO pareció tener un único fin: que el caso contra la mano derecha de Rosatti tramite en los tribunales de Retiro, donde el macrismo juega de local, justo cuando avanzaba una causa por los mismos hechos en la justicia federal de Santiago del Estero. El fin buscado tuvo éxito. Y por duplicado. Porque, por un lado, la justicia de Santiago del Estero se declaró incompetente y envió la investigación a la Ciudad de Buenos Aires y, por otro, ahora se conoce este archivo de la denuncia presentada.

 

Fiscal todo terreno.

 

La forma en que se cerró el caso es insólita: Stornelli, que fue procesado por espionaje ilegal en el D'Alessiogate, esgrimió que no debía abrirse una pesquisa contra Robles porque la base de la denuncia, dice, son chats privados que se habrían filtrado producto una maniobra de espionaje. ¿En qué se basó Stornelli para sostener eso? En la denuncia de D'Alessandro contra el diputado Rodolfo Tailhade justamente por espionaje ilegal, donde el fiscal procesado intervino como subrogante y sí impulsó la acción penal. Esa causa está en pleno trámite.

 

Curioso el cambio de criterio del fiscal: Stornelli fue impulsor de la utilización judicial de escuchas ilegales en el caso Operación Puf. Claro, en aquel entonces las necesitaba para operar en contra de la información que lo hundía en el D'Alessiogate.

 

Tal como publicó El Destape el 15 de noviembre de 2020, una serie de documentos revelan cómo se armó una maniobra mediático-judicial para "blanquear" las escuchas ilegales que alimentaron la causa "Operación Puf", expediente que se ideó desde la AFI macrista en 2019 para derribar el caso D'Alessio. A contramano de los dictaminado en el caso Robles, Stornelli, principal impulsor de la Operación Puf junto a Elisa Carrió, buscó la "legitimación judicial" de las escuchas ilegales que se tomaron en la cárcel de Ezeiza luego de que se difundieran en los programas televisivos de Luis Majul y Jorge Lanata.

 

En un escrito que presentó ante el difunto juez Claudio Bonadío dijo que "la aparición de las escuchas legales (sic) demuestran la operación que se pretendió llevar a cabo". En la causa de los "Super Mario Bros" que tramitó en Lomas de Zamora y actualmente se encuentra en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi en Comodoro Py se comprobó que las escuchas que se utilizaron en Puf fueron ilegales, las tenía la AFI y luego llegaron sus transcripciones a manos de Stornelli y Carrió.

 

¿Maniobra coordinada?

 

El dictamen de Stornelli que fue clave para el cierre de la denuncia contra Robles se articula casi a la perfección con la denuncia de Marano, que a la luz de lo escrito por el fiscal parece confeccionada para cerrar la causa. También hace juego con la denuncia de D'Alessandro contra Tailhade. Pareciera una maniobra coordinada, con juego en varias bandas.

 

Stornelli afirmó en su dictamen que no podía avanzar en la denuncia de Marano contra Robles porque se basaba en un supuesto espionaje ilegal -citó la denuncia del ministro porteño contra Tailhade-. Remarcó que la presentación solo se basaba en los supuestos chats filtrados, que serían el producto de ese presunto espionaje. Por lo que no podía impulsar la acusación.

 

Tal como dio cuenta Ramos en su resolución, Stornelli aseguró que "del análisis de las denuncias que motivaron la formación de esta causa, no se observaba la existencia de ningún 'medio o elemento autónomo y autosuficiente', distinto de aquellas supuestas comunicaciones que, conforme el objeto procesal de la causa CFP 4/2023, podrían haber sido obtenidas ilegalmente, producto de presuntas maniobras de inteligencia ilegal". En esa línea, sostuvo el fiscal procesado que de "ingresar al estudio de lo denunciado, o asumir cualquier temperamento que implicara la prosecución de la acción, iría en detrimento de la denominada doctrina del 'fruto del árbol venenoso'".

 

Astuta jugada.

 

El fiscal, en lo que pareció una provocación, citó el voto de minoría de la camarista de Casación Ana Figueroa en el caso Memorándum con Irán en el que cuestiona que con una escucha ilegal se pretenda reabrir esa causa (donde estaba denunciada CFK). La escucha era el registro de una conversación telefónica entre el excanciller Héctor Timerman y el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, grabación que ninguno de los interlocutores reconoció como propia. No obstante el voto de Figueroa, el caso Memorándum se terminó reabriendo.

 

Como era de esperar, el defensor de Robles, el abogado Matías Ledesma, se hizo eco de lo planteado por Stornelli.

 

El juez Ramos, por su parte, hizo lugar al dictamen fiscal y decidió "archivar la presente denuncia". "No se encuentra habilitada por parte de quien detenta la potestad de acusar, la acción penal, y su dictamen es razonable y válido como tal", agregó el magistrado subrogante.

 

Ramos se expresó sobre "la ilegalidad" de la prueba que presentó Marano en su denuncia. El magistrado sostuvo que "no pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".

 

Por cómo fue elaborada la denuncia de Marano, el juez señaló que "el único motor de arranque de esta investigación penal, sería, en rigor, una conducta presuntamente ilícita, lo que iría directamente en detrimento de las más básicas garantías constitucionales de nuestro país".

 

Movimientos extraños.

 

Como si todo esto no fuera escandaloso, también hubo movimientos muy extraños para sacar la denuncia de Marano del juzgado de Ariel Lijo donde había quedado radicada el 3 de enero. Lijo es cercano a Ricardo Lorenzetti, adversario de Rosatti, por lo que era un juzgado incómodo para Robles.

 

El mismo 3 de enero se presentó en Comodoro Py una denuncia gemela a la del abogado copito. La hizo Nicolás Nahuel Giansanti. Las denuncias están escritas casi exactamente igual. Todo indica que con esta maniobra se buscó poder elegir juzgado, algo que es ilegal. Pero este escrito de Giansanti fue sorteado y recayó también en lo de Lijo.

 

El punto es que Lijo nunca llegó a intervenir. Estaba de licencia por la feria al momento del sorteo. Su juzgado estaba siendo subrogado por la jueza María Servini. Y como Servini aparecía mencionada en los supuestos chats con D'Alssandro se excusó de tomar el caso. El 6 de enero, en una decisión llamativa, la causa se envió nuevamente a sorteo bajo el rótulo de "Cambio de asignación". Salió sorteado el juzgado 5 de María Eugenia Capuchetti, que en teoría debía intervenir solo como subrogante. Como también Capuchetti está de licencia por feria, entró en funciones en la causa el juez Sebastián Ramos, quien subroga el mentado juzgado.

 

Stornelli también entró a la causa por la excusación de un colega que había chateado con el ministro de Seguridad y Justicia de Horacio Rodríguez Larreta. El fiscal del caso con Lijo era Carlos Rívolo. Pero como Rívolo también intercambió presuntos chats con D'Alessandro, se excusó. Entonces el caso recayó en manos de Stornelli.

 

Así, producto de este juego de sorteos y excusaciones, la denuncia de Marano quedó radicada en manos de Ramos con intervención de Stornelli. El resultado de ese cóctel judicial se conoció este martes: la denuncia contra Robles, que incomodaba a Rosatti y al macrismo, terminó archivada. (El Destape).