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Los diputados tienen la palabra

Redacción 16/11/2026 - 00.14.hs

Los legisladores deben escuchar este grito de auxilio, destrabar de inmediato el tratamiento en el recinto y sancionar la reforma del Código Penal.

 

En la Argentina, matar al volante sigue siendo, en la práctica judicial cotidiana, un trámite administrativo con destino de libertad inmediata. Mientras miles de familias lloran sobre el asfalto o peregrinan por los pasillos de los hospitales públicos buscando una prótesis, un medicamento o un parte médico alentador, el proyecto de reforma del Código Penal para agravar los delitos viales duerme en los despachos de la Cámara de Diputados de la Nación.

 

La iniciativa ya cuenta con media sanción aprobada por unanimidad en el Senado desde septiembre de 2025, impulsada por organizaciones como Fundación Estrellas Amarillas y familiares de victimas de siniestros viales. Sin embargo, la parálisis legislativa amenaza con hacerle perder estado parlamentario y devolver a las víctimas al casillero de la impunidad.Resulta imperioso llamar a las cosas por su nombre. Un siniestro vial provocado por quien decide beber alcohol, consumir estupefacientes, cruzar un semáforo en rojo o duplicar la velocidad permitida no es un accidente ni una fatalidad del destino. Es el resultado directo de una decisión consciente. Quien empuña un vehículo en esas condiciones convierte una herramienta de transporte en un arma letal y asume el desprecio absoluto por la vida propia y ajena. Seguir encuadrando estas conductas bajo figuras benignas o excarcelables equivale a otorgar un permiso tácito para matar sin consecuencias reales. La reforma que espera tratamiento busca precisamente terminar con ese escándalo jurídico: elevar las escalas penales, impedir que los agravantes queden diluidos en arreglos procesales y evitar que el responsable recupere la libertad a las pocas horas para volver a conducir como si nada hubiera ocurrido. La incoherencia institucional del Estado argentino frente a este flagelo quedó expuesta días atrás en Madrid. Durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada los días 4 y 5 de noviembre de 2026, la delegación argentina suscribió el compromiso para construir un Espacio Iberoamericano de Seguridad Vial y armonizar normativas frente a los factores de riesgo más graves. De nada sirve estampar la firma presidencial en declaraciones internacionales en Europa si, de regreso en el país, el Congreso le da la espalda a la ley que permitiría empezar a saldar esa deuda hacia adentro. La política exterior no puede funcionar como una vidriera de buenas intenciones mientras las rutas y calles del país siguen sembradas de cruces y estrellas amarillas.

 

“Homicidio vial”.El mundo desarrollado ya comprendió hacia dónde debe avanzar el derecho penal. En julio de 2025, Francia sancionó una reforma histórica que eliminó el eufemismo del "homicidio involuntario" para tipificar con todas las letras el delito de "homicidio vial" cuando median agravantes como el alcohol, las drogas, el exceso de velocidad o la fuga. La sociedad francesa entendió que las palabras importan y que la ley debe reflejar la gravedad real del daño causado. La Argentina no puede quedarse atrás ni seguir mirando hacia otro lado mientras se pierden miles de vidas evitables cada año. Estar a la altura de las circunstancias exige coraje político para abandonar la tibieza normativa. Los diputados nacionales tienen hoy una responsabilidad histórica e indelegable. Detrás del expediente que aguarda en comisión no hay estadísticas frías ni tecnicismos académicos: hay madres, padres, hijos y hermanos con el alma mutilada. Son ciudadanos que ya atravesaron el infierno, que saben que ninguna condena les devolverá a quien aman, pero que transformaron su tragedia en una lucha colectiva para que ninguna otra familia tenga que salir con un pincel y pintura amarilla a marcar el pavimento. Nadie está a salvo ni exento de convertirse en la próxima víctima de la imprudencia criminal al volante. La seguridad vial es una causa transversal que atraviesa a toda la sociedad sin distinción de banderías. Pacificar tanto dolor acumulado solo será posible mediante una justicia verdadera, proporcional y efectiva. Los legisladores deben escuchar este grito de auxilio, destrabar de inmediato el tratamiento en el recinto y sancionar la reforma del Código Penal. Porque cuando la ley mira hacia otro lado, el Estado se vuelve cómplice de la próxima muerte anunciada.

 

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